De cada diez ciudadanos -ahora-, nueve están convencidos que no existe justicia en el país. De cada diez ciudadanos que se expresan de esa forma, nueve consideran que la impunidad es la nueva forma en que se manifiesta la injusticia que imparte el sistema de justicia. De cada diez familias peruanas, nueve de ellas están totalmente insatisfechas con los procesos judiciales en su lentitud, en su ineficiencia y camino de impunidad que se evidencia con el paso del tiempo, en los casos de corrupción. De cada diez jóvenes peruanos, nueve no tienen esperanzas en que estas injusticias, reciban castigo de la justicia, porque no tenemos un sistema de integridad judicial. Ese es el cuadro que hemos dejado que se construya en los últimos cuarenta años, ese es el país que le estamos dejando a nuestras familias y descendencia.
Antes existía un organismo similar a la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que se llamaba Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), en el que los mismos o parecidos actos de oscuridad y componendas, intentos de quebrantamiento del orden constitucional y proclamas de autosuficiencia por encima de los poderes del Estado, hicieron crear en y desde el CNM un marco de autoridad con impunidad. Exactamente como ahora, casi con los mismos o peores rostros. Nada ha cambiado, salvo para peor.
Si el año 2018 hubo 102 denuncias contra jueces y fiscales y este año -hasta el mes de agosto- se superan las 1,020 denuncias, entonces: ¿los nombramientos, las evaluaciones y ratificaciones de los jueces y fiscales han estado o están pasando por malos procesos, que premian a los corruptos, habiéndose disparado las cifras de denuncias diez veces en solo cinco años? ¿Antes eran “pocos”, ahora es un escándalo masivo? Es peligrosísimo ese cuadro de la realidad, situación que ha estado enmascarada en pleitos y pugnas, por encima de evidencias que la JNJ no sirve, no ha servido y en este escenario, ¿Es que no nos servirá en el futuro y requerirá otra reforma integral?
Que el Congreso de la República sea una institución desprestigiada y llena de impresentables, no significa que en algunos casos y excepcionales circunstancias haga su trabajo con cierto mérito. Por eso -lean con calma-, lo de investigar a la JNJ y sus miembros por actos funcionales, siendo una prerrogativa del debido proceso constitucional del Congreso, no es el camino de mejor respuesta hoy en día.
Lo que debería proponerse es una Mesa de Conciliación por la Justicia Nacional, donde la JNJ determine la salida de dos o tres de sus miembros (los que ocasionan la tensión y el conflicto); y el Congreso, haga el proceso de elección de esa Mesa de Conciliación con un ex Decano del Colegio de Abogados de Lima y uno de los demás Colegios departamentales, dos por las Facultades de Derecho (uno por las privadas y uno por las públicas), un ex Defensor del Pueblo, dos ex Presidentes del Tribunal Constitucional, dos ex Presidentes del Poder Judicial, a efectos de evaluar lo que se menciona como “temas de conflicto” para proponer soluciones inmediatas que serían implementadas sin objeciones.
Se requiere volver a poner ajustes, porque los candados sólo han servido para legitimar el imperio de la corrupción y la impunidad.
Si dejamos que aumente cada día el enfrentamiento político institucional, el país seguirá perdiendo y el autoritarismo del gobierno encontrará sus mejores armas para imponerse con absoluta facilidad, como lo hizo el tristemente célebre Martín Vizcarra.
Imagen referencial, JNJ Agencia Andina
