En defensa del Estado democrático y la viabilidad soberana de la República, el Congreso está obligado a avanzar directamente sobre la vacancia de Pedro Castillo.
En dos meses de (des)gobierno, el profesor está avanzando caóticamente en la destrucción del sistema económico, político y social de nuestra patria por varias vías, desde la preservación de un Gabinete ministerial en el cual hay varios ministros filosenderistas, hasta la persistencia en la convocatoria a una ilegal e ilegítima asamblea constituyente.
A propósito de su gira por el extranjero y el respaldo absurdo a Íber Maraví, la ciudadanía ha comprobado el doble discurso de quien actúa como si fuese hombre prudente, cuando en realidad es un frío calculador que no pierde oportunidad para soliviantar a las masas.
Económicamente el desastre es mayúsculo, la inestabilidad ha deteriorado la confianza de los agentes productivos y eso está determinando un ritmo inflacionario y devaluatorio que el país no sufría desde la década de 1980.
La irresponsable amenaza de “expropiación” del gas de Camisea no ha sido un simple “exabrupto” del inefable PCM Guido Bellido, sino un mensaje simbólico de advertencia revolucionaria; por tanto las afirmaciones de Castillo sobre el restablecimiento de la mesura gubernamental es un juego psicosocial que nadie cree.
Para los comunistas metidos ilegítimamente en el gobierno todo está concertado. No existen dos o más líneas de pensamiento y acción; tampoco hay un presunto enfrentamiento entre Castillo y Cerrón (quien probablemente ya esté fugado por sus problemas judiciales).
Más allá de las formas individuales, la unidad en los objetivos centrales se mantiene. Por eso, e indebidamente con recursos del Estado, se está avanzando en el proyecto de la nueva Constitución, se está legalizando a sindicatos de extracción senderista, se está imponiendo una política exterior teñida de ideología (caso de los sharauis), se acaba de anunciar un segunda reforma agraria a manera de celebración del desastre perpetrado por Velasco Alvarado hace 53 años y se está consolidando un partido político magisterial que debería ser declarado ilegal porque implica que los maestros se convertrirán en adoctrinadores marxistas de niños y jóvenes.
El detonante para el choque final será la cuestión de confianza. Frente a esa provocación, el Parlamento no debe quedarse en la censura sino avanzar en la vacancia por la incapacidad moral para gobernar de Castillo. De no hacerlo el Congreso puede terminar cerrado y la democracia peruana terminaría por desaparecer.
