La OECD – Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, es algo así como una oferta paralela, un exclusivo club de burócratas especializados en diversos temas, al que se accede si reunes los requisitos que te ponen como valla; agrupa a 36 países miembros y “su misión es promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo…ofreciendo un foro donde los gobiernos puedan trabajar conjuntamente para compartir experiencias y buscar soluciones a los problemas comunes“.
Esa declaración fue por un tiempo muy motivadora, ya no lo es; ahora nos preocupa. El discurso está muy claro, la realidad lo oscurece.
La OECD ha propuesto como principal eje, como el centro de su recomendación para las pensiones de jubilación en el Perú lo siguiente: “conservar el sistema de pensiones público de reparto (ONP) y el sistema de pensiones -privado- de capitalización de cuentas individuales (AFP) y que se complementen entre sí (ONP+AFP), de tal forma que todos los individuos contribuyan obligatoriamente a ambos (que paguen a la ONP y a la vez a una AFP), y que reciban pensiones de ambos componentes“.
Absurdo, irreal, insostenible. No se puede sumar un sistema público quebrado -como la desfinanciada ONP- con una administración y gestión privada rentable para el trabajador, como son las AFP. No se puede sumar déficit y quiebra, con rentabilidad y éxito.
La argumentación de la OECD afirma “que el sistema de pensiones podría depender únicamente de la provisión pública o privada, sin embargo, combinar un sistema público de reparto obligatorio con cuentas individuales de capitalización podría generar un sistema de pensiones más robusto, más resistente ante los muchos riesgos que pueden amenazar la sostenibilidad, y la suficiencia de las pensiones o ingresos de jubilación. Además, conservar ambos sistemas minimizaría los costos de implementación y suavizaría la transición al sistema nuevo y mejorado”
Aquí se comienza a desmenuzar el engaño o la ignorancia. Pensemos que es ignorancia y no un lobby internacional aplicando un ensayo nacional, para ver si funciona y se replica en otras países.
En primer lugar, se indica que el sistema de pensiones peruano “podría depender únicamente de la provisión pública”, es decir, eliminando la provisión privada, excluyendo definitivamente el ahorro individual, desapareciendo la propiedad privada personal, extinguiendo el ahorro del trabajador.
En segundo lugar, se dice que esa hipotética combinación compulsiva, porque de eso se trata, de imponerla sobre la Libertad de Elección y la Libertad de Contratación de cada persona, inventaría “un nuevo sistema de pensiones” que resistiría los riesgos de sostenibilidad por ejemplo. Eso es mentira.
El sistema nacional de pensiones en el Perú -la ONP- está quebrado técnica y financieramente- desde hace más de 20 años y sobrevive en una parte de su presupuesto por el pago de poco más de un millón de trabajadores que mes a mes entregan el 13% de sus remuneraciones en forma de un tributo fiscal (impuesto), no como un ahorro personal en cuentas individuales de capitalización.
La otra fuente de supervivencia financiera, para completar más del 50% del presupuesto anual de la ONP, viene de los impuestos que capta el Tesoro y mediante transferencias extraordinarias y multimillonarias cada año, permite atender solamente el pago de las pensiones de cerca de 500 mil personas entre jubilados, viudas, huérfanos e inválidos que logran el reconocimiento de sus derechos previsionales, mediante un pago ínfimo mensual, luego de largos, enredados y costosos procesos administrativos.
Más de 40 mil millones de dólares de los impuestos de todos los peruanos han servido para hacer que siga existiendo una empresa pública inservible, como la ONP, durante más de dos décadas.
Observen bien: en el Perú, los trabajadores van pagando a lo largo del tiempo para acceder a una pensión en el sistema de reparto y vuelven a pagar vía impuestos, en simultáneo, también a lo largo del tiempo, para que se complete el pago de esas pensiones de reparto. Doble contribución, mínima retribución si es que logra estar entre los 3 de cada 10 que acceden a una jubilación en la ONP.
A la fecha además, existen más de cien mil procesos judiciales previsionales contra la ONP y se calcula en trescientos mil los que han desistido en hacer demandas. Solamente en gastos de abogados para evitar el reconocimiento de los derechos de los potenciales pensionistas, la ONP gasta tanto dinero, como lo que sería duplicar miles de las actuales pensiones, ya que ni una sola alcanza por lo menos a la Remuneración Mínima Vital vigente.
Dice el informe de la OECD que la propuesta apunta “a conservar ambos sistemas, minimizaría los costos de implementación y suavizaría la transición al sistema nuevo y mejorado”. El objetivo político es innegable: un nuevo sistema, populista, no discutido, sin ningún ensayo ni cálculos paramétricos, financieros, actuariales, absolutamente nada que sirva por lo menos de discusión, ya no hablemos de sustento, porque no lo tiene.
Como cereza del pastel, ya que a simple vista faltaría dinero para esa locura previsional, se plantea que del aporte de cada trabajador a una AFP, que por supuesto lo van a elevar progresivamente a 15, 17 y 20%, de ese aporte el 30% vaya al sistema público obligatoriamente cada mes. Es decir, le confiscarían mensualmente a un trabajador el 30% de sus aportes previsionales para engrosar la maquinaria pública.
Epílogo: No dudo de la integridad y honorabilidad de quienes desde la OECD han elaborado este documento y esas propuestas, pero sí me atrevo a dudar de la capacidad técnica, del interés político, del conocimiento preciso de quienes desde el lado de la información nacional, han desviado del análisis y de la realidad al equipo de la OECD que ha tratado de apoyar la búsqueda de soluciones para “promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas”
Comienza el debate.
