Ha comenzado la farsa de la “Alta Misión” de la OEA a cargo de dar “Respaldo a la preservación de la institucionalidad democrática y la democracia representativa en el Perú”. Tarea que, traducida, solo implica pisotear la soberanía y la dignidad nacional en aras de satisfacer los intereses innobles de la organización hemisférica y apoyar al gobierno del delincuente Castillo.
Llamar farsantes a los comisionados suena duro, pero resulta imposible confiar en ellos, y mucho menos en la entidad convocante. No se trata de una descalificación ad hominem porque entre los ocho comisionados hay de todo un poco, desde representantes del centro derecha hasta militantes de la izquierda más tenebrosa. Respeto, por ejemplo, al canciller ecuatoriano Juan Carlos Holguín; pero desprecio profundamente al ministro de Exteriores argentino Santiago Cafiero, peronista irredento involucrado en mil y un asuntos turbios, quien ayer mismo despedía, vía Twitter, a la asesina terrorista muerta Hebe Bonafini con un patético “Hasta la victoria siempre”.
La OEA, entendámoslo bien, es una organización decrépita. Sus bases institucionales, morales y éticas están desvirtuadas. Con bendición de los demócratas norteamericanos se ha convertido en activista del globalismo, la agenda 2030 y se aboca al proyecto de lograr la supranacionalidad del Derecho, violando la soberanía de los Estados miembro a los cuales presiona para fines innobles como la imposición de la ideología de género. Además, su Comisión Permanente está dominada por el secretario general Luis Almagro, exégeta del tirano Hugo Chávez, apologista de Pedro Castillo e investigado por actos deshonestos con una subordinada suya.
Con estos orígenes, la “Alta Misión” en apenas 48 horas se reunirá con un puñado de entidades gobiernistas y de oposición, además de poquísimas organizaciones de la sociedad civil. Incapaz de entender la compleja realidad de un país enfrentado a la corrupción y a la conspiración internacional, luego hará lo tradicional: emitirá un Informe vacuo en el que probablemente consignará expresiones como “la tensa relación entre las fuerzas políticas”, “los riesgos de la institucionalidad democrática”, “la intolerancia de algunos actores políticos”, la “exhortación al diálogo entre las partes” y demás banalidades cabildeadas entre los comisionados para que la farsa adquiera el formato de las resoluciones inútiles.
Nada de lo que digan estos burócratas internacionales beneficiará al Perú ni a la lucha patriótica contra la banda que nos gobierna. Pero, aunque su Informe no sea vinculante, será utilizado por Castillo y sus secuaces para intentar legitimarse internacionalmente.
