Los turbios intentos de las instituciones descaradamente politizadas de la justicia estadounidense para impedir la candidatura presidencial de Donald Trump están afectando negativamente a la política exterior de los Estados Unidos. El mundo entero ve las farsas judiciales contra el expresidente y observa cómo Estados Unidos gestiona sus elecciones.
Por ejemplo, Guatemala acaba de celebrar elecciones el 25 de junio. Rápidamente se vieron envueltas en controversias legales. El gobierno estadounidense ha declarado su interés en el asunto (el Departamento de Estado y la Embajada), expresando su preocupación por las mismas cosas que aquejan a las elecciones estadounidenses.
Este es el problema para el país que se presenta como el líder del mundo libre. Uno esperaría que Estados Unidos tuviera credibilidad para hablar de la importancia de unas elecciones libres y justas, así como de unas instituciones gubernamentales transparentes y responsables para implementar las políticas de cada gobierno legítimamente elegido, dentro de los límites de la Constitución estadounidense.
Solíamos tener eso y era la esencia de nuestro poder blando: nuestra capacidad para lograr resultados deseados a través del convencimiento en lugar de la coerción. Ya no lo tenemos, lo hemos tirado por la borda.
En la última década, Estados Unidos ha dilapidado este otrora enorme capital político. Viendo cómo Estados Unidos maneja sus elecciones, o bien ningún país extranjero cree una sola palabra de lo que dice Estados Unidos, o bien esperan a que las elecciones estadounidenses presenten un gobierno más favorable a los intereses extranjeros. El mundo entero, literalmente, observa las elecciones estadounidenses. Conocen y aprenden muy bien los trucos y manipulaciones del proceso electoral que suceden en Estados Unidos.
Nada bueno.
Esto es evidente en Guatemala: se encamina el 20 de agosto a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales entre dos partidos de izquierda. Los candidatos son Sandra Torres del partido UNE y Bernardo Arévalo del Movimiento Semilla.
El avance de Bernardo Arévalo a la segunda vuelta tomó por sorpresa a todos los supuestos expertos. Sin embargo, los expertos de la izquierda se apresuraron a defender los resultados, afirmando que el meteórico ascenso de Arévalo reflejaba la voluntad del pueblo. De hecho, es el candidato político guatemalteco que llega a la segunda vuelta con el menor porcentaje de votos (11,8%) de la era moderna. Sandra Torres no lo hizo mucho mejor (15,86%).
Los votos nulos y los votos en blanco —17 y 7%, respectivamente— representaron casi una cuarta parte de los votos del 25 de junio. Los votantes guatemaltecos no están contentos con sus opciones políticas y nadie habla en nombre del pueblo. Independientemente del resultado de la segunda vuelta, el próximo gobierno guatemalteco carecerá de un mandato fuerte para realizar cambios radicales.
Ante los sorprendentes resultados del Movimiento Semilla, la derecha llevó a los tribunales su enorme decepción y sus temores políticos. Inmediatamente surgieron acusaciones de fraude e impugnaciones legales de los resultados preliminares anunciados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Esto está permitido por la Ley Electoral de Guatemala (conocida como LEPP). Sin embargo, las cosas no salieron como esperaban. Lo que sucedió también contradijo la narrativa mediática defendida por el Departamento de Estado de Estados Unidos (DOS), que sostiene que hay un “pacto de corruptos” que controla todos los resultados políticos y legales en Guatemala.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) y su órgano subordinado, el Registro de Ciudadanos (RdC), revisaron los resultados electorales, tal y como había ordenado la Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala. Luego, el TSE oficializó los resultados, abriendo así formalmente la fase de balotaje entre los dos principales candidatos de izquierda.
Un aluvión de comunicados del sector privado guatemalteco —que Juan González del DOS ha catalogado colectivamente como “élites depredadoras“— defendió el proceso electoral y pidió el reconocimiento de los resultados. El papel del sector privado organizado en defensa de los derechos de sus principales rivales políticos a gobernar sobre ellos conmocionó a muchos en Guatemala, así como a los llamados expertos internacionales.
Incluso Will Freeman, del Consejo de Relaciones Exteriores, se vio obligado a reconocer este hecho: las instituciones electorales de Guatemala produjeron resultados contrarios a las opiniones de los expertos internacionales. El Carnegie Endowment, por ejemplo, había pronosticado “unas elecciones ridículas” en la víspera del 25 de junio. Esto demostró una vez más que muchos de los aclamados comentaristas sobre Guatemala no saben nada.
La controversia electoral en Guatemala se ha vuelto más dramática. Un juez de primera instancia (Freddy Orellana) ordenó al RdC suspender a Semilla en un caso presentado que alegaba firmas fraudulentas utilizadas para calificar a Semilla como un nuevo partido político en 2019. Un veredicto de culpabilidad tendría el efecto de eliminar la personería jurídica de Semilla y la capacidad de sus 23 diputados recién elegidos para ocupar cargos de comisión en el próximo Congreso. Esto afectaría negativamente a la capacidad de gobernar de Arévalo.
Sin embargo, el jefe del RdC, Ramiro Muñoz, se negó a suspender a Semilla y formalizó los resultados siguiendo las instrucciones de la CC. Luego se fue rápidamente de vacaciones y, al parecer, abandonó el país. El juez Orellana procedió entonces a conceder la petición del Ministerio Público (MP) de perseguir el levantamiento de la inmunidad política de Muñoz, exponiéndolo a responsabilidad penal.
El levantamiento de la inmunidad política es un asunto grave en Guatemala, donde el abuso de la prisión preventiva es rampante, como ha señalado el periodista guatemalteco Alfred Kaltschmitt. Cuanto más lucha el acusado por sus derechos ante un tribunal competente, más tiempo pasa en prisión, posiblemente incluso más tiempo que si hubiera sido declarado culpable. El falso caso contra el coronel del ejército guatemalteco, Juan Chiroy, celebrado entre la izquierda guatemalteca y estadounidense, es solo un ejemplo de ello.
¿Qué podemos sacar de todo esto? Nada. No es asunto nuestro, sino de Guatemala. Guatemala lo resolverá.
Guatemala avanza de forma tambaleante en su camino hacia la consolidación democrática. Su historia no es la de un simple retroceso democrático, sino la de un avance gradual. No necesita consejos de los autodenominados expertos. Lo mismo puede decirse del gobierno de Estados Unidos, que no acierta en sus propias elecciones. Estados Unidos es culpable de arruinar la credibilidad de sus preciadas instituciones de antaño con fines políticos partidistas y su injerencia, ha causado estragos en múltiples naciones extranjeras.
A los diplomáticos estadounidenses les gusta decir que los ojos del mundo están puestos en Estados Unidos, que los países de todo el mundo nos miran. Y tienen razón. A otros gobiernos simplemente no les gusta lo que ven. Los peores de ellos se llevan nuestras peores lecciones, y tenemos muchas malas lecciones que dar.
Nicholas Virzi escribe en www.impunityobserver.com y lo puedes seguir en redes sociales @nicholasvirzi
