Las exhorbitantes demandas del presidente mexicano Andrés Manuel Lopéz Obrador (AMLO) a Joe Biden a cambio de contener la inmigración ilegal sugieren que AMLO tiene influencia sobre el ocupante de la Casa Blanca. AMLO quiere $20.000 millones anuales de los contribuyentes estadounidenses para los países latinoamericanos, amnistía para los inmigrantes ilegales mexicanos y el fin del embargo a Cuba y de las sanciones a Venezuela.
El historiador Victor Davis Hanson le dijo a Sean Hannity que AMLO “nos tiene un desprecio absoluto”. El exrepresentante Jason Chaffetz (R-UT) le preguntó el domingo a la senadora Marsha Blackburn (R-TN) si estaba tan ofendida como él. Blackburn respondió correctamente que AMLO no se hubiera comportado de una manera tan agresiva con Donald Trump.
Un informe mexicano de 2022 realizado por el periodista de larga trayectoria Roberto Fuentes Vivar contiene detalles preocupantes que indican que Biden está comprometido. La Unidad de Inteligencia Financiera de México investigó la relación entre la empresa familiar del expresidente Enrique Peña Nieto (2012–2018) y Baxter International, una multinacional con sede en Illinois. Fuentes informó que Baxter recibió 644 millones de dólares por más de mil contratos médicos durante el mandato de Peña Nieto.
La mayoría de los contratos de Baxter se adjudicaron directamente, sin concurso. El director del Instituto Nacional de Salud de México identificó 20 casos de posibles irregularidades en licitaciones en las que participó Baxter. Fuentes escribió que “Baxter tiene un largo historial de denuncias en Estados Unidos, Europa, México y Centroamérica, muchas de las cuales he denunciado”.
Fuentes se preguntó si AMLO hablaría con Biden en su reunión del 12 de julio de 2022 sobre Peña Nieto y Baxter, “porque hay amplia evidencia de que Joe Biden tiene intereses financieros en Baxter”. Un ejemplo que citó Fuentes es que Baxter recuperó un contrato médico que perdió en 2014 luego de que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) encarcelara ilegalmente a más de una veintena de personas.
Cuando el contrato de Baxter con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) estaba por expirar en 2014, la ley exigía licitaciones públicas. A pesar de ello, el personal de la embajada estadounidense insistió a los directores del IGSS en que simplemente prorrogaran el contrato de Baxter. El IGSS cumplió con la ley, lo que dio lugar a que un competidor de Baxter ganara el contrato.
El presidente guatemalteco Otto Pérez (2012–2015) declaró que Biden “nos presionó no solo en Guatemala sino cuando lo visité en Washington para que le diéramos el contrato a Baxter.” Pérez dijo que funcionarios de la embajada estadounidense visitaron a sus secretarios privado y general acompañados por funcionarios de Baxter e insistieron en que Baxter debía recuperar el contrato. Pérez también dijo que Biden era socio de Baxter.
The American Thinker informó que Biden había viajado a Guatemala tres veces en 2014 y 2015 para presionar al Gobierno guatemalteco para que prorrogara el mandato de la CICIG, que expiraba el 3 de septiembre de 2015. Biden condicionó la ayuda de $1.000 millones anuales a la prórroga. Pérez dijo que, después de que instó a Biden a no dar la apariencia de ordenar la continuación de la CICIG, Biden dijo a la prensa: “La CICIG se queda y punto”.
La CICIG encarceló ilegalmente a los seis directores y otros empleados del IGSS junto con representantes de la empresa a la que el IGSS había otorgado el contrato en 2014. Los auditores nacionales de Guatemala dictaminaron en 2017 que el IGSS había otorgado correctamente el contrato a la empresa competidora de Baxter. Todos los acusados fueron absueltos en 2019 tras haber pasado casi cuatro años en prisión sin que les otorguen fianza. Dos directivos del IGSS se suicidaron mientras estaban en prisión.
El entonces embajador estadounidense Todd Robinson y el comisionado de la CICIG Iván Velásquez cometieron delitos para recuperar el contrato para Baxter, por el que el expresidente de Guatemala dijo que Biden había presionado. Cualquier posible irregularidad relacionada con el contrato del IGSS estaba fuera del mandato de la CICIG.
Joe Biden estuvo involucrado en México como vicepresidente según el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes. Biden se reunió junto a su hijo Hunter y sus socios mexicanos en la Casa Blanca y otros lugares de Washington en 2014 y 2015. Hunter organizó una videoconferencia entre su padre y el magnate mexicano Carlos Slim en 2015. Asimismo, Hunter escribió en un correo electrónico del 24 de febrero de 2016 a su contacto mexicano que él, su padre y su socio Jeffrey Cooper, un donante de Biden —que viajaban en el Air Force 2— se reunirían al día siguiente con Peña Nieto.
La corrupción de la embajada de EE.UU. y la CICIG para favorecer a Baxter probablemente coincidiría con actividades similares en México, especialmente con los $644 millones en contratos durante el mandato de Peña Nieto. Biden, llevando a Hunter a una reunión con el expresidente mexicano, revela una relación cercana.
Si la Unidad de Inteligencia Financiera de México descubriera evidencia procesable de corrupción con la participación de Biden en relación con los contratos de Baxter, AMLO lo sabría. Al suprimir la historia, AMLO ganaría influencia sobre Biden. Esto sería consistente con la descarada falta de respeto que AMLO le ha mostrado a Biden.
La seguridad nacional de EE.UU. está en juego. Las autoridades estadounidenses deberían investigar la relación de Biden con Baxter.
