Hemos entrado en la segunda etapa del gobierno comunista de Pedro Castillo: las históricas jornadas de lucha del pueblo huancaíno son, paradójicamente, el nuevo punto de partida para una radicalización del régimen y el avance a su proyecto de una asamblea constituyente.
El paro general que abarca a diversas regiones del país, pero que tiene su epicentro en la tierra wanka, está plenamente justificado. La indolencia gubernamental frente al incremento excesivo del precio de los combustibles y los peajes carreteros, así como la elevación a niveles estratosféricos de los fertilizantes y la carestía del costo de vida, son razones suficientes para la protesta popular.
El detonante de la violencia ha sido, además, el insulto presidencial a los dirigentes de la huelga, a quienes ha llamado “vendidos y títeres de intereses empresariales de terceros”. Quienes conocemos la tradición de lucha y resistencia wanka, como la gesta contra los terratenientes después de la Guerra del Pacífico, sabemos bien que se trata de un segmento poblacional recio e indómito.
Las “soluciones” propuestas frente a las demandas justas hasta ahora son erradas. La negociación no tiene interlocutores del nivel necesario; ministros desprestigiados y un cura comunistón no son contraparte a dirigentes sólidos y aireados. Castillo tarde o temprano tendría que jugarse él, personalmente, en una mesa de diálogo, en la cual la disminución del impuesto selectivo al consumo de la gasolina de 84 a 90 octanos no es sino un paliativo menor. Hay caja para hacer una propuesta integral de reducciones impositivas, pero que deben ir acompañadas de una política de austeridad y de recorte sustantivo de los gastos del Estado.
El problema, sin embargo, no es solo técnico. Las manifestaciones opositoras ya han sido infiltradas por el G2 cubano y específicamente por el movimiento terrorista ML 19 con un objetivo preciso: radicalizar a la masa y orientarla a dos propósitos inmediatos. Uno, buscar la manera de cerrar el Congreso; y, otro, convocar a la ilegítima asamblea constituyente.
Esta semana veremos mucho de esa estrategia que es necesario denunciar y combatir como una traición al pueblo; al igual que debemos advertir la desfachatez del incendio ocasionado en la sede de la Dirincri, sector dedicado a la investigación del lavado de activos. Un siniestro que ayuda directamente a los sobrinos del presidente y que obstruye la solución de casos emblemáticos como los de Bruno Pacheco y el tráfico de influencias desde la casa de Sarratea.
