El próximo 28 de julio, nuestro país celebrará el aniversario 202 de su independencia con mucha incertidumbre de por medio. Si la primera mitad del año fue marcada por los estragos de la naturaleza, que demandaron el centro de los esfuerzos de un Gobierno, en la práctica, entrante (tanto a nivel nacional como subnacional), la segunda mitad combina impactos climáticos aún más fuertes con una agenda de temas pendientes necesarios para sentar las bases de un nuevo periodo de crecimiento económico y social, algo que no podemos consolidar desde el regreso a la normalidad pos-COVID-19.
Uno de estos temas concierne a la inversión privada. Las proyecciones del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) señalan que, por segundo año consecutivo, esta caería (un -0.4% en 2022 y se estima un -2.5% en 2023), algo inadmisible. Anuncios del Ministerio de Economía y Finanzas, como la adjudicación de concesiones por más de US$ 1,000 millones y prospectos de inversiones privadas por más de US$ 9,000 millones, señalan que estamos por lo menos encaminados a revertir esta situación, pero la historia reciente también nos ha mostrado que varios factores internos (protestas sociales, corrupción, excesiva burocracia, ineficiencias estatales, etc.) hacen que exista una gran distancia entre “decir” que los proyectos comenzarán en determinado tiempo y que verdaderamente se ejecuten. Es necesario que el Gobierno dé un golpe sobre la mesa y minimice estos riesgos para que los proyectos empiecen y terminen de forma fluida, lo que a su vez recuperará la confianza empresarial.
Respecto de la inversión pública, en el semanario anterior vimos que aún queda el 70% del presupuesto por utilizar, y que un gran motivo de ello son las limitaciones de los Gobiernos subnacionales para gestionar y ejecutar proyectos. Si bien esta falencia está siendo abordada a través de diversas formas de asistencia a funcionarios, estas deben estar asociadas a objetivos delimitados y verificables.
Por ejemplo, en estos momentos debería ser una prioridad la capacitación para tratar obras relacionadas con el fenómeno de El Niño (FEN) y la generación de conocimientos técnicos para planes de prevención, identificación de zonas de riesgo, sistemas de respuesta, etc., de forma tal que en un lapso pequeño de tiempo se exija el cumplimiento de metas, como cierto porcentaje de avance en las obras o tener a la mano la primera versión de los documentos mencionados. Es importante que las autoridades entiendan que el avance de estos puntos es lo que genera un verdadero impacto, y no otorgar más y más recursos por default.
Asimismo, es también menester que se defina de una vez por todas cómo se administran los proyectos más emblemáticos del país. No se conoce cómo va la ejecución del nuevo Plan Nacional de Infraestructura para la Sostenibilidad y Conectividad, o cuál es el rol de la nueva Autoridad Nacional de Infraestructura en dicho plan, o si la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios continuará. Se necesita una hoja de ruta clara y transparente que quite la incertidumbre a los actores públicos y privados, y que brinde seguridad a la ciudadanía de que aquellas obras que más cambios positivos pueden generar en sus condiciones de vida están verdaderamente encaminadas.
Por otro lado, tenemos varias problemáticas “estructurales” que el Gobierno necesita atacar más frontalmente. La informalidad sigue siendo un enorme lastre para los sectores productivos, en especial aquellos con mayor concentración empresarial de micro y pequeñas empresas, como manufactura y agricultura. La tarea del Estado debe ser generar mayores oportunidades de empleos formales, lo que implica a su vez diseñar intervenciones e incentivos pensados con dicho fin. Por ejemplo, en el Semanario 1171, vimos que la mayoría del trabajo formal se concentra en una única provincia dentro de los departamentos, y en ciertas actividades específicas. Esto significa que existe un espacio bien delimitado para fomentar políticas de formalización y encadenamientos productivos que impulsen la creación de trabajo formal. Al mismo tiempo, sería muy positivo que, con el regreso del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo, el Gobierno asuma el compromiso de liderar las discusiones sobre políticas públicas de empleo con el foco en la formalidad y la reducción de costos laborales.
Otro sector que necesita una reforma estructural urgente es el de salud. Puesto aparte el tema de la baja calidad de su infraestructura, que puede ser mejorada con los puntos ya señalados para la inversión, el sistema de salud, mayoritariamente estatal, es muy ineficiente en la entrega de sus servicios. Por mencionar algunos datos del Ministerio de Salud (Minsa), solo un 42.3% de establecimientos del primer nivel funcionan al menos 12 horas al día; en 23 departamentos, menos del 30% de estos establecimientos poseen historia clínica electrónica, y solo un 48.76% de centros de salud cuenta con una disponibilidad de medicamentos esenciales mayor al 80%. A nivel de gestión y funcionamiento queda muchísimo por mejorar, como la organización de las redes integradas, el abastecimiento de medicamentos o el rol de los brazos operativos del Minsa, entre otros puntos que, desde ComexPerú, hemos abordado con nuestro estudio de la situación del mercado de salud peruano. Este pendiente ya no puede postergarse más, pues continuamente nuestro país está expuesto a condiciones que tienen consecuencias médicas, como el COVID-19, el ciclón Yaku y el futuro FEN, los cuales demuestran cuán frágil es nuestro sistema.
Para terminar, mencionaremos algunos aspectos puntuales que afectan negativamente la competitividad de otros sectores. En telecomunicaciones, se requiere trabajar varias limitantes normativas y regulatorias que dificultan la expansión de infraestructura de las tecnologías más modernas. En turismo, es primordial mejorar nuestra imagen internacional, dañada por múltiples conflictos recientes, y aprovechar de mejor manera instalaciones y lugares clave, como nuestro Centro de Convenciones, el Museo Nacional del Perú y Machu Picchu (ver Semanario 1169). En agricultura, queda pendiente analizar los efectos de la nueva Ley Agraria 31110 y considerar alternativas que repliquen los beneficios perdidos en la Ley de la Promoción Agraria.
La lista puede seguir y seguir, porque el Perú tiene demasiados puntos por mejorar. Pero, para eso, precisamente se requiere de un Estado firme que lidere las transformaciones necesarias a fin de recuperar la senda del crecimiento. Desde el próximo 28, ese debe ser el faro que guíe el camino.
Imagen referencial, Zulema Ramos Medina, España
