La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) expresó su rotundo rechazo a las lamentables declaraciones de la vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, que pretenden descalificar al sector minero formal que trabaja en el Perú al imputarle acciones contra el medio ambiente y de falta de interrelación con las comunidades vecinas a las unidades mineras.
El gremio lamenta además que las afirmaciones inexactas de la vicepresidenta se hayan dado en el marco de un evento de visibilidad internacional para nuestro país, como es el Foro Económico Mundial (Foro de Davos), el mismo que se presenta como la oportunidad para posicionar al país, y generar el diálogo, debate y análisis del contexto global económico y sociopolítico actual, y sus implicancias para el Perú.
“Nos preocupa que una vez más las autoridades del Gobierno desaprovechen una gran oportunidad para promover nuevas inversiones hacia el sector minero peruano, que juega un rol importante en el proceso de reactivación de la economía nacional y que más bien se busque deslegitimar su real aporte en el Perú”, expresó.
“La minería formal moderna, la de hoy, que representa nuestro gremio en el Perú es social y ambientalmente responsable. Está ampliamente regulada y únicamente opera luego de cumplir con estrictos parámetros ambientales como los límites máximos permisibles (LMP) y estándares de calidad ambiental que son permanentemente supervisados por diversos organismos como el OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental), la ANA (Autoridad Nacional del Agua) y el OSINERGMIN (Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería)”, dijo.
Recordó, además, que el marco legal actual establece que la minería formal solo opera si previamente se ha aprobado un estudio de impacto ambiental (EIA) y posee instrumentos para la recuperación posterior de las zonas intervenidas, llamados planes de cierre de minas.
“Esta regulación, sin embargo, no alcanza a la minería ilegal, que sí viene generando impactos irreversibles al medioambiente, sin que exista una acción firme del Estado para combatirla. Se estima que solo en el sureste de la Amazonía peruana se vienen deforestando 31.000 hectáreas de bosque y que en 21 de las 24 regiones existe minería ilegal e informal”, comentó.
El gremio señaló también que el relacionamiento de las empresas mineras con las comunidades de su entorno cuenta con regulación de estricto cumplimiento desde etapas tempranas, promoviendo, además, programas de desarrollo social para mejorar la calidad de vida de la población.
Sin embargo, se hace necesario que las autoridades inviertan de manera eficiente y oportuna los recursos generados por la minería, para dar servicios básicos a la población, y reducir así la conflictividad social. Boluarte también abordó las falencias de la consulta previa.
Nuevamente, es importante precisar que el marco regulatorio para la consulta previa existe y que es responsabilidad del Estado promoverla y ejecutarla.
Desde SNMPE coincidimos en que el diálogo y trabajo conjunto es el mejor camino para impulsar la economía y crecimiento de nuestro país; y siempre hemos actuado en línea con ese convencimiento. Sin embargo, este diálogo debe darse con la verdad como principal motivador, así como con la voluntad desde el Ejecutivo de garantizar un marco institucional sólido que haga más eficientes las tareas pendientes.
El gremio minero energético seguirá apostando por cumplir su misión que es promover el desarrollo de las actividades mineras, a través del aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, aportando a la conservación del ambiente y el desarrollo social.
Imagen referencial, PNUD Perú/Heidi Haeberle
