De acuerdo al reciente Informe Económico de la construcción (IEC #66) de CAPECO, la construcción acumuló su cuarto mes consecutivo a la baja en abril del 2023, como se había previsto. Según el INEI, el sector decreció 5.1% en el cuarto mes del año, debido al resultado obtenido en el avance de obra pública (+30.7%) que no contrarrestó la disminución de 16.1% en el consumo de cemento, “la peor performance de este indicador desde el -32.8% experimentado en junio del 2020, en plena emergencia por la pandemia del COVID-19″ comenta Guido Valdivia, director ejecutivo del gremio.
El representante de CAPECO sostiene que las empresas de la construcción han presentado una tendencia negativa en su nivel de operaciones en lo que va del año. “En la encuesta del IEC 64 se detectó una contracción de 3.6% en el bimestre enero-febrero del 2023 respecto a igual periodo del año precedente. El sondeo efectuado para la presente edición ha registrado una baja de 2.0% en dicho indicador, lo que se explica principalmente por la caída de 6.4% en el segmento de promotores inmobiliarios y de 3.0 en el de proveedores” añade.
En cuanto a la inversión privada, existe un total consenso respecto a que ésta se reducirá en el 2023: el BCRP ha estimado en su reporte de junio que se contraerá 2.5%, cuando en marzo sostenía que la caída iba a ser de 0.5%, cifra que también reportó el MEF en su revisión del Marco Macroeconómico Multianual que presentó en abril. “Todas las consultoras independientes han modificado recientemente sus pronósticos, asumiendo que la contracción de este indicador será mayor al que ellas mismas estimaron hace algunos meses: las tasas fluctúan entre -2.3% y -5.0%. Cabe señalar que el instituto emisor ha calculado que la inversión privada se contrajo alrededor de 12% en el primer trimestre del 2023”, enfatiza Valdivia.
Sobre el otorgamiento de préstamos hipotecarios para vivienda ha disminuido en 24.7% entre enero y abril respecto a igual periodo del 2022, motivado principalmente por la drástica caída de 37.3% en los préstamos concedidos por las entidades financieras con sus propios recursos y pese a la recuperación que han experimentado las operaciones fondeadas por Mivivienda S.A. que se incrementaron en 7.4%. En mayo se desembolsaron 1,151 préstamos a través del Fondo Mivivienda, lo que implica un incremento de 19.0% respecto al mismo mes del año pasado y una caída de 18.5% en comparación con abril del 2023.
Por el lado de la minería, la más reciente estimación del BCRP apunta a que la inversión en este sector decrecerá en 18.9% este año, 2.2 puntos porcentuales más de la proyección que esta entidad efectuó en marzo. En los primeros cuatro meses del 2023 se invirtieron 1,170 millones de dólares, es decir 19.1% en relación con igual periodo del año precedente. La inversión minera también se contrajo en el 2022 (5.5%), por lo que la caída acumulada del trienio 2022-2024 sería de 19.6% respecto a 2019-2021.
Con respecto al Fenómeno del Niño, CAPECO reitera que es necesario priorizar inversiones e intervenciones para prevenir y mitigar los efectos de este fenómeno, atender a la población y a las actividades afectadas durante la emergencia y organizar una adecuada estrategia de reconstrucción de la infraestructura. “Dado el corto tiempo que quedaría para que este evento se produzca, sugeríamos medidas puntuales y de rápida implementación para fortalecer la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios – ARCC, entidad que se encuentra trabajando un importante conjunto de proyectos que buscan satisfacer estos objetivos y que se localizan en las doce regiones que serían más impactadas por un eventual fenómeno El Niño. Sin embrago, ni la creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) ni la nueva Ley de Contrataciones del Estado (LCE) garantizan el éxito del urgente e indispensable proceso de modernización de la gestión integral de infraestructuras, lo que exige una reforma de más largo alcance” remarca Valdivia. (Ver ANEXO 1)
Para CAPECO, es urgente que el Ministerio de Vivienda ejerza su atribución de ente rector nacional en materia de urbanismo y desarrollo urbano, para promover la vivienda social en todas las áreas urbanas en las que sea posible, y muy especialmente en los distritos de estratos medios y medio-altos de Lima y de las principales ciudades del Perú. “Es urgente que el Ministerio asegure la disponibilidad de los recursos necesarios para maximizar los niveles de operación de los programas Techo Propio y Mivivienda, y que disponga la actualización simultánea de precios máximos de las viviendas y valores de subsidios en estos programas para evitar que el incremento de los costos de construcción y de las tasas de interés se constituya en una barrera infranqueable para los hogares de menores ingresos”, detalla el gremio.
El director ejecutivo de CAPECO enfatiza en que es indispensable que el Ministerio de Vivienda apruebe al más breve plazo las modificaciones al Reglamento para adecuarlo al mandato del Tribunal Constitucional en su sentencia, de manera que no se afecte a los ciudadanos que han creído en la promesa del Estado de ayudarlos en su esfuerzo de ahorro e inversión para acceder a una vivienda adecuada y asequible. “Es clave conocer la situación actual de la política habitacional y las consecuencias que podría acarrear no encontrar una solución apropiada y rápida a los desafías identificados. Por ejemplo, en el año 2022 se vendieron 8,303 viviendas sociales nuevas en Lima Metropolitana, constituyendo el 46.5% del total de viviendas vendidas en la capital. De ese total, apenas 627 se construyeron en Lima Top. Además, alrededor del 70% de las viviendas vendidas en el rango de precios de 232,401 a 464,200 soles entre octubre 2022 y marzo 2023, fueron financiadas con recursos de Mivivienda, proporción que apenas llegaba a 36% en el periodo marzo – agosto 2021, entre otros datos” finaliza Valdivia. (Ver ANEXO 2).
