Tras la apretada victoria de Luiz Inácio “Lula” da Silva sobre el presidente brasileño Jair Bolsonaro el pasado 30 de octubre, la izquierda retoma el poder luego de seis años en la oposición. El Partido de los Trabajadores (PT) de Lula vuelve con la misión de dar marcha atrás a las reformas alineadas a la libertad de mercado y la estabilidad presupuestaria, pero carece del poder necesario en el Congreso para lograrlo.
En la elección presidencial, Lula se impuso con el 50,9% de los votos frente al 49,1% de Bolsonaro. Pese a ello, no logró hacerse con el control del Congreso Nacional. El Partido Liberal (PL) de Bolsonaro se consagró como la primera minoría en el legislativo alcanzando 99 de 513 escaños disponibles en la Cámara de Diputados y 14 de 81 en el Senado Federal.
El bloque de derecha –con el PL a la cabeza– se posiciona como un fuerte contrapeso al Gobierno de Lula. El PT y su coalición, que agrupa al Partido Comunista de Brasil y el Partido Verde, quedaron en segundo lugar con 79 diputados y 9 senadores.
Además de la derecha en el legislativo, la administración de Lula deberá enfrentar a casi la mitad de brasileños. Después de la derrota de Bolsonaro, con mensajes como “SOS Armed Forces” los manifestantes pedían una intervención militar para revertir unos resultados electorales que consideraban fraudulentos. Lula será oficialmente investido presidente este próximo 1 de enero de 2023.
Un país polarizado
Por un lado, Lula logró hacerse nuevamente con la presidencia, pese a ser uno de los promotores del socialismo del siglo XXI y ser expuesto como un corrupto. Por otro lado, pese al desgaste que supone el ejercicio del poder y los estragos del manejo de la COVID-19, Bolsonaro logró un respaldo del 43,2% en primera vuelta y 49,1% en la segunda.
De los 27 estados en disputa para las gobernaciones, 14 de ellos estarán en manos de aliados de Bolsonaro. El PL ha extendido profundas raíces en los prósperos estados conservadores del cinturón agroindustrial, incluyendo São Paulo y Minas Gerais, los motores económicos de la economía brasileña. Esto brinda la oportunidad al PL de seguir promoviendo la empresarialidad y prepararse para la próxima contienda electoral de 2026.
El freno institucional
La Constitución brasileña limita el crecimiento del tamaño del Estado a través de tres reglas. Estas son:
- Regla de responsabilidad fiscal: establece parámetros para la transparencia, supervisión y fiscalización presupuestaria.
- Regla de oro: prohíbe emitir deuda para financiar gasto corriente, pero puede ser eludida con autorización del Congreso Nacional.
- Regla del tope de gasto público: limita el crecimiento del gasto público en cualquier año a no más de la tasa de inflación del año anterior. Diez años después de haber entrado en vigencia (2017), el presidente puede proponer ajustes o un nuevo mecanismo de referencia para limitar el presupuesto.
La última fue propuesta por el expresidente Michel Temer para aliviar la crisis económica a la que se enfrentaba el país. El déficit fiscal llegó a 10,2% del PIB en 2015.
La regla tiene cierta flexibilidad. Por ejemplo, Bolsonaro aumentó el gasto en 2020 argumentando la necesidad extraordinaria de hacer frente a los problemas derivados de la pandemia. Sin embargo, esta prerrogativa no puede ser utilizada repetidamente, para ello se necesitaría enmendar nuevamente la constitución.
A pesar del fuerte golpe de la pandemia a las cifras económicas, la administración de Bolsonaro ha logrado mantener cierta estabilidad. La inflación interanual se sitúa en 5,9%; la deuda pública se redujo al 77,1% hasta septiembre; y el desempleo disminuyó hasta el 8,3% en octubre.
Sin embargo, las preocupaciones sobre la orientación que tome Lula en materia fiscal y de políticas económicas ha tenido efectos negativos en Ibovespa —principal indicador del mercado de acciones de Brasil—. El nombramiento del nuevo ministro de Hacienda, Fernando Haddad, quien fue alcalde de Sao Paulo entre 2013 y 2017, y candidato presidencial en 2018, ha calmado ligeramente a los mercados debido a su perfil moderado.
El PT y sus aliados se opusieron ferozmente y acusaron al gobierno de Temer de querer “desmontar el Estado”. Por ejemplo, el diputado del PT Luiz Caetano dijo que “el techo presupuestario llevaría a la quiebra a todos los servicios públicos, incluyendo salud y seguridad. La única salida es la movilización de masas”.
Siguiendo el manifiesto del PT, buscarán su derogación. Esto les permitirá aumentar el gasto de la administración federal para financiar el desarrollo de infraestructuras y programas sociales, y así, estimular el crecimiento interno.
El actual Senado ha aprobado una Propuesta de Enmienda Constitucional de Transición (PEC) para ampliar el techo de gasto en alrededor de R$ 145 mil millones ($28 mil millones) por año en 2023 y 2024. La PEC también contempla que el ejecutivo se salte la regla de oro sin la previa autorización del Congreso. Esto deberá ser analizado por la Cámara de Diputados en los próximos días, donde los conservadores mantienen una fuerte influencia.
El principal desafío de Lula será explicar cómo pagará las grandes promesas de gasto sin saltarse las normas constitucionales, poner en riesgo la estabilidad de las finanzas públicas, ni estropear la confianza de los mercados. Hasta mientras China —su principal socio comercial— sufre un enfriamiento de su economía. El gran reto que hoy tiene la oposición brasileña consiste en mantener a rajatabla las reglas de estabilidad fiscal y frenar cualquier intento de debilitamiento de las instituciones.
El margen para que el PT pueda ejecutar su programa socialista es limitado y dependerá de las alianzas que logre tejer en ejercicio, lo que es una buena noticia para la economía brasileña y sus ciudadanos. La opción más inteligente que tiene Lula en frente pasa por alejarse del extremo izquierdo del tablero y moderar sus políticas para ganar gobernabilidad.
