Cristóbal, Virginia, Roberto y Ana Cecilia, son unos esforzados peruanos de clase media que han tenido que sacar todos sus ahorros de la CTS y de su AFP porque las deudas y las necesidades familiares se tornaban angustiosas. “Felizmente nunca toqué mi CTS y aunque sigo trabajando, me he visto obligado a sacar todo lo que podía, ya que los estudios escolares de mis hijos -de 12, 14 y 15 años- son la prioridad en la familia y si bien es cierto que esa CTS o Compensación por Tiempo de Servicios es un fondo para casos de desempleo y lo que ahorro cada mes en la AFP es para la jubilación o para casos de pensiones de sobrevivencia, éste gobierno, como el anterior y el precedente, nos empujaron y castigaron a usar nuestros ahorros para cubrir el desastre económico de sus administraciones, llenas de corrupción, incertidumbre e incompetencia a lo largo del tiempo”, nos revela Cristóbal, funcionario de una empresa distribuidora de alimentos.
Además, menciona Virginia, corredora de seguros por 20 años, “veo con mucha tristeza que mi Fondo AFP para la jubilación no me va a permitir un ingreso que equilibre el esfuerzo de toda mi vida, con un plan mensual que me ayude a vivir y no solamente a ver cómo voy a sobrevivir. He luchado desde que me casé y luego enviudé para pagar mi casa, para educar a mis hijas, para que ellas consoliden un proyecto de futuro. Ese esfuerzo de décadas ¿tiene que ser castigado porque el gobierno hace que los que tienen algo, pierdan todo? No es justo” reclama con angustia y malestar.
Roberto y Ana Cecilia, mayores de 60 años son muy elocuentes también, cuando afirman que pensaban invertir sus Fondos para construir unas habitaciones en sus viviendas y así poder alquilarlas. “Estudiamos bien el hecho que uniendo el 50% de cada uno de nuestros Fondos AFP, tendríamos lo necesario para hacer cuatro habitaciones muy cómodas al fondo de la casa, en un patio amplio. Cada habitación con su baño individual y una pequeña área como estudio. Vivimos cerca de San Isidro, aquí en el Lince de clase media que quiere mejorar siempre. Pero con estos últimos gobiernos de izquierda, el dinero lo hemos tenido que usar en pagar comida más cara, luz y agua más caros, impuestos terriblemente caros y un ritmo de pago de medicamentos que el seguro social no nos da, casi inalcansables. Eso no debería ser así, porque durante años de años, hemos pagado EsSalud y todos los impuestos habidos y por haber. Nuestros hijos han ido a colegios y universidades privadas, jamás hemos usado ni EsSalud ni un hospital o posta del Ministerio de Salud, nunca hemos pedido, usado o necesitado algo del Estado porque hasta en nuestra cuadra cuidan dos vigilantes particulares y no la Policía. ¿Porqué no nos devuelve el Estado siquiera una parte de lo que hemos pagado y a las grandes empresas corruptas como Odebrecht o a las oenegés sí les devuelven del pago de impuestos y además, nos roban? ¿Qué quieren los gobiernos? ¿Que seamos ladrones para tener leyes y privilegios especiales?”
Como vemos, la economía de las familas, sigue en declive, pero también la del país, ¿Podríamos decir que estamos en camino a la ruina? La respuesta es que si seguimos en este ritmo de incompetencia e ineptitudes, es muy probable que sigamos con un endeudamiento incontrolable, porque tenemos un gobierno insensible e indiferente, un gobierno que decía al inicio de 2023 que “hay señales de un buen rumbo” y terminamos en el mayor retroceso histórico que alguien se hubiera imaginado. Lo imposible en el estancamiento, lo hace muy bien este gobierno, porque sólo los ineptos son capaces “de esos logros”.
Un año asfixiante, desastroso, sin rumbo, sin gestión de gobierno, carente de convocatoria al diálogo abierto para el consenso, en retroceso constante, con un país maltratado y más endeudado, esa es la ruta del gobierno de Dina Boluarte y el ministro de los peores anuncios y los más tristes resultados.
Para que reflexionen:
El Coeficiente de la deuda estatal superaría 33.6% del PBI al 31 de agosto de 2023; ahora la deuda es de S/ 324,250 millones y el 90.9% corresponde al Gobierno central, el 0.1% a Gobiernos Locales y el 9.0% a Empresas Públicas mal gestionadas (sobretodo PetroPerú).
Conclusión: Pagamos lo que ordenan los que no trabajan.
