Un mes después de la segunda vuelta, tras decenas de manifestaciones, marchas, protestas y acciones legales, hemos demostrado con pruebas indiciarias que ha habido fraude electoral. Pero no hay voluntad de justicia.
Las irregularidades saltan por todos lados: De acuerdo a ley el JNE siempre debió estar conformado por cinco jueces y no cuatro, como es ahora.
- Su presidente, Jorge Salas Arenas, irregularmente tiene triple voto, incluyendo el de su incondicional Jovián Sanjinez Salazar, representante de las universidades públicas.
- El proceso de reemplazo del doctor Rodríguez Monteza, a cambio del renunciante Luis Arce Córdova, representante del Ministerio Público, ha sido ilegítimo.
- El juez Rodríguez Vélez, representante de las universidades privadas, se ha auto descalificado para el cargo por el escándalo de la “cuchipanda” con los observadores de la OEA.
Bajo todas estas situaciones irregulares el JNE no cumple con el mandato del artículo 2 de la Ley Electoral porque no garantiza la voluntad del voto popular; no delibera con transparencia; rechaza sistemáticamente las impugnaciones de actas con firmas falsas; se niega a investigar la votación de fallecidos y de menores de edad.
Además la ONPE se resiste a entregar sus padrones para verificar el número real de los votantes; y existe una grave diferencia entre el número registrado de ciudadanos por la ONPE y el padrón del Minsa.
Dina Boluarte no puede ser candidata a la vicepresidencia de Castillo, está inhabilitada debido a que no renunció al Reniec como debía, seis meses antes de las elecciones. Encima está investigada por receptar dinero ilícito para financiar la campaña de Perú Libre (caso “Dinámicos del Centro”). Cerrón tampoco puede ser vicepresidente por limitación judicial, con lo cual la fórmula presidencial debería caerse.
Por otra parte el encargado de la presidencia, Francisco Sagasti, se niega a solicitar una auditoría internacional para constatar la real votación de la segunda vuelta; y el poder judicial obstruye garantías constitucionales como el hábeas data para acceder a los padrones de Reniec.
Frente a eso los demócratas no defendemos singularmente la candidatura de Fujimori, exigimos que se respete el voto, que se haga la auditoría y, eventualmente, que se convoque a nuevas elecciones.
El esfuerzo es unitario. Al margen de nuestras diferencias secundarias estamos convencidos de que un gobierno declarado en este contexto podría resultar solo formalmente legal, pero inaceptable por ilegítimo. Además sería inestable y fuente de peligrosos conflictos sociales entre los peruanos. ¡Nuestra patria no lo merece!
