Esa regla es básica, elemental, obvia e ineludible. Una cosa es que una persona lleve una donación o un regalo a un orfelinato, a un asilo, a un hospital, a una iglesia, y otra es que un político y ya no digamos un gobierno “regale” o “done” algo a alguien.
El gobierno, sea de Estados Unidos, de Europa, de China, de Guatemala o de donde sea, regala o dona cosas a cambio de algo. Regala, con dinero que no es suyo, que es de todos, porque recordemos que el Estado se alimenta de lo que le quita al ciudadano, existe para servir al ciudadano, y por ende, lo que el Estado tiene, es del ciudadano.
Asimismo, según nuestras leyes, únicamente el Ejecutivo puede firmar convenios o tratados con entes internacionales, sean de cooperación, capacitación o de cualquier índole. Los gobiernos actuales y anteriores parecieran no conocer las leyes al haber permitido que el Ministerio Público, el Tribunal Supremo Electoral, La Corte Suprema o la Corte de Constitucionalidad y otros entes firmaran “convenios” con países, Fundaciones o entes extranjeros. La razón es que luego de recibir la donación, quedan supeditados a las condiciones de la misma dando injerencia a esos extranjeros en áreas de la cosa pública que son netamente nacionales y que deben ser absolutamente apolíticas. El director de un ente que recibe dinero del exterior incurre en prevaricato.
Las capacitaciones hemos visto de sobra son procesos de adoctrinamiento que sólo sirven para inculcar las ideas, procedimientos, y metas del extranjero al guatemalteco que las recibe. Por eso es que el Ministerio Público está cundido de gente corrupta de izquierda que cree en retorcer las leyes a conveniencia para fines políticos y así castigar a objetivos políticos. Claro está, hay excepciones, existen fiscales y operadores del MP que son gente decente, que ama la ley y cree firmemente en el imperio de la misma. Gracias a esos pocos es que la Doctora María Consuelo Porras ha logrado algo y avanzado en casos altamente politizados como Odebrecht. Politizado por Sadoval y demás para victimizarse en la búsqueda de apoyos extranjeros y nacionales, ya que quienes los ayudan obviamente o no conocen la ley, o tienen intereses específicos en avanzar la agenda política ideológica de esos personajes.
Lo mismo sucede con los premios especialmente en dinero que reciben jueces, fiscales etc de cualquier ente nacional o extranjero. Ojo, el premio no es lo mismo que un reconocimiento. El premio implica la recepción de algo material que posee un valor (sea una joya, una casa, que es lo mismo que dinero). El funcionario que lo recibe incurre en un acto de corrupción tipificado como prevaricato.
De igual forma los diputados del Organismo Legislativo no deben recibir regalos de ninguna índole. En los Estados Unidos, subieron el techo de regalos a US$100 en el Senado y a US$260 en la Cámara de Representantes. Cualquier cosa arriba de esos montos es ilegal. En Guatemala debería ser algo así en Quetzales. O sea, si van a recibir un regalo que sea comestible y no precisamente una res. Aunque sostengo que no deberían recibir nada. Ahora vemos a gente como Orlando Blanco en casa de millones de Quetzales, y no digamos Presidentes o Ministros, que deben luego servir y responder al que les regaló X o Y bien.
Y finalmente voy al sector productivo. Agexport y Cámara del Agro reciben o recibieron dinero de la USAID, que sólo un ignorante o un ingenuo cree no implica condiciones de avanzar la agenda progresista y globalista que ese ente ha declarado prioridad. Es por eso que Agexport y Camagro parecieran tenerle miedo a todos los que hablamos de soberanía, libertad, igualdad ante la Ley, propiedad privada, gobierno pequeño, pena de muerte y derecho a la vida. Ambos entes sacan documentos y declaraciones contra la corrupción pero irónicamente, reciben dinero del mismo ente que financía la invasión de tierras, el irrespeto a la ley, el prevaricato y la corrupción.
Y ni hablemos de la “suciedad” civil que domina la izquierda. Son los principales ladrones, criminales y corruptos que dicen querer acabar con la corrupción (siempre que no sea la de ellos) y que promueven y financian la polarización, el odio y el resentimiento que nutre sus movimientos “sociales” que son todos políticos. Mayor hipocresía es difícil de encontrar. Viven como reyes pero atacan todo lo que puede generar progreso en las clases más necesitadas precisamente porque si esta se elimina, la razón misma de su existencia como “líderes de derechos humanos” deja de existir.
La doble moral impera en Guatemala, y somos los ciudadanos los que debemos quitarnos la venda de los ojos, informarnos y dejar de caer de tontos en discursos divisionistas y obtusos que sólo generan mayor descontento social. Entes y personas del Gobierno, sector productivo organizado y suciedad civil incurren en los mismos problemas. Afortunadamente, no es la gran mayoría ni del gobierno ni del sector productivo.
De los casi 5 millones 889 mil empleados públicos (ven porqué les digo que el aparato estatal en Guatemala es obsceno), un puñado son corruptos, no todos. Lo mismo pasa con el sector productivo. De la suciedad civil si no escapa ni uno sólo.
