He trabajado en tres oportunidades en el Estado. En los 80s; inicios del presente siglo y en el 2015 y en esas tres oportunidades he constatado algo que desgraciádamente se ha ido profundizando y finalmente hecho metástasis.
La meritocracia ha dejado de existir y la corrupción no es combatida pese a los discursos que terminan siendo falsos.
Quienes creían que habíamos tocado fondo con el caso Lava Jato; hoy hay serias acusaciones de corrupción con “colaboradores eficaces cantando” y casos puestos al descubierto por la prensa. No pasa nada.
¿Dónde está la Fiscalía de la Nación, la Contraloría o la Procuradoría? Todo es finta reactiva y al final todo sigue igual.
¿Existe la palabra honestidad en el diccionario de quienes deben administrar con eficiencia los recursos de todos? ¿Sabrán lo qué es eficiencia aquellos que son nombrados solo por ser chotanos y/o del entorno del “primer portero de la Nación”?
A lo largo de las décadas de los 70s, 80s y parte de los 90s escuchábamos hablar de la austeridad como una forma de combatir la escasez, en todos los aspectos. Cuando vinieron las “vacas gordas” la austeridad no fue reemplazada por la eficiencia, en un país donde siempre ha habido muchas necesidades insatisfechas.
El despilfarro es “pan de cada día” en este siglo. Cientos de millones de soles fueron a parar a los bolsillos de inescrupulosos asesores y consultores a quienes no les importaba si el destino de sus informes iban a parar a algún anaquel o cajón de un burócrata de alto nivel y no contribuían para nada en el desarrollo del país. A propósito, ¿qué habría sido de “la consultoría cevichera” que aprobó llevar a cabo la ex ministra Ortiz Perea?
El despilfarro es una de las expresiones de la ineficiencia y ella junto a la corrupción son las causas del actual estado de cosas. Para solucionar esto no se requiere cambios constitucionales sino una reingeniería del Estado, que quizá tengan una contraparte con algunas modificaciones en la Carta Magna.
Una propuesta que pudo ser parte de la solución de la ineficiencia en el Estado terminó convirtiéndose en una coartada. El Programa Servir no “sirvió” para mucho y los llamados “fondos” para compensar los sueldos estatales y poder contratar a profesionales de primera línea solo han servido, muchas veces, para pagar favores a amigotes.
Aquellos que, desde posiciones cercanas al desgobierno del comunista Castillo, pretenden decir que “trabajan para el pueblo” deberán pronto rendir cuentas; no solo desde el Gobierno Nacional sino en los Gobiernos Regionales y Municipios. El llamado proceso de descentralización es un fracaso y deberá tener que ser reformulado. La gran mayoría de gobernadores regionales elegidos el 2018 (y antes) hoy están comprometidos en serias acusaciones e incluso purgan prisión.
Ya es hora que los burócratas se graben en sus mentes las palabras eficiencia y honestidad. El Perú exige un cambio profundo.
