Pronunciamiento de la Junta Nacional de Justicia: acusación constitucional en el Congreso de la República

Transcribimos textualmente un comunicado de la Junta Nacional de Justicia, referido a una acusación constitucional presentada por el congresista Jorge Montoya, vocero de la bancada Renovación Popular,  denuncia dirigida contra los siete miembros de la Junta Nacional de Justicia JNJ por una decisión que tomaron en el 2020 y por la cual el Congreso acordaría pedir que sean destituidos de sus cargos.

“La acusación es contra Imelda Tumialán Pinto, Aldo Vásquez Ríos, Henry Avila Herrera, Antonio De La Haza Barrantes, María Zavala Valladares, Guillermo Thornberry Villarán y Luz Tello De Ñecco por supuestamente haber vulnerado artículos de la Constitución y haber cometido delitos. Jorge Montoya señala que los miembros de la JNJ cometieron un acto ilícito al publicar el 23 de octubre del 2020 una resolución para supuestamente favorecer de forma indebida a una sus integrantes, Inés Tello, para que permanezca en las filas de la junta pese a tener más de 75 años” reseña el diario El Comercio.

El texto completo a continuación:

Hoy se ha presentado en el Congreso de la República una acusación constitucional contra los siete miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), atribuyéndonos dos infracciones constitucionales y diversos delitos. Todo ello en virtud de un acuerdo del Pleno de la JNJ de 2020, mediante el cual se estableció, como criterio, que el ordenamiento jurídico determina límite de edad para acceder a ser miembro de este órgano constitucional autónomo, más no como límite de mandato o designación o como causal de cese o vacancia en ese cargo.

La decisión adoptada se produjo en observancia estricta de la Constitución y de la Ley Orgánica de la JNJ. En efecto, el artículo 155° de la carta magna establece que “La Junta Nacional de Justicia está conformada por siete miembros titulares seleccionados mediante concurso público de méritos, por un período de cinco años”. Asimismo, la citada ley orgánica, en su artículo 7°, señala que “El cargo de miembro de la Junta Nacional de Justicia tiene una duración de cinco años”. La Constitución no precisa causales de vacancia de los miembros, habiéndolas consignado expresamente el legislador en dicha Ley Orgánica, sin que entre ellas figure una causal vinculada al límite de edad.

Estando los miembros de la JNJ bajo el régimen laboral de la Ley del Servicio Civil, se solicitó en su oportunidad la opinión técnica de SERVIR, ente rector de la administración de personal público en el Perú, el mismo que se pronunció señalando lo siguiente: “De las causales establecidas en el artículo 18 de la LOJN no se advierte ninguna relacionada a la edad del miembro de la Junta Nacional de Justicia. Por tanto, el rango etario señalado en el numeral 3 del artículo 156 de la Constitución Política representa una condición de acceso al cargo, más no un límite que acarree la vacancia del mismo”.

En los próximos días deberá votarse una acusación constitucional contra una ex Fiscal de la Nación. De igual forma se han presentado en el Congreso de la República iniciativas que podrían conllevar al control político de las autoridades del sistema electoral. También está en giro una propuesta de modificación constitucional que propone reducir el número de votos para la remoción de los integrantes de la JNJ.

Los miembros de la JNJ somos respetuosos de los procedimientos parlamentarios. No obstante, en armonía con las recientes recomendaciones dirigidas al Estado peruano por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe del 23 de abril último, nos permitimos invocar a la representación nacional, al igual que a todos los poderes públicos y organismos constitucionales autónomos, contribuir en “reforzar y fortalecer la confianza de la ciudadanía en el Estado a partir de la separación e independencia práctica, real y efectiva de los poderes públicos, entes de control y del Sistema Electoral”.