El pasado 2 de septiembre, la bancada de Avanza País presentó el proyecto de ley N.º 2951/2022-CR, en el cual se plantea el uso de vouchers educativos como una medida para promover la competitividad entre el sector público y el privado, con el fin de incrementar la calidad de la educación. Esta propuesta surge en medio de la discusión acerca del presupuesto público planificado para 2023. En ese sentido, es pertinente preguntarnos sobre su efectividad para hacer frente a los retos educativos que enfrenta el Perú.
La idea detrás de la iniciativa legislativa es otorgar a las familias unos vouchers educativos subsidiados por el Estado, con los cuales tendrán la posibilidad de financiar completa o parcialmente las pensiones en colegios privados. Este mecanismo otorgaría la posibilidad de tener un mayor poder de decisión acerca de la educación de los hijos en edad escolar. A la vez, funciona como un canal para que el Estado tenga una mayor colaboración con el sector privado y permita hacer frente a parte de las carencias que enfrenta el sector educativo a nivel nacional. De esta forma, el Estado trata de garantizar una educación de calidad, pero sin ser necesariamente su proveedor directo.
En el marco de este proyecto, el Ministerio de Educación (Minedu) tendría la responsabilidad de elegir aquellos colegios en los que se puede recibir el subsidio, siempre que cumplan determinados estándares de calidad y cuenten con las licencias correspondientes. La lista de colegios privados habilitados sería revisada regularmente con el fin de que no participen aquellos que no cuenten con los estándares educativos adecuados y, por el contrario, puedan perjudicar a los alumnos. Además, los vouchers se plantean para uso focalizado, es decir, el Minedu elegiría aquellas zonas o grupos que necesitan del subsidio con base en ciertos parámetros (dificultad de acceso al colegio, infraestructura, entro otros), de tal forma que el proyecto no excluya a los grupos que lo requieran ni beneficie a aquellos que no lo necesitan.
Si bien el proyecto resulta llamativo, no es algo nuevo. La teoría detrás se fundamenta en las ideas planteadas por el economista Milton Friedman en 1955, las cuales inspiraron su aplicación total o parcial en otros países.
La evidencia acerca de los beneficios entre aquellos países que aplicaron el esquema de vouchers es variada, según un reporte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Según el estudio, es primordial contar con una institucionalidad educativa bien desarrollada que permita tener un sistema monitoreado, que incentive una mayor calidad en la educación y no genere efectos contraproducentes sobre el mercado educativo. En Chile, por ejemplo, los resultados iniciales no mostraron una mejora, además de que, al igual que en otros países, aún con el programa persistía una segregación entre estudiantes, es decir, el acceso a colegios privados (y de mayor calidad) aún dependía altamente de los ingresos de la familia a pesar de que existía el voucher, por lo cual se requirió hacer reformas al programa. En Colombia, por otro lado, el programa de bonos sí mostró beneficios positivos en el aprendizaje, por ejemplo, se incrementó un 10% la probabilidad en aprobar octavo grado entre los beneficiados.
LAS BRECHAS EXISTENTES EN EL SECTOR EDUCACIÓN
Al evaluar una política pública, es importante determinar si se trata de la forma más efectiva de solucionar los problemas que enfrenta el sector. En el caso de la educación peruana, existe una brecha tanto en la infraestructura como en la calidad de educación. De acuerdo con el Plan Nacional de Infraestructura Educativa, tenemos un déficit de alrededor de los S/ 100,000 millones, lo que juega un rol importante detrás del 14.41% de alumnos no matriculados en secundaria, de acuerdo con el Minedu.
Con respecto a la calidad de aprendizaje, el Perú es de los países con menor nivel en América Latina, de acuerdo con los resultados de la prueba Pisa de 2018. A nivel nacional, existe una desigualdad con respecto al acceso a educación de calidad que se evidencia en las evaluaciones realizadas por el Minedu, donde se muestra que el rendimiento de las escuelas públicas es menor con relación a las escuelas privadas, diferencia que se incrementa cuando se considera solo las escuelas públicas rurales. Además, la oferta de educación pública de calidad a través de los Colegios de Alto Rendimiento solo cubre a cerca de 7,500 alumnos de un total de 2,708,598 matriculados en el nivel secundario.
Con base en lo expuesto, queda pendiente la pregunta acerca de si es un sistema de vouchers la medida adecuada en la actualidad, en comparación con otros proyectos. Más aun considerando que las poblaciones más necesitadas son aquellas que viven en entornos rurales. En ese sentido, proyectos como las Escuelas Bicentenario deben ser priorizados.
Finalmente, debe mencionarse que los problemas educativos no se resuelven de manera repentina; por el contrario, requieren un esfuerzo continuo por parte de las autoridades. En ese sentido, el Gobierno planteó incrementar el presupuesto otorgado a educación, que alcanza los S/ 6,100 millones. Sin embargo, esto no podrá traducirse en mejoras esenciales en el sector educación si no se solucionan los problemas estructurales asociados con la ejecución del gasto. Ignorar estos problemas solo prolongará la lista de proyectos inacabados y perjudicará el futuro del país.
Nota de Redacción: publicado originalmente por ComexPerú en el Semanario 1135 www.comexperu.org.pe/en
