Los acontecimientos políticos y sociales, están desnudando a la oscura clase política de la extrema izquierda en Bolivia (heredera de Evo Morales y fuertemente adoctrinada desde tiempos de Hugo Chávez). Estos acontecimientos han desbordado la capacidad de manipulación y control del gobierno sobre los ciudadanos, evidenciándose acciones de resistencia que atemorizan al poder socialista del MAS (el violento partido de gobierno).
En las siguientes líneas, podrán leer un Informe Especial de Mauro Echeverría, del Impunity Observer, que describre minuciosamente lo que sucede desde el gobierno del discurso del odio, contra el principal líder por la Democracia, Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz.
Hallazgos clave:
- La detención de Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, es un revés para la democracia en Bolivia. De su detención se derivan múltiples violaciones del Estado de derecho y de los derechos humanos, como la tortura y el incumplimiento de las garantías procesales.
- Tras el caso de Camacho, los disidentes del régimen de Luis Arce —defensores de la libertad y políticos de la oposición— han compartido su temor de convertirse en los próximos objetivos de la persecución política del gobierno central.
- Camacho y otros 200 presos políticos más en Bolivia son sometidos a frecuentes torturas mientras están en prisión, según el testimonio del gobernador. Uno de los métodos de tortura incluye pasar la noche a la intemperie a temperaturas bajo cero a más de 3.600 km sobre el nivel del mar.
- La Embajada de Estados Unidos en Bolivia ha guardado silencio sobre la detención de Camacho. La dictadura venezolana, en cambio, ha elogiado su aprehensión.
Antecedentes
El 28 de diciembre de 2022, la policía nacional boliviana detuvo al gobernador de Santa Cruz, Camacho, por participar en un supuesto golpe de Estado en 2019 contra el entonces presidente Evo Morales. Actualmente, trabaja como puede desde la cárcel. El caso de Camacho ha enviado una advertencia a los disidentes que temen ser los siguientes en la lista. Esta detención ha creado un malestar generalizado en la democracia boliviana debido a las transgresiones del Estado de derecho y de los derechos humanos.
En 2019, Morales dimitió tras una serie de acusaciones de fraude electoral. La senadora Jeanine Áñez asumió entonces la presidencia interina de Bolivia. Un año después, Luis Arce —líder del partido de Morales, Movimiento al Socialismo (MAS)— ganó las elecciones presidenciales en primera vuelta con más del 55% de los votos. Este asumió el cargo en noviembre de 2020.
Con fines investigativos, la fiscalía denominó el supuesto golpe contra Morales como “caso Golpe de Estado”. Como parte de este, agentes de policía armados rompieron las ventanillas del auto del gobernador Camacho y lo arrestaron cuando viajaba por Santa Cruz. La policía trasladó a Camacho en helicóptero a la prisión de Chonchocoro, en La Paz. Su detención desencadenó manifestaciones en todo el país, especialmente en Santa Cruz, su estado natal.
El expresidente Morales elogió la detención de Camacho y tuiteó: “Finalmente después de 3 años, Luis Fernando Camacho responderá por el golpe de Estado que derivó en robos, persecuciones, detenciones y masacres del Gobierno”.
La Corte sentenció a Camacho a cuatro meses de prisión preventiva por supuesto terrorismo. Además Camacho se enfrentará a cargos de incumplimiento de deber y “atacar al presidente”, según la Fiscalía. Él trabajará remotamente como gobernador de Santa Cruz desde la prisión.
Para explicar las consecuencias de la detención del gobernador Camacho en Bolivia, el Impunity Observer entrevistó a :
- Juan Pablo Chamón, director ejecutivo del centro de pensamiento liberal Libera Bolivia;
- Luciana Campero, senadora del estado de Tarija por Comunidad Ciudadana;
- Luisa Nayar, senadora del estado de Santa Cruz por Comunidad Ciudadana.
¿Golpe de Estado o elecciones fraudulentas?
Después de varios reportes y denuncias sustanciosas de fraude y falta de transparencia en las elecciones de 2019, surgieron protestas a nivel nacional que eventualmente llevaron a Morales a dimitir. Morales, Arce y el MAS todavía afirman que fueron víctimas de un golpe de Estado. Esta es la base para el caso Golpe de Estado de Fiscalía. Este acusa de terrorismo al gobernador Camacho, la presidenta Áñez y otros líderes de oposición que participaron en las protestas.
Campero, Chamón y Nayar acuerdan que el golpe que acusa Morales fue inexistente. Ellos se basan en tres argumentos: (1) Morales violó la Constitución boliviana al candidatizarse para presidente por tercera y cuarta vez, (2) reportes nacionales e internacionales que confirman la existencia de fraude electoral y (3) el hecho que Morales renunció después de una auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA) y presión de la milicia.
Después de una serie de tretas legales, la Corte Constitucional le permitió a Morales ser candidato a presidente para un tercer y cuarto periodo a pesar de que la Constitución permite explícitamente e un solo periodo presidencial más una reelección. Para su tercer periodo, el argumento de Morales era que durante su primera presidencia se refundó a Bolivia como un Estado plurinacional, así que no cuenta. Para su cuarto periodo, su argumento fue que el negarle su candidatura a participar en las elecciones era una violación de sus derechos políticos. El magistrado de la Corte Constitucional Macario Cortez dijo que “se declaró la aplicación preferente de los derechos políticos por encima de los artículos de la Constitución”.
Para 2016, los bolivianos —en un referéndum— votaron la negación de un posible cuarto periodo de Morales como presidente por una pequeña ventaja. Un año después, sin embargo, la Corte Constitucional le permitió a Morales candidatizarse.
La oposición boliviana, observadores nacionales e internacionales y defensores de la democracia afirman que las elecciones presidenciales de 2019 fueron fraudulentas. Las sospechas de fraude crecieron cuando la plataforma oficial de la autoridad electoral encargada de presentar los resultados en vivo dejó de funcionar por 24 horas. Cuando la plataforma presentó esta falla, 85% de los votos habían sido contados y la tendencia mostraba la necesidad de una segunda vuelta entre Morales y Carlos Mesa, líder de la oposición. Cuando la plataforma volvió a funcionar un día después, Morales había ganado en primera ronda.
Campero, que fue una observadora local en Tarija, reveló al Impunity Observer que ella presenció varias violaciones a la cadena de custodia de los votos: “Una mujer entró al recinto corriendo con una bolsa llena de papeletas y no había ningún miembro de las Fuerzas Armadas cerca, como la ley electoral establece”.
La OEA llevó a cabo una auditoría en la que encontró “faltas muy graves como la manipulación en el sistema informático de transmisión y cómputo de resultados”. El reporte de la organización concluyó que Morales debería renunciar para calmar el conflicto social.
La detención de Camacho en contraposición a la democracia
“La detención de Camacho representa una amenaza a la ya débil democracia boliviana ”, argumenta Campero. De acuerdo con el Índice de Democracia Liberal de V-Dem de 2021, Bolivia tiene el peor resultado en Sudamérica, excepto por Venezuela —aunque los recientes resultados faltan ser plasmados en los resultados—. Bolivia tiene una puntuación de 0,37. Sus vecinos, Paraguay y Perú tienen puntajes de 0,43 y 0,65 sobre uno, respectivamente.
Una fuerte democracia liberal requiere libertad de expresión y asociación, Estado de derecho, autoridades electorales confiables e imparciales y separación de poderes. El caso de Camacho amenaza a la mayoría de estos, empezando por el Estado de derecho.
Nuestros entrevistados afirman que la detención de Camacho no siguió el debido proceso. Aunque Fiscalía argumenta que notificó a Camacho dos meses antes de su detención, Chamón respondió que “no debía haber sido encarcelado porque nunca existió el riesgo de que huya del país”. La ley boliviana establece que la aprehensión preventiva es necesaria solo si hay un riesgo de escapar u obstruir en la investigación.
Luis Camacho, hijo del gobernador encarcelado de Santa Cruz, acusa a las autoridades de la prisión de torturar a su padre. Campero y Nayar reafirman estas declaraciones al Impunity Observer al decir que Camacho fue forzado a pasar la noche a la intemperie a más de 3.600 km sobre el nivel del mar. Congresistas de oposición han presentado una denuncia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por tortura. Estas aseveraciones componen anteriores denuncias de tortura en prisiones bolivianas que incluso han resultado en muerte.
La protesta pública y la libertad de expresión son parte de los derechos humanos y están garantizados en la Constitución boliviana. Sin embargo, Campero y Nayar temen que las autoridades hayan detenido a Camacho simplemente por participar en protestas. Ellas consideran que si las autoridades le hacen esto a una figura pública, pueden hacer lo mismo a otros líderes opositores.
“Es imposible tener democracia si el Gobierno de turno busca silenciar a todos los disidentes que quieren competir”, explica Chamón.
os bolivianos mostraron su desconfianza hacia la imparcialidad de las autoridades electorales en las protestas de 2019. Asimismo, la ley de la policía boliviana establece que el jefe de la Policía es el ministro de gobierno, Eduardo del Castillo. Arce nombró a del Castillo, miembro activo del MAS.
Disidentes temen persecución
La Asamblea Permanente de Bolivia por los Derechos Humanos ha contado 187 presos políticos bajo el régimen de Arce. Siendo el gobernador del Estado más rico de Bolivia y habiendo finalizado tercero en las presidenciales de 2020, Camacho es un líder prominente de la oposición.
Aparte de la detención de Camacho, hay otros casos recientes considerados como persecución política por la oposición. Uno de los más importantes es el de Jeanine Áñez, quien también enfrenta cargos de terrorismo en el mismo caso de Camacho. Después de un año de prisión preventiva debido al “riesgo de escape”, la Corte sentenció a Áñez a diez años de prisión por incumplimiento de funciones y violar la Constitución. Ella asegura que su caso no siguió el debido proceso y que fue víctima de persecución política.
Después de ver el caso de Camacho, nuestros entrevistados confesaron que temen una posible persecución por parte del régimen de Arce. Campero y Nayar compartieron que ellas ya han sufrido acoso por parte de seguidores del MAS, congresistas femeninas y fuerzas del orden. Campero, por ejemplo, le contó al Impunity Observer que ha sufrido de violencia por parte de seguidores de Morales en las calles durante protestas en los últimos meses: “También he sufrido de violencia dentro de las sesiones del Congreso por congresistas del MAS”. Después del ejemplo de Camacho, los entrevistados sienten que es una cuestión de tiempo antes de que sufran situaciones similares.
Protestas a favor de la libertad
La detención de Camacho llevó a una serie de protestas a lo largo del país. Con el tiempo, los ciudadanos han salido a las calles pidiendo la libertad de otros presos políticos, acciones a favor de la democracia y libertad.
Hay varios casos de violencia policial contra manifestantes. Uno de estos incluso llevó a la muerte. Por ejemplo, Erwin Chávez —un ciudadano que estaba en medio de las protestas en Santa Cruz— fue golpeado por una lata de gas lacrimógeno en la cara. En principio, Chávez perdió su ojo derecho, pero después de múltiples operaciones, perdió la vida. Como la policía actúa directamente bajo las órdenes del Ministerio de Gobierno, Nayar ha acusado a del Castillo como autor intelectual del asesinato.
Nayar le dijo al Impunity Observer que hay decenas de casos de violencia policial frente a manifestantes. Mujeres y menores también han sido atacados por la Policía Boliviana durante las últimas protestas en Santa Cruz.
El régimen de Arce, por otro lado, acusa a los manifestantes de violencia física contra instituciones públicas como el Departamento de Policía de Santa Cruz y la Fiscalía. Debido a su cercanía con dos aeropuertos, estos tuvieron que cerrar y cancelar vuelos nacionales e internacionales por alrededor de siete horas.
Silencio ensordecedor de la Embajada estadounidense
Mientras las Embajadas de Estados Unidos han emitido comunicados rechazando eventos que amenazan la democracia como el intento de golpe en Perú de Pedro Castillo o el ataque al Congreso en Brasil, la Embajada de Estados Unidos en Bolivia se ha mantenido en silencio con respecto a la detención de Camacho y lo que esto representa para la democracia.
El 12 de enero, el subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, —dos semanas después del arresto de Camacho y en medio de un descontento social—, hizo un llamado a la paz. Él tuiteó: “Nos preocupan los reportes de violencia en Bolivia desde 28 Dic. Exhortamos a todos los bolivianos a dialogar por la paz y la unidad y respetar los derechos humanos, que incluyen el debido proceso y la libertad de expresión”.
Aunque Chamón se sorprendió por el silencio de la Embajada sobre la detención de Camacho, él cree que esto simboliza las políticas del Departamento de Estado en la región. Sostiene que la política exterior de Estados Unidos en Bolivia es tener una coexistencia pacífica con los Gobiernos de extrema izquierda. Esto pasa menos de dos meses después de que se haya dado negociaciones entre la administración de Biden y la dictadura de Nicolás Maduro por petróleo.
Por el otro lado, la dictadora de Maduro en Venezuela apoyó la detención de Camacho. Carlos Faría, ministro de relaciones exteriores de venezuela, tuiteó: “Conocemos las prácticas de los grupos fascistas porque las vivimos en varias coyunturas. Sabemos quienes las impulsan y las financian. Es por eso que nos satisface la actuación conforme a la ley del pueblo boliviano y sus instituciones contra el golpismo”.
