El régimen de Joe Biden ha promovido la inmigración ilegal mediante sus políticas hacia Guatemala. Esto coincide con otras políticas de Biden que han creado la crisis en nuestra frontera sur. Trabajar en conjunto con las agencias de cumplimiento de la ley de Guatemala reduciría significativamente el flujo.
Debemos detener a los demócratas de impulsar la atracción y el empuje de migrantes hacia Estados Unidos. Reducir la atracción requiere el cambio de leyes de asilo y hacer cumplir las leyes contra las entradas ilegales al país. Reducir el empuje requiere frenar al Departamento de Estado cuando este quiere instalar y apoyar a socialistas criminales en países latinoamericanos.
Kevin McAleenan, ex secretario interino de Seguridad Nacional de Donald Trump, llamó a Guatemala un cuello de botella geográfico para el flujo de inmigrantes ilegales. Ellos deben cruzar su frontera de 600 millas para entrar a México y este último no hace nada para frenar a los migrantes que cruzan por su territorio.
El régimen de Biden ha rechazado los intentos del gobierno guatemalteco de trabajar en conjunto para reducir el flujo de migrantes a través de su territorio. En cambio, el régimen de Biden ha sancionado a autoridades guatemaltecas e intimidado al sector privado local para que ceda ante intervenciones extranjeras criminales.
La administración de Barack Obama, con Biden como su mano derecha, se tomó el sistema de justicia de Guatemala en 2016. Así, instaló fiscales y jueces corruptos que protegieron a grupos sucesores de la guerrilla, que forzaban a las personas a destruir fábricas, atacar grandes negocios, invadir la propiedad privada e impedir la aplicación de la ley. La consecuente inseguridad y falta de oportunidades impulsó a que muchos guatemaltecos migren y llevó al descontrol en las fronteras.
El Departamento de Estado (DOS) continuó las mismas políticas durante la administración de Trump. Los grupos sucesores de las guerrillas ofrecen a las personas entre $6 y $13 al día para cometer crímenes. Si alguien se niega, les extorsionan por la misma cantidad. Negarse a esto conlleva a palizas, bloqueo del acceso de las escuelas a los hijos de las víctimas y cortes al servicio de agua y electricidad.
Estos crímenes resultaron impunes a causa de una justicia cooptada. El DOS denomina a estos grupos defensores de derechos humanos y las acciones en contra de ellos son represión y racismo. Las políticas de Obama, el DOS y Biden han instrumentalizado el poder estadounidense para doblegar a los guatemaltecos frente a la agenda criminal.
El DOS perdió el control de la justicia guatemalteca después de que las autoridades de Guatemala se hartaron y designaron magistrados independientes cuando el periodo precedente expiró en 2021. Esto habilitó a que la fiscal general Consuelo Porras enjuicie a fiscales y jueces corruptos que Biden y el ex embajador de Estados Unidos, Todd Robinson, habían instalado o cooptado. El DOS sancionó a Porras, acusándola de perseguir a los fiscales y jueces por haber luchado contra la corrupción.
El gobierno estadounidense debería trabajar junto con las autoridades guatemaltecas para hacer cumplir la ley a los grupos criminales que reprimen a los ciudadanos. Los negocios resurgirían y nuevas inversiones crearían puestos de trabajo y prosperidad, especialmente en zonas fronterizas.
Los habitantes tendrían seguridad y oportunidades. Las personas, que estarían agradecidas, también estarían dispuestas a cooperar con las fuerzas de seguridad, algo fundamental para hacer cumplir la ley de forma exitosa. Los traficantes encontrarían un ambiente invivible, donde podrían ser encarcelados o extraditados a Estados Unidos. Los cárteles criminales tendrían que enviar migrantes y narcóticos por aire o agua a México, haciéndolos más vulnerables a la interdicción estadounidense.
El régimen de Biden ha intervenido abiertamente en las elecciones guatemaltecas de 2023 para instalar a su títere comunista, Bernardo Arévalo, como presidente. Biden y el DOS quieren esconder los crímenes de sus agentes y personal y continuar con la subyugación de Guatemala. Esto aseguraría que el territorio permanece abierto para flujos ilegales de migrantes y drogas.
El Ministerio Público de Porras recibió y procesó más de 1.000 denuncias relacionadas a las elecciones del 25 de junio. El DOS aseguró que su institución no tenía jurisdicción sobre asuntos electorales, pero la ley claramente establece lo contrario. La Corte de Constitucionalidad así lo ha resuelto y ordenó al Ministerio Público de Porras que continúe con sus investigaciones y reporte sus hallazgos a las autoridades correspondientes.
El Ministerio Público de Porras reportó hallazgos de fraude el 8 de diciembre, incluso a las autoridades electorales. En lugar de aceptar los hallazgos y retroceder, el DOS incrementó sus esfuerzos para intimidar a los civiles y funcionarios guatemaltecos para que ignoren sus leyes y posesionen a Arévalo para que este inicie el nuevo periodo presidencial el 14 de enero.
Un comunicado de prensa del 16 de marzo del Departamento de Justicia, en cambio, elogió a las agencias del cumplimiento de la ley de Guatemala por una cooperación sin precedentes en cuanto a la extradición de traficantes de personas. El comunicado no mencionó a Porras o su ministerio, seguramente por deferencia hacia el DOS.
En septiembre, el exembajador de Estados Unidos, William Popp, llamó corrupta a Porras y se tomó el crédito por 125 extradiciones. Porras merece el crédito porque su ministerio es la única institución que puede solicitar extradiciones.
Al aplicar la ley en cuanto a fiscales y jueces favorecidos por el DOS e investigando fraude electoral, Porras está siendo consistente con su cooperación en temas de tráfico de personas y migrantes. El DOS y el Consejo de Seguridad Nacional de Biden están trabajando en contra de una fiscal general que coopera con la DEA, el FBI y operadores profesionales del Departamento de Seguridad Nacional y Departamento de Justicia contra traficantes de personas y narcóticos.
Arévalo ha exigido la renuncia de Porras. Él es parte del Grupo de Puebla, que se alinea con el Partido Comunista Chino, Hamás, Irán y Rusia. El DOS y su títere, Arévalo, trabajan contra Porras por su compromiso con el cumplimiento de la ley, incluso ante los ataques que recibe de Estados Unidos.
Porras todavía tiene otros 28 meses en su periodo y es un activo valioso para ayudar a reducir la inmigración ilegal. Las investigaciones y audiencias de la Cámara sobre la criminalidad del DOS —que ayuda a nuestros enemigos y socava a nuestros aliados— sería el mejor paso en este momento para que los republicanos luchen contra la inmigración ilegal.
