Hallazgos clave:
- Trabajadores del sector público han estado protestando en las calles por más de siete semanas, a pesar de las condiciones climáticas y persecución por parte de agentes del Estado, en busca de mejores salarios y condiciones de trabajo. Esto ha llevado, principalmente, al cierre de instituciones educativas.
- En Venezuela, los salarios de los trabajadores del sector público van desde los $5 hasta los $25 al mes, mientras que el costo de la canasta básica ronda los $400. Los hogares venezolanos se han visto obligados a reducir la calidad y la cantidad de sus alimentos, causando que la desnutrición crezca.
- En respuesta a las protestas, el régimen chavista ha aprobado una ley para reemplazar a los profesores con bachilleres en los primeros niveles de educación. En cuanto a las demandas de los trabajadores, el régimen se ha mantenido en silencio.
Contexto
Desde el 2018, cuando el régimen chavista empezó a irrespetar los contratos colectivos de los empleados públicos, quienes han protestado en contra de la precaria situación bajo la dictadura de Nicolás Maduro. Debido a las políticas económicas del régimen, la inflación ha crecido exponencialmente en la última década, destruyendo así el poder adquisitivo de los venezolanos.
En las últimas semanas de enero de 2023, protestas diarias surgieron después de que el régimen abandonara la mesa de negociación para un incremento en el salario mínimo. A pesar del crecimiento económico reportado en 2022—con un aumento del PIB per cápita de 18%, según el Banco Central de Venezuela—nueve de diez venezolanos permanece en la pobreza.
Con 130 bolívares, el salario mínimo de Venezuela es el más bajo de Sudamérica. Esto equivale a $5,40, según la tasa de cambio oficial del Banco Central Venezolano, mientras que el salario promedio del sector privado en Caracas es $139. Los trabajadores del sector público, como profesores de escuelas y médicos, y pensionistas ganan entre el salario mínimo y $25 al mes. Los trabajadores han descrito estos salarios como “salarios de hambre”.
Según el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) —una oenegé independiente que analiza la economía del país— el costo de la canasta básica para una familia de cinco personas alcanzó los $397 en enero de 2023 y la tasa de inflación interanual para finales de 2022 fue de 440%.
Esta investigación busca explicar y clarificar la situación que están atravesando los trabajadores del sector público en Venezuela. El Impunity Observer entrevistó a Gricelda Sánchez, presidente de la oenegé independiente Fordisi; María Oropeza, coordinadora de Portuguesa del partido de oposición Vente; y a Santos Mendoza, sindicalista de Fenatev.
Protestas contra el régimen de Maduro
Las protestas a nivel nacional en Venezuela han incrementado en 2023. Esto se da principalmente por los bajos salarios que están recibiendo los trabajadores del sector público y los pensionistas, además de la falta de seguro médico que reciben. El Observatorio Venezolano de Conflicto registró 1.027 protestas en enero de 2023, mientras que en enero de 2022 solo registró 173.
De acuerdo con Mendoza y Sánchez, involucrados en las protestas diarias, estas solo se acabarán cuando el régimen llegue a un acuerdo con los trabajadores para subirles el salario, mejorar su seguro médico y los beneficios de la seguridad social. “En el estado de Portuguesa, salimos todos los días a las 7:30 a.m. a pelear por nuestros derechos”, dice Mendoza. Los manifestantes han estado bajo el sol y la lluvia por más de 47 días.
El rol de los agentes del Estado Federal durante las manifestaciones ha sido diferente de acuerdo al estado y la ciudad. Según Mendoza y Sánchez, en ciudades grandes como Caracas, los agentes son menos agresivos contra los manifestantes que en áreas rurales.
Mendoza le contó al Impunity Observer que los manifestantes en Portuguesa se sienten “acosados y observados” por instituciones estatales como el Servicio Bolivariano de Inteligencia. De acuerdo a su experiencia, los manifestantes han podido identificar a infiltrados. Los profesores que han estado protestando han forzado a estos agentes a salir de las manifestaciones ya que se cree que pueden tener vínculos con el régimen.
Por otro lado, Sánchez ha experimentado manifestaciones seguras en Caracas debido justamente a la presencia de agentes de seguridad en las calles, quienes escoltan a los manifestantes. Ella es consciente que el caso de Caracas no es igual al del resto del país, donde la represión del régimen es más visible que en la capital.
El régimen todavía no ha encarcelado a ningún manifestante de las protestas diarias de 2023, sin embargo, todavía no ha liberado al profesor de educación física, Robert Franco, encarcelado en diciembre de 2020 por protestas previas. El régimen sostiene que Franco participó en un boicot para evitar la posesión del Congreso más reciente —de mayoría chavista—. Dos años más tarde, Franco todavía no tiene juicio.
Lo que piden los trabajadores
Además de mejores salarios, los trabajadores salen a las calles por “la libertad y la democracia del país”, como dice Carmen Márquez, presidente de la Federación Venezolana de Maestros. Mendoza, Oropeza y Sánchez están de acuerdo en que el régimen ha llevado a la crisis actual debido a sus fallidas propuestas económicas. Para nuestros entrevistados, la solución empieza con elecciones transparentes y recuperar las libertades civiles.
Los trabajadores, principalmente del sector público, están pasando momentos duros e intentando sobrevivir debido a sus salarios bajos en comparación con la canasta básica, gasolina y otro bienes. Cualquiera que sea sus salarios, los trabajadores se enfrentan al aumento estrepitoso de la inflación que rápidamente socava su poder adquisitivo. Mendoza dice que únicamente incrementar el salario mínimo no solucionará el problema, en su lugar, es como una cura temporal.
Sánchez, presidente de Fordisi, explica que los trabajadores están pidiendo al régimen de Maduro que anexe sus salarios al costo de la canasta básica. Ella dice que anexar sus salarios va de la mano con el artículo 91 de la Constitución venezolana: “Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales…. El Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras del sector público y del sector privado un salario mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica”.
Los sindicatos de profesores están pidiendo un aumento en sus salarios a $600 y que sean pagados en dólares para aliviar el sufrimiento de la inflación venezolana. Sánchez sostiene que esto sería una “gran mejora” porque la economía venezolana ya está dolarizada, aunque esto sea informalmente.
La Federación Venezolana de Maestros —un sindicato de maestros conformado por 27 sindicatos locales— emitió una declaración el 15 de febrero, culpando al Ejecutivo de abandonar el diálogo con los profesores en diciembre de 2022. Esta declaración también impulsaba al régimen a negociar con los trabajadores para solucionar el problema de los bajos salarios y la falta de atención médica para trabajadores del sector público.
Los maestros también están exigiendo una mayor cobertura para gastos funerarios en caso de sus propias muertes. Oropeza y Sánchez dicen que los maestros están pidiendo esto porque han habido recientes tragedias en las que profesores han fallecido y sus familias no han podido pagar por servicios funerarios. Las familias no han podido despedir ni homenajear a sus difuntos.
Cómo el régimen ha respondido
El régimen chavista ha permanecido en silencio sobre las protestas diarias, tampoco ha brindado explicaciones sobre sus razones para abandonar las mesas de diálogo con los trabajadores para subirles el sueldo. Sin embargo, ha reaccionado con (1) una ley que busca reemplazar a profesores con estudiantes y (2) la suspensión de trabajadores públicos que protesten.
El Congreso, dominado por la mayoría chavista, aprobó el 9 de febrero una ley para que bachilleres reemplacen a los profesores en los niveles más tempranos de educación. En una rueda de prensa el 23 de febrero, Maduro firmó haciéndola oficial: “Esta ley le abre las puertas a los derechos democráticos, la participación y la toma de decisiones en el país a los estudiantes”.
Mendoza y Sánchez, involucrados en los sindicatos, sostienen que la ley es inconstitucional ya que los estudiantes no deberían servir de profesores. Ellos dicen que la ley recientemente aprobada viola el artículo 104 de la Constitución, que establece que “ La educación estará a cargo de personas de reconocida moralidad y de comprobada idoneidad académica”. La Constitución, sin embargo, no clarifica lo que significa “la comprobada idoneidad académica”.
Sánchez dijo al Impunity Observer que ella cree que Maduro aprobó esta ley para distraerlos de sus objetivos. Estos son: hacer que el mundo conozca los salarios de hambre y lograr un verdadero cambio para los trabajadores del sector público.
Oropeza y Sánchez han visto suspensiones de los profesores y otros trabajadores del sector público por participar en manifestaciones. Esta es una forma para evitar que los trabajadores reciban sus salarios. Todos nuestros entrevistados afirman que esta es una forma de socavar las protestas y la libre expresión de los trabajadores. Sánchez cree que el régimen usa las sanciones para asustarlos y llevarlos a la autocensura, evitando así que se levanten en defensa de sus principios.
De acuerdo a las observaciones de Oropeza, el régimen de Maduro trabaja de cerca con los Consejos Comunales —similares a los Comités de Defensa de la Revolución de Cuba— para identificar a los disidentes. En junio de 2022, el régimen suspendió los salarios a más de 3.000 profesores por manifestarse. Aunque los datos más recientes no estén disponibles, los números serían significativamente más altos debido a la consistencia y el crecimiento de las protestas.
Cómo los trabajadores sobreviven a los bajos salarios en Venezuela
Para proveer a sus familias, los trabajadores del sector público venezolano deben buscar otros trabajos e ingresos informales en sus tiempos libres. Según la experiencia de Mendoza, la mayoría de profesores salen a las calles a vender lo que sea que consigan en su intento por comprar comida para sus familias.
Oropeza le contó al Impunity Observer que los trabajadores en Venezuela usualmente no tienen otra opción que no sea comer comida poco saludable. Esta tiene precios bajos pero poca proteína o valor nutricional. La carne de res, por ejemplo, cuesta alrededor de $10 por kilogramo, casi el doble del salario mínimo. Los productos populares en las familias venezolanas con pocos ingresos usualmente incluyen maíz, arroz, pan y tubérculos. Consecuentemente, el Índice de Hambruna Global ha identificado un aumento en la tasa de desnutrición de 11% en 2014 a 22.2% en 2022.
Un reporte de Naciones Unidas de 2020, con los últimos datos disponibles, asegura que 74% de las familias venezolanas tuvo que reducir la variedad y calidad de los alimentos que consumían por mantener la cantidad. El mismo reporte halló que 33% de los hogares han acordado trabajar por comida y 20% había vendido sus pertenencias para poder comprar más comida.
La maestra Leidy Mendoza, por ejemplo, dijo en televisión en febrero que su salario era 250 bolívares, que equivale a menos de $11. Ella asegura que su salario mensual solo le alcanza para llenar la mitad del tanque de combustible de su auto y ningún otro gasto. De acuerdo con nuestros entrevistados, esta es una situación común entre los trabajadores del sector público en Venezuela.
De acuerdo a ANOVA, una consultora con sede en Caracas, 24,3% de los hogares venezolanos reciben remesas. Según Oropeza, esta es otra manera que ayuda a los venezolanos a sobrevivir con salarios bajos, aunque usualmente no son suficientes. El análisis de ANOVA asegura que los hogares venezolanos reciben un promedio de $65 al mes en remesas.
La situación de los trabajadores venezolanos es miserable por sus salarios bajos y la profunda crisis económica que atraviesa el país debido a las políticas del régimen. Los venezolanos han tenido que obtener soluciones “innovadoras” para poder mantener a sus familias, como tener múltiples trabajos o vender lo poco que tienen. Las tasas de desnutrición en Venezuela han ido aumentando debido a la incapacidad de las familias de comprar proteínas, que valen más que el salario mensual de trabajadores del sector público. Dado que no hay respuesta del régimen, no parece haber resoluciones en el horizonte.
