Cuando uno conversa, discute, debate, enfrenta o compara opiniones sobre el 5 de abril de 1992, es interesante leer, escuchar y ver los numerosos argumentos que se usan de un lado, del otro y al medio también. Es interesante cuando unos dicen que “era necesario”, mientras otros sostienen que “era necesario… pero” y los del extremo opuesto mencionan que “no era necesario” un 5 de abril de 1992.
Si bien es cierto que cada quien piensa y dice lo que le parece, no se puede mentir tanto en todos los extremos y aún en aquellos que al no tener una definición propia, dicen “pero” a cualquier comentario, sabiendo bien adentro de uno mismo, que es a favor, o en contra, porque no hay “peros que valgan”.
Wikipedia, que no es un partido político por si acaso, resume lo siguiente:
“El autogolpe de Estado de Perú de 1992 (conocido a veces como el Fujimorazo) fue un golpe de Estado propiciado el domingo 5 de abril del año mencionado por el entonces presidente del Perú, Alberto Fujimori, con el respaldo de las Fuerzas Armadas”.
Pero esa explicación es muy limitada, poco centrada, bastante inclinada a poner un adjetivo.
Entonces es mejor leer lo que dijo Fujimori para cambiar la historia política del Perú:
“Compatriotas: Durante estos veinte meses mi Gobierno se propuso la construcción de una democracia real, de una democracia que garantizara efectivamente la participación, en igualdad de condiciones, de todos los ciudadanos, en la que no haya lugar para el privilegio y la prebenda; y que realmente nos permitiera vencer, en el mediano plazo, el atraso, la miseria, la falta de oportunidades, la corrupción y la violencia.
Como muchos peruanos he pensado que ésta era quizá la última oportunidad para que el Perú fuera al encuentro de su destino. Algunos resultados positivos e indiscutibles se aprecian ya en este primer tramo de mi gobierno, ellos son el resultado de la disciplina y el orden con que se han manejado los asuntos nacionales y de la actitud responsable y sacrificada del pueblo peruano. Allí están la reinserción de nuestro país en el ámbito financiero internacional, el paulatino control de la hiperinflación y el clima de confianza y estabilidad logrados.
Pero hoy sentimos que algo nos impide continuar avanzando por la senda de la reconstrucción nacional y el progreso. Y el pueblo del Perú sabe la causa de este entrampamiento, sabe que no es otro que la descomposición de la institucionalidad vigente. El caos y la corrupción, la falta de identificación con los grandes intereses nacionales de algunas instituciones fundamentales, como el Poder Legislativo y el Poder Judicial, traban la acción de gobierno orientada al logro de los objetivos de la reconstrucción y el desarrollo nacionales.
A la inoperancia del Parlamento y la corrupción del Poder Judicial se suman la evidente actitud obstruccionista y conjura encubierta contra los esfuerzos del pueblo y del gobierno por parte de las cúpulas partidarias. Estas cúpulas, expresión de la politiquería tradicional, actúan con el único interés de bloquear las medidas económicas que conduzcan el saneamiento de la situación de bancarrota que, precisamente, ellas dejaron.
Igualmente, hay grupos a quienes interesa que fracase la Estrategia de Pacificación porque no se atreven a tomar posición clara frente al terrorismo. Los encarnizados adversarios políticos de ayer se unen hoy en el propósito de impedir el éxito de la gestión de gobierno, sin importarles el futuro del país. Detrás de esta innoble alianza se encuentra el interés común por recuperar el espacio político perdido.
En la lucha contra el narcotráfico, el Parlamento ha mostrado debilidad e inconsecuencia. Esto se ve claramente en su posición frente a la legislación propuesta por el Ejecutivo para sancionar el lavado de dinero, para permitir levantar el secreto bancario, para sancionar la compra y venta de bienes provenientes del tráfico ilícito de drogas y para sancionar a servidores y funcionarios públicos que incurran en actos de encubrimiento de narcotraficantes.
Todas estas medidas planteadas por el gobierno, mediante Decreto Legislativo N° 736, fueron derogadas por el Congreso sin la menor explicación y sin pensar que de esta manera se dejaba al país desarmado para sancionar con la dureza necesaria a quienes delinquen con el tráfico de drogas.
La actitud irresponsable y negativa de los parlamentarios no respeta, tampoco, los mandatos constitucionales, los cuales son violados conscientemente. Tal es el caso de la promulgación de la Ley N° 25397, denominada Ley de Control Parlamentario sobre los actos normativos del Presidente de la República que pretende maniatar a éste, recortándole atribuciones elementales para gobernar. Esto en aspectos tan importantes como la política económica o la lucha antiterrorista, cuando se niega al Presidente la facultad de señalar cuáles son las zonas de emergencia.
Sin el menor respeto por las facultades presidenciales consignadas en nuestra Constitución, incluso se pretende negarle la posibilidad de observar en todo o en parte la Ley Anual de Presupuesto. Este exceso demagógico y obstruccionista ha conducido a un grave déficit presupuestal que podría hacer rebrotar la hiperinflación si no se toman urgentes medidas correctivas.
Incurriendo en un acto que arremete y ofende a un país que vive grandes dificultades económicas, el Congreso ha elevado, groseramente, su presupuesto y extendido, indebidamente, las cédulas vivas a ex
parlamentarios. Esta actitud demuestra la total indiferencia del Parlamento ante el reclamo de austeridad, eficacia y seriedad en el trabajo legislativo, que ha hecho innumerables veces el ciudadano común y corriente.
Son muchas las sesiones parlamentarias que se han frustrado porque el Hemiciclo no contaba con quórum. Así, muchos proyectos de ley, importantes para la marcha del país, quedan encarpetados por irresponsabilidad, desidia, holgazanería de los mal llamados “Padres de la Patria”.
El pueblo del Perú, las grandes mayorías, reclaman que las energías nacionales sean canalizadas, orientadas y administradas, por instituciones eficientes comprometidas con el supremo interés de la nación. Por eso su rechazo permanente a un parlamentarismo irresponsable, estéril, antihistórico y antinacional, que hace prevalecer el interés de grupos y cúpulas partidarias sobre el del Perú. El país quiere un Parlamento conectado con las grandes tareas nacionales, despojado de los vicios del caciquismo político y del clientelismo.
La administración de justicia ganada por el sectarismo político, la venalidad y la irresponsabilidad cómplice, es un escándalo que permanentemente desprestigia a la democracia y a la ley. El país está harto de esta realidad y desea soluciones. Quiere un sistema de administración de justicia eficaz y moderno, que constituya plena garantía para la vida ciudadana. No quiere más feudos de corrupción allí donde debiera reinar una moral intachable.
Entre algunos ejemplos de cómo funciona la justicia en el país, baste con mencionar la liberación inexplicable de narcotraficantes, o el trato notoriamente parcial que les es dispensado a los mismos, o la masiva puesta en libertad de terroristas convictos y confesos, haciendo mal uso del llamado criterio de conciencia. Hay que contrastar, pues, la sospechosa lentitud con que se llevan los procesos seguido por los ciudadanos de escasos recursos y la diligencia inusual con la que se tratan los casos de gentes con influencia y poder. Todo esto hace escarnio de la justicia.
La corrupción y la infiltración política han llegado a tal grado que ésta se da en todos los niveles e instancias del Poder Judicial. En el Perú la justicia siempre ha sido una mercancía que se compra o se vende al mejor postor. No negamos que existen jueces y fiscales honestos y probos. A ellos debemos rescatarlos, destituyendo de una vez por todas a los corruptos.
El proceso de regionalización fue una gran esperanza para los pueblos del Perú, pero nació contaminado por los vicios del sistema político tradicional y en lugar de ser hoy solución, es un multiplicado problema pues se han generado minicentralismos regionales y una nueva frustración nacional. Frondosas burocracias, hambrientas de poder y de recursos fiscales, se han instalado en la mayoría de los gobiernos regionales y están reproduciendo todos los vicios y taras del viejo centralismo limeño. Nada nuevo hay en su concepción de cómo deben emplearse los dineros del pueblo y la nación, pues, en vez de privilegiar el gasto en obras necesarias, dan prioridad al dispendio y al gasto improductivo. Y esto no puede permitirse.
Nadie duda que el Perú no puede continuar postergando indefinidamente cambios socioeconómicos fundamentales. Es por ello que, hoy más que nunca, el Perú necesita, no un parche o una reforma parcial, sino una profunda transformación. El Perú no puede continuar debilitándose por obra del terrorismo, el narcotráfico, la corrupción. Tenemos que robustecerlo por la vía de una modificación radical de las estructuras del país. No podemos esperar tres años más para que lleguen al Parlamento ciudadanos identificados con los reales intereses del pueblo. No podemos esperar, tampoco, un día más, para llevar adelante la reorganización total del Poder Judicial.
EL Perú se ha jugado en estos veinte meses su destino, pero se lo seguirá jugando en el futuro pues la reconstrucción del país recién empieza. El gobierno es consciente de la necesidad histórica de eliminar todas las resistencias y frenos a este proceso de reconstrucción. Si el país no se reconstruye ahora, si no se sientan las bases del desarrollo nacional, no hay garantía posible para el bienestar de los peruanos como colectividad civilizada, como Estado.
Nuestro objetivo es lograr, tras la reconstrucción, una sociedad próspera y democrática. La actual formalidad democrática es engañosa, falsa; sus instituciones sirven a menudo los intereses de todos los grupos privilegiados.
Es cierto que la propia Constitución prevé los mecanismos para su modificación, pero es igualmente cierto que para que ello suceda se necesitan dos primeras legislaturas ordinarias consecutivas, lo que vendría a significar que, casi al término del presente mandato, recién contaríamos con los instrumentos legales necesarios para la reconstrucción general del Perú. Y ello si el Congreso se decide a aprobar las modificaciones necesarias, incluyendo aquellas que son contrarias a los intereses de los propios parlamentarios, como por ejemplo, la reducción de sus emolumentos o la no-reelección.
¿Cuál es la institución o mecanismo que permitiría realizar todos los cambios profundos que a su vez hagan posible el despegue del Perú? Sin lugar a dudas ni el Parlamento, ni el Poder Judicial son hoy por hoy agentes de cambio, sino más bien freno a la transformación y el progreso.
Como Presidente de la República, he constatado directamente todas estas anomalías y me he sentido en la responsabilidad de asumir una actitud de excepción para procurar aligerar el proceso de esta reconstrucción nacional, por lo que he decidido tomar las siguientes trascendentales medidas.
1. Disolver temporalmente el Congreso de la República, hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo, la que se aprobará mediante un plebiscito nacional.
2. Reorganizar totalmente el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales, y el Ministerio Público para una honesta y eficiente administración de justicia.
3. Reestructurar la Contraloría General de la República con el objeto de lograr una fiscalización adecuada y oportuna de la administración pública, que conduzca a sanciones drásticas a los responsables de la malversación de los recursos del Estado.
Reitero que como ciudadano elegido por las grandes mayorías nacionales, sólo me anima el deseo de lograr la prosperidad y la grandeza de la nación peruana. Y ello sólo será posible a través de una profunda transformación del Estado y sus instituciones, para que éstas se constituyan en verdaderos
motores del desarrollo y la justicia social.
En consecuencia, la continuidad gubernamental se dará transitoriamente a través de un Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional, cuyos principales objetivos son los siguientes:
a. Modificar la actual Constitución Política en lo que atañe al logro de una nueva estructura del Congreso y del Poder Judicial, con el fin de convertir a éstos en eficaces instrumentos de orden y desarrollo. En lo que concierne al primero, establecer un Poder Legislativo moderno, identificado con los intereses del país y que se renueve periódicamente.
b. Moralizar radicalmente el Poder Judicial y las instituciones ligadas a él.
c. Modernizar la administración pública para adecuarla a los fines del desarrollo y la mejor y más racional utilización de los recursos.
d. Pacificar el país, dentro de un marco jurídico que sancione en forma drástica a los terroristas y narcotraficantes, para así garantizar un clima de paz y tranquilidad que haga posible las inversiones nacionales y extranjeras.
e. Luchar frontalmente contra el narcotráfico y las actividades ilícitas conexas y lograr la eliminación de los casos aislados de inmoralidad y corrupción en las fuerzas del orden y otras instituciones.
f. Sancionar ejemplarmente todos los casos de inmoralidad y corrupción en la administración pública.
g. Promover la economía de mercado dentro de un marco jurídico que dé seguridad y fomente la eficiencia y competitividad de los agentes económicos.
h. Reorganizar el Sistema Educativo adaptándolo a las necesidades del desarrollo, fomentando la creación de una conciencia patriótica y promoviendo la construcción masiva de centros escolares, para de esta
manera, paralelamente, generar empleo.
i. Descentralizar las facultades del Gobierno Central mediante un proceso de regionalización que reduzca la burocracia y el número de diputados regionales.
j. Elevar a mediano plazo, sustancialmente, los niveles de vida de la población, creando las condiciones para una plena realización de la persona humana.
En tanto se mantenga esta situación de transitoriedad, quedan en suspenso los artículos de la Constitución que no sean compatibles con estos objetivos de gobierno. Así, la función legislativa será asumida por el Consejo de Ministros, el mismo que queda facultado para expedir decretos leyes. Por otro lado, se creará en el más breve plazo posible una comisión para la reorganización total del Poder Judicial.
Asimismo, próximamente se nombrará una comisión, que será integrada por connotados juristas, para que elabore un proyecto de reforma constitucional con el fin ya expresado de adecuar nuestra Carta Magna a los fines del desarrollo, la modernización y la pacificación del país. En su oportunidad se convocará a un plebiscito nacional para la aprobación de esta reforma.
Todo cambio social verdadero debe tener como eje a la juventud pero una juventud llena de mística nacionalista. Este es un país de jóvenes y es la juventud la que va a decidir el futuro. La juventud es la capa más sensible, idealista y honesta de la población. Hay que evitar que se contamine con la droga, el fanatismo o la frustración. Su energía debe ser el gran combustible de la transformación nacional.
Los jóvenes van a comprender que de lo que se trata es de sembrar un nuevo país y acabar con el viejo y podrido orden de los políticos, jueces y autoridades corruptas que impiden la verdadera democracia. De tal manera que los destinos de la República se rijan por los verdaderos intereses nacionales y no por formalismos seudo democráticos que solo han contribuido a frenar el progreso del país.
El Perú tiene una sola salida: La reconstrucción nacional. Nada va a cambiar si ésta no se produce y si a la vez no se asegura la voluntad de cambio, el ansia de renovación del pueblo, que no sea boicoteada por el parlamentarismo estéril, por jueces y funcionarios corruptos.
El país debe entender que la suspensión temporal y parcial de la legalidad existente, no es la negación de la democracia real sino, por el contrario, es el punto inicial de la búsqueda de una auténtica transformación que asegure una democracia legítima y efectiva; que permita a todos los peruanos convertirse en constructores de un Perú más justo, más desarrollado y respetado en el concierto de las naciones.
Como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, he dispuesto que éstas tomen inmediatamente las acciones pertinentes a fin de garantizar las medidas anunciadas y cautelar el orden y la seguridad ciudadanas”.
¿Fue un autogolpe? ¿Se trató de una destruccion de la Democracia? ¿Hubo intenciones de cambiar el país para enrumbarlo correctamente?
Esas son las preguntas que merecen respuestas individuales, de cada uno y no arengas políticas, palabras destructivas, llenas de odio -de un lado y del otro-, para justificar posiciones ideológicas. Y es en base a este primer documento del gobierno de Fujimori (a partir del 5 de abril) que se deben hacer los contrastes y los juicios de valor.
¿Qué piensas?
