Cuando los hondureños eligieron a Xiomara Castro en 2021 como presidenta, obtuvieron un paquete de dos por uno. Impulsada por una hábil alianza electoral, Castro brindó un segundo mandato a su esposo Manuel “Mel” Zelaya —presidente desde 2006 hasta que la milicia lo sacó del poder en 2009—.
Dada la predilección de Zelaya por una dictadura y reescribir la Constitución hondureña, la historia se está repitiendo. Además, el espectro de la instrumentalización de la justicia apoyado por Naciones Unidas significa que Honduras está en un camino precario, que lleva a la confrontación entre la alianza liderada por Zelaya y la milicia, la justicia y cualquier otra institución que tenga la capacidad de restaurar el orden.
Zelaya está manejando a Castro en su mandato y es el coordinador general del partido oficialista Libre, que él cofundó en 2011. Libre es su vehículo para establecer un “socialismo democrático” y una asamblea constituyente. Libre no ha escondido sus intenciones comunistas e incluso celebró los 64 años de la revolución cubana.
El último incidente en la búsqueda de hegemonía de Zelaya es la falla del Congreso Nacional de elegir 15 miembros para la Corte Suprema para el periodo 2023-2030. Libre ha usado su pluralidad en el Congreso e influencia con la comisión postuladora para impedírselo a todos, excepto a los partidarios de Libre. Los nombramientos de la justicia necesitan una gran mayoría, por lo que el Congreso ha estado estancado por tres semanas y no cumplió con la fecha de entrega inicial del 25 de enero.
Como el abogado y ejecutivo de televisión Rodrigo Wong Arévalo ha explicado, Libre quiere un Congreso paralizado y que no haya una Corte Suprema: “La meta final de este caos es tener jueces vacíos que piensen y actúen como uno solo y estén alineados a Castro y Zelaya,”.
Anarquía antes de posesionarse
Los eventos en el Congreso Nacional que precedieron la posesión de Castro desafían la razón y parecen sacados de una telenovela. Zelaya instigó una crisis constitucional incluso antes de la juramentación de Castro.
El Congreso Nacional eligió al partidario de Libre, Jorge Cálix, como su presidente el 21 de enero de 2022 —una semana antes de la juramentación de Castro—. Sin embargo, Cálix logró esto al formar una alianza con los partidos de oposición y 18 congresistas de su propio partido. Su elección fue contraria a los deseos de Castro y Zelaya, quienes tenían un acuerdo con el vicepresidente Salvador Nasralla para elegir al congresista Luis Redondo.
Los legisladores hondureños nombraron a dos presidentes del Congreso en ceremonias separadas mientras los seguidores de la dupla Zelaya-Castro empezaron una pelea con puñetes después de un berrinche en la juramentación de Cálix. Deseosos de usar la violencia para controlar la agenda legislativa —una competencia del presidente del Congreso— los fieles a Zelaya y Castro gritaron, agitaron sus puños comunistas y casi frenan la posesión. Mientras golpeaban a sus víctimas, Cálix huyó por seguridad.
Zelaya utilizó la intimidación física para que Cálix, después de dos semanas, acuerde en darle el poder a Redondo. A pesar de que no ha habido votación, Redondo se autoproclamó presidente del Congreso. Ha escrito esto en su biografía de Twitter en mayúsculas, creyendo que gritar las cosas las hace verdad. Los lectores del periódico El Heraldo, en cambio, lo votaron como el villano de 2022 de Honduras.
Redondo es el escogido por los caudillos, quienes echaron a un presidente del Congreso democráticamente electo. Honduras tiene un presidente del Congreso ilegítimo pero de facto y otro legítimo pero temeroso que sigue con el circo.
Esta crisis constitucional es de conocimiento tanto para la presidenta como para la justicia. En un giro extraño, la crisis amenazó con socavar la propia juramentación de Castro. El 27 de enero de 2022, Castro tácitamente aceptó que Redondo no era el presidente del Congreso, por lo que no podía liderar la ceremonia de juramentación. Castro, entonces, procedió con la jueza del Tribunal de Sentencia: Karla Romero.
El farsante Redondo, sin embargo, no pudo resistirse a la tentación de imponer su presencia como un mal tercio. Parado junto a la presidenta, su nieta y la jueza —mientras Romero leía el guión de la posesión—, Redondo pidió ser nombrado como el presidente del Congreso. Romero le dio una mirada con enojo y dijo que el “ingeniero” Redondo estaba presente. Un espectador interrumpió y preguntó por qué Redondo no estaba llevando a cabo la toma de posesión. Romero, de forma abrupta, respondió que la Constitución lo prohibía.
Un presagio de lo que se viene
La usurpación de poder de la dupla Zelaya-Castro para una dictadura al puro estilo de Nicaragua o Cuba se está calentando. La feroz reseña del primer año de Castro de la columnista de La Tribuna Carolina Alduvín menciona que incluso las “feminazis” ya no apoyan su agenda. En cambio, su régimen ahora se basa en el nepotismo, la justicia politizada y el clientelismo con sus amigos.
El hueso que lanzaron a sus partidarios ha sido la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández. Aunque menos inclinado hacia el socialismo, Hernández también ignoraba la Constitución cuando le convenía, especialmente cuando forzó una reelección desde la Corte Suprema basado en argumentos especiosos.
Hay dos eventos amenazantes en el horizonte, tal como lo ratifica Libre: (1) el establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras (CICIH) apoyada por Naciones Unidas, que se acordó mutuamente en diciembre de 2022 y (2) la “refundación del Estado demócrata socialista”.
La CICIH es similar a la difunta CICIG (2006-2019) de Guatemala. Con su objetivo de promover el Estado de derecho, la CICIG se volvió una herramienta para la instrumentalización de la justicia contra adversarios políticos de los progresistas. La CICIH todavía no opera, pero las chances son casi nulas de que procesen a amigos de Castro y Zelaya. Incluso el medio izquierdista El Faro en El Salvador ha resaltado que “la ley de amnistías aprobada en marzo [de 2022] por el partido de Castro… [dio] inmunidad a exfuncionarios de la administración de su esposo y expresidente Mel Zelaya, que maneja por detrás el poder del Gobierno”.
El esfuerzo por una transformación socialista es peor. Apoyado por el difunto dictador Hugo Chávez, los esfuerzos de Zelaya por reescribir la Constitución hondureña fue precisamente lo que detonó su remoción en 2009. Aunque desordenada, su remoción fue solicitada por la Corte Suprema y aprobada por el Congreso Nacional. De la misma forma, el liderazgo militar fue responsable al llevar a cabo una labor para evitar que Honduras se vuelva una pequeña Venezuela, con una miseria comparable.
La situación se está desarrollando de una manera inquietantemente similar, pero el llamado ahora es más profundo que una reelección. La reformulación fundamental de la Constitución es una estrategia para llevar a cabo una revolución socialista sin las guerrillas. La meta, levemente camuflada, es una dinastía de Zelaya-Castro parecida a la dictadura de Ortega-Murillo en Nicaragua. El abogado constitucional Juan Carlos Barrientos explica que Libre “solía hablar de dictadura porque en la anterior administración [la de Hernández] tenían todos los poderes, pero ahora que están gobernando quieren ser dictadores también”.
Barrientos no es el único que se da cuenta. El vicepresidente Nasralla obtuvo su puesto por una alianza que ha perdido su encanto. Él es un oportunista político, pero conoce tan bien a la pareja presidencial como nadie, y ha advertido sobre un posible futuro socialista en Honduras. Él teme que Libre viole la ley para llenar con su gente la Corte Suprema, controle los tres poderes del Estado e introduzca reformas constitucionales.
La falta de cumplimiento de la ley y el anticapitalismo están frenando a la inversión y al crecimiento necesario para reducir la emigración hondureña. Escapar de esta crisis constitucional no será tarea fácil, pero hay optimismo en los disidentes del Partido Libre y la oposición política. Los socialistas están recurriendo a la violencia, intimidación y violaciones de la ley porque no tienen el suficiente apoyo para cumplir su agenda de forma pacífica. Los hondureños no pueden doblegarse ante la minoría tiránica y deben usar todos los medios legales para cortar de raíz la agenda de Zelaya-Castro.
