El Gobierno viene planteando una serie de medidas de política que agravaría aún más las condiciones de empleo en nuestro país. Entre las más resaltantes se encuentran las siguientes: i) la norma que prohíbe la tercerización laboral en actividades del núcleo del negocio; ii) la promulgación del Decreto Supremo (DS) N.° 003-2022-TR, que incrementa la remuneración mínima vital (RMV) de S/ 930 a S/ 1,025, a partir de mayo, para los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada; iii) y el Anteproyecto del Código del Trabajo (Anteproyecto), publicado para comentarios mediante la Resolución Ministerial N.° 092-2022-TR, sobre el cual desarrollaremos en el presente artículo.
El Anteproyecto, tal cual se plantea, fomenta una mayor rigidez del mercado laboral, al establecer una reducción del tiempo de contratos a plazo fijo de cinco a dos años en total, y por necesidades coyunturales de mercado, de cinco a un año. Esto significa que los años para que un trabajador de contrato a plazo fijo se transforme en uno con contrato indeterminado es menor, lo que genera mayores costos para el empleador. Asimismo, restringe la intermediación laboral solo a actividades temporales y prohíbe la tercerización en el núcleo del negocio, limita el despido por sentencia judicial y añade más pasos en los ceses colectivos, al imponer que la Autoridad Administrativa de Trabajo apruebe la suspensión perfecta de labores en cese colectivo.
Por otro lado, se plantea un mayor incremento de las obligaciones de las empresas, lo que implica, además de aumentar los costos salariales, un desincentivo a la inversión privada y un claro obstáculo para disminuir la informalidad. Se establece elevar la indemnización por despido arbitrario eliminando el tope que existe actualmente de 1.5 sueldos por año trabajado hasta un tope de 12 sueldos. Además, aumenta el costo del horario nocturno y considera que el refrigerio debe tener una compensación económica, aunque no se señala el monto.
Entre tanto, también establece la posibilidad de aprobar remuneraciones mínimas diferenciadas por regiones o áreas del territorio nacional, las actividades económicas y el tamaño o las condiciones de los empleadores o de las labores, a través del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE). Cabe mencionar que abrir la posibilidad de consenso para estos nuevos derechos de consulta de los trabajadores no toma en cuenta que el CNTPE se caracteriza por ser un espacio con falta de diálogo. Por último, incluye unos artículos con medidas enfocadas en los sindicatos que podrían generar futura incertidumbre.
En esa línea, más que medidas que favorezcan la productividad o la formalidad del trabajador, esta normativa no está considerando la estructura ni las características del mercado laboral. Por el contrario, hacer más rígidas las medidas generaría la pérdida de miles de empleos formales, porque se encarecen la entrada y la salida al mercado laboral formal. Esto es darle la espalda a los aproximadamente 13 millones de trabajadores que se encuentran en la informalidad.
¿CÓMO NOS ENCONTRAMOS?
La informalidad es uno de los principales desafíos que enfrenta nuestro mercado laboral. En 2021, según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 76.8% de la población se encuentra en informalidad, es decir, cuatro de cada cinco peruanos son informales, lo que constituye la tasa más alta en la última década.
A esto se le suma la alta heterogeneidad en el nivel de productividad de los sectores y la baja productividad del trabajador. Esta última se relaciona con un bajo capital humano y una deficiente calidad de la educación, y que es la causa, entre otras cosas, de la alta informalidad en el país. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Perú registra el octavo nivel más bajo en cuanto a productividad laboral por hora trabajada entre 24 economías de América Latina y El Caribe; por ejemplo, un trabajador peruano promedio requiere casi el triple del tiempo para producir lo mismo que su par chileno.
Por otro lado, de acuerdo con el Instituto Peruano de Economía (IPE), la mayor informalidad ha traído consigo un deterioro significativo de los ingresos laborales. En el primer trimestre de 2022, los salarios de los trabajadores del sector informal se situaron un 15% por debajo de los niveles registrados en el mismo período de 2019.
También hay que resaltar que el Perú es uno de los países con mayor rigidez para contratar y despedir, de acuerdo con el Foro Económico Mundial (FMI), por lo que se sitúa en el puesto 134 de 141 economías evaluadas en 2020.
Asimismo, en un contexto donde alrededor del 95% de las empresas en el país son micro y pequeñas empresas, caracterizadas por una baja productividad, poca eficiencia y escasa rentabilidad, sumarle rigidez laboral representará un alto costo por ser formal. En efecto, introducir rigideces y costos adicionales asociados con la formalidad disminuye la competitividad de las empresas y reduce las posibilidades de creación de empleo formales.
En ese sentido, poco o nada es lo que se viene haciendo para combatir los verdaderos problemas en materia laboral en el país. Pablo Lavado, investigador principal de la Universidad del Pacífico, en un reciente documento publicado “Propuestas de políticas a favor del trabajo decente en el marco de la Agenda 2030”, plantea una serie de medidas para mejorar el desempeño del mercado laboral, para lo cual se deben cerrar las brechas estructurales que limitan el incremento de la productividad, a partir de una reforma educativa, el desarrollo de capacidades mediante el fomento de programas de intermediación y la capacitación laboral.
Las políticas deben enfocarse en los bolsones de informalidad, que apenas se ha reducido, lo cual tiene implicancias en la productividad de las empresas y la protección de trabajadores. Esto a partir de una reforma tributaria, la creación de regímenes laborales para la promoción de sectores clave y el establecimiento de incentivos para que las empresas en sus primeros períodos eviten dejar de crecer. Además, resulta necesario mejorar los sistemas de protección social y los derechos laborales, y, algo no menos importante, mejorar la fiscalización laboral.
Es importante que las medidas de políticas públicas atiendan las necesidades de los trabajadores y las empresas, pero con este tipo de propuestas, en realidad, los condenan a la informalidad y el trabajo precarizado. Hacemos un llamado para que los hacedores de políticas tengan como principal objetivo la generación de trabajo decente y de calidad, con el ciudadano como centro, de la mano con la evidente situación en la que se encuentra el mercado.
