La inversión pública es un pilar de la competitividad y un aspecto determinante para el desarrollo económico de un país. La construcción de infraestructura social y productiva permite garantizar la oferta de bienes y servicios públicos para la población. En el Perú, el presupuesto para inversión pública pasó de S/ 25,233 millones, en 2008, a S/ 63,112 millones, en 2022. No obstante, a pesar de los avances, nuestro país aún enfrenta un gran reto para cerrar las brechas de acceso a servicios básicos de calidad y que sean ofrecidos de manera oportuna.
De acuerdo con un reciente artículo de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas PUCP, el incremento de la inversión pública en nuestro país entre 2007 y 2021 tuvo efectos diferenciados en el crecimiento económico departamental. Por ello, se concluye que la calidad en la identificación de proyectos, así como la programación y ejecución de inversiones son claves para potenciar el crecimiento económico por departamentos. En este proceso, resulta preciso evaluar cómo va la ejecución de las obras públicas en el Perú.
Un indicador aproximado del magro desempeño durante la ejecución de la inversión pública es el número de paralizaciones de los proyectos. En el debate cotidiano, se ha normalizado la idea de que un proyecto esté paralizado a pesar de las distintas externalidades negativas y sobrecostos que ello implica. Según información de la Contraloría General de la República (CGR), al cierre de junio, en el país había 2,346 obras paralizadas, las cuales suman un total de S/ 29,732 millones.
Según nivel de Gobierno, los locales tienen 1,704 obras paralizadas, con un valor total de S/ 6,983 millones; seguidos por el Gobierno nacional (368 obras; S/ 9,893 millones) y los regionales (274 obras; S/ 12,854 millones). Cabe destacar que estos últimos concentran el mayor monto en valor de inversiones respecto de los otros.
A nivel desagregado, los departamentos con mayor número de obras paralizadas son Cusco (412 obras), Puno (266) y Lima (157). Por otro lado, al comparar según montos de inversión de las obras paralizadas, La Libertad lidera la lista, con un total de S/ 4,684 millones; seguida por Arequipa (S/ 3,111 millones) y Cusco (S/ 2,782 millones).
Para tener un panorama más preciso a nivel descentralizado, revisamos cifras más actualizadas del Sistema de Información de Obras Públicas para el caso de los dos departamentos con mayor número de obras paralizadas. Al cierre de agosto del presente año, de las 485 obras paralizadas que hay en Cusco, 92 obras se ubican en la provincia de La Convención (19% del total), 71 en la provincia de Calca (15%) y 50 en Chumbivilcas (10%). Por su parte, hay 329 obras paralizadas en Puno, de las cuales 76 están localizadas en la provincia de Chucuito (23% del total), 75 en la provincia del Collao (22%) y 35 en la provincia de Puno (11%).
Entre las principales razones que explicarían las paralizaciones, según la CGR, están la falta de recursos financieros, el incumplimiento de contratos, los eventos climáticos y las discrepancias, controversias y arbitrajes. Sin embargo, la versión de falta de liquidez resulta cuestionable si consideramos los ratios de ejecución presupuestal en los distintos niveles de Gobierno. En los últimos años, en promedio, se ha dejado de ejecutar un tercio de los recursos destinados para proyectos de inversión pública (alrededor de S/ 17,000 millones). Al primer semestre del año, por ejemplo, los Gobiernos locales y regionales habían ejecutado apenas el 28% y el 24% de su presupuesto para ese fin. Entonces, ¿hacen falta mayores recursos?, ¿cuántas de las obras paralizadas son producto de estudios de preinversión y expedientes técnicos de baja calidad? ¿Cuántas de las demoras están vinculadas a procesos de corrupción?
Es verdad que, en un contexto de recuperación económica como el que vivimos, el impulso de la inversión pública resulta primordial; sin embargo, esta debe ser eficiente, eficaz y oportuna. Una de las propuestas presentadas para enfrentar el problema durante la ejecución de las obras por el Consejo Privado de Competitividad recomienda la creación de una entidad especializada para la ejecución de obras a nivel regional con una visión colaborativa entre el Estado y el sector privado. Este trabajo debe contemplar características como la implementación de oficinas de gestión de proyectos, uso de contratos colaborativos, creación de una junta de control de cambios y una de resolución de disputas, así como asistencia técnica especializada.
Basta de normalizar la paralización de obras en nuestro país. Un proyecto paralizado puede ser un colegio, un hospital o una carretera que la población deja de tener, lo que posterga su uso y eventual beneficio para su calidad de vida.
Por ComexPerú / Publicado en Septiembre 02, 2022 en Semanario 1134
