Este 7 de julio, a las 10 hrs de Ginebra y 3 hrs de Perú, uno de los miembros de la misión del Perú en la ONU se presentará ante el Consejo de Derechos Humanos para responder al Examen Periódico Universal. ¿Para qué? Para como bien lo dice su nombre, pasar una evaluación ante este organismo internacional sobre cómo ha avanzado el país en dicha materia según el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Este “examen” se pasa cada 4 años. Y el Perú debe responder, ante todo a las“recomendaciones” que han hecho los países miembros y dirá cuáles de estas recomendaciones acepta y cuáles no. Hay varios puntos más que preocupantes en dichas recomendaciones que buscan cambiar la legislación nacional, además de promover agendas ideológicas.
Para tomar este examen, el Consejo de Derechos ha recibido:
1. Un informe del Estado peruano
2. Un informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
3. Un resumen de las comunicaciones de las partes interesadas sobre el Perú (que es un conjunto de entidades públicas y ONGs locales e internacionales progresistas).
Sobre esta información, el Grupo de Trabajo elabora un borrador con un resumen del informe del Estado peruano y sus “avances” en materia de derechos humanos y recibe las “recomendaciones” de otros estados.
Este es el documento que vamos a analizar en esta nota:
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G23/036/20/PDF/G2303620.pdf?OpenElement
En total han sido recogidas 202 recomendaciones. La gran mayoría no responden, claramente, a nada de lo que dice el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por ejemplo, dos países (Noruega y el Reino Unido de los Países Bajos) piden que se derogue la Ley 31498 que garantiza la calidad de los materiales educativos y otorga a los padres de familia el derecho de conocer y opinar sobre el material que reciben sus hijos en el colegio. Este pedido se está sustentado, entre otros, en la opinión que dio la Defensoría del Pueblo en su informe donde dice que (literalmente): “La DdPP observó como una amenaza la aprobación de la Ley núm. 31498, que permitía a la injerencia familiar en los contenidos”. Resulta muy llamativo que se califique de “injerencia familiar” la participación de uno de los actores fundamentales en la educación de los niños: sus padres. Por otro lado, ¿puede un organismo internacional pedir al Ejecutivo (que es el poder del Estado que ha presentado por el Perú el informe mencionado más arriba) pase por encima de la independencia de poderes y derogue una ley promulgada por el Legislativo?
Otro tópico materia de recomendación es el aborto. Siete países piden que se despenalice o legalice bajo cualquier circunstancia (Finlandia, Estonia, Noruega, Reino Unido, Irlanda, Grecia, Islandia y Alemania). Del mismo modo, hay mucho interés en que se garantice los llamados servicios de salud sexual y reproductiva, lo cual incluye el aborto, en 6 ocasiones. Con lo cual, sumadas a las del punto anterior, son 13 recomendaciones a favor de esta práctica.
Por otro lado, analizamos algunos datos que son indicativos de la línea empujan las recomendaciones. Hay 29 recomendaciones referidas al enfoque de género: 21 sobre políticas públicas y 8 que instan a aprobar nueva legislación. Hay al menos 15 recomendaciones sobre derechos LGTBI y Trans. Para tener una idea del sesgo ideológico, hay una (1) recomendación sobre erradicación de la pobreza, cuatro (4) sobre agua y saneamiento, una (1) sobre de vivienda y una (1) sobre seguridad alimentaria. No hay ni una sola mención a la seguridad ciudadana que, según las encuestras es uno de los problemas que más preocupan a los peruanos. Hay al menos 48 menciones al género y menos de la mitad a la discapacidad. La palabra “hombre” solo se menciona 6 veces y cuando lo hacen es solo en relación a la paridad o a la igualdad con la mujer. Aunque de igualdad y paridad el documento no tiene mucho porque la palabra “mujer (es)” se repite casi 60 veces. Solo hay una recomendación para promover la familia. Y varias recomendaciones para “formar” jueces y fiscales en género.
Entre las recomendaciones también se pide que se ratifiquen tratados internacionales algunos de los cuales el Perú ya rechazó con los mecanismos constitucionales en el Congreso como es, por ejemplo, el Acuerdo de Escazú. También llama poderosamente la atención que se pida, explícitamente, que se garantice la permanencia de Jorge Luis Salas Arenas al mando del Jurado Nacional de Elecciones, brindándole protección y garantías. Aquí cabe resaltar que en la presentación del informe por parte del Perú, como parte de la delegación de casi 20 personas, asistió el mismo Salas Arenas. ¿Qué tiene que ver esto con el Pacto en cuestión? Finalmente hay al menos 27 menciones al tema de las protestas tras el intento de golpe de Pedro Castillo. Bien elocuente, por decir lo menos, son las menciones reiteradas a quitarle poder a la Policía y las Fuerzas Armadas para “prevenir el uso excesivo de la fuerza”.
Además de conocer el tipo de recomendaciones que ha recibido el Perú, es importante que la ciudadanía sepa qué va a decir el Estado peruano a este organismo internacional. ¿Va a acatar todas las recomendaciones a pesar de que muchas de ellas buscan pasar por encima de las facultades legislativas del Congreso? ¿Qué va a hacer ante un nuevo intento por empujar la aprobación del Tratado de Escazú? ¿O la recomendación para derogar leyes democráticamente aprobadas? ¿En qué parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se habla de género, aborto, derechos sexuales y reproductivos? ¿Es un Consejo de Derechos Humanos o de Neo-Derechos ideológicos? ¿Va a dejar que vulneren nuestra soberanía?
Quienes nos representan como país ante este Consejo de Derechos Humanos, antes de pasar un “examen” de la ONU, deberían velar por representar las necesidades y preocupaciones reales de la mayoría de la población a la que se deben según nuestro sistema democrático. Ojalá algún congresista tome cartas en el asunto y cumpla con su función fiscalizadora ante las autoridades pertinentes.
∗Directora de Origen – Vanguardia y cambio cultural
Nota de Redacción: “El Examen Periódico Universal (EPU) es un proceso único que implica una revisión de los historiales de derechos humanos de todos los Estados miembros de la ONU. El EPU es un proceso impulsado por los Estados, bajo los auspicios del Consejo de Derechos Humanos, que ofrece la oportunidad de que cada Estado declare qué medidas ha adoptado para mejorar la situación de los derechos humanos en sus países y para cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos”.
Más información en https://www.ohchr.org/es/countries/peru
