En muchos países la tasa de reemplazo total (pensión sobre salario) que obtienen los trabajadores de los sistemas de pensiones, es en muchos casos insuficiente, sobre todo para el caso de los trabajadores con ingreso promedio o superior al promedio.
En efecto, de acuerdo con el “OECD Pensions at a Glance 2023”, en promedio para todos los países de la OCDE, un trabajador que gana el salario promedio recibe del sistema de pensión obligatorio (público y privado) una pensión (neta, después del pago de impuestos) que representa un 61,4% del salario.
Dado este escenario, muchos de los trabajadores van a necesitar pensiones complementarias a las que entregan los sistemas de seguridad social. ¿De dónde provendrán estos incrementos de pensión?
Difícilmente provendrán de los sistemas públicos: las presiones demográficas (mayor expectativa de vida y menor tasa de natalidad) y las crisis financieras están llevando a estos sistemas a reducir los beneficios y a imponer condiciones más restrictivas para el acceso a los mismos.
Además, en la lógica de los sistemas obligatorios de ahorro, la forma de mejorar los beneficios consistiría en subir las edades de jubilación, aumentar las tasas de cotización, aumentar los topes máximos a la remuneración para efectos de cotización obligatoria, y fomentar que el 100% de la remuneración sea imponible.
El problema, sin embargo, es que dichas medidas son de naturaleza política y pueden enfrentar fuerte resistencia, retrasando su aplicación en el tiempo. Por ello, el mecanismo de Ahorro Previsional Voluntario (APV) resulta un medio alternativo e indispensable para mejorar las pensiones de todos los trabajadores.
El APV ayuda ciertamente a los trabajadores de rentas altas a obtener una pensión más acorde a sus ingresos. En tanto, en el caso de los trabajadores con menor capacidad de ahorro (ingresos medios y bajos), los cuales mayormente no están afectos a impuestos por sus salarios, el APV puede ayudar a mejorar la pensión cuando existen subsidios estatales que fomenten el ahorro.
La revisión de las estadísticas de APV existentes a nivel internacional, da cuenta que los 10 países con mayor nivel de APV sobre PIB (mayor al 20%), son Canadá, EE.UU., Reino Unido, Irlanda, Nueva Zelanda, Bélgica, Islandia, Japón, Brasil y Portugal.
En los tres primeros lugares se encuentran Canadá (el sistema más maduro), Estados Unidos (el segundo más maduro) y Reino Unido (el cuarto más maduro), con niveles de APV que representan 187%, 170% y 130% de su PIB, respectivamente. En tanto, desde el décimo al cuarto lugar el porcentaje de APV sobre PIB bordea entre 24% y 38%, donde están los casos de Portugal, Brasil, Japón, Islandia, Bélgica, Nueva Zelanda e Irlanda.
Los 7 primeros puestos en términos de APV sobre PIB están entre los 22 primeros lugares del índice global de pensiones de Mercer 2023, lo que da cuenta de que los sistemas de pensiones más robustos a nivel mundial cuentan con programas de APV altamente desarrollados.
En esta nota de pensiones, se analiza el sistema de APV de 6 países seleccionados (Canadá, EE.UU., Reino Unido, Nueva Zelanda, Islandia y Brasil), sacando conclusiones respecto de los factores que han incidido en su desarrollo.
La revisión de los países en cuestión da cuenta de que:
- En general, cuanto menores son las tasas de reemplazo de los sistemas obligatorios (público de reparto y/o privado de ahorro), mayor es la razón APV/PIB. Ello es lógico toda vez que si la tasa de reemplazo del sistema obligatorio es menor, entonces mayor es la responsabilidad que tiene el APV para construir pensiones que se acerquen a cierto objetivo de suficiencia predefinido (por ejemplo, 70% del promedio de toda la vida laboral). Así por ejemplo, para alcanzar ese objetivo, el sistema de APV tendría que entregar por sí solo una tasa de reemplazo que fluctúa entre 16% (Reino Unido) y 27% (Nueva Zelanda).
- Entre 2023 y 2100, las tasas de reemplazo que provienen de los sistemas públicos de reparto tendrán que caer en promedio en 56,5% debido al envejecimiento de la población (en ausencia de otras reformas y con el fin de mantener un equilibrio entre ingresos y gastos). Ello llevará a que los sistemas de ahorro individual (obligatorio y voluntario) tengan un rol más importante para alcanzar los objetivos de suficiencia que la sociedad requiere a sus sistemas de pensiones.
- Las políticas públicas que se han implementado para incentivar el APV han sido fundamentalmente de tres tipos:
- a) Incentivos tributarios: Una condición necesaria para que se desarrolle el APV es que exista un incentivo tributario que ayude a “compensar” la iliquidez de este tipo de ahorro y sirvan de señal para mejorar su atractivo frente a otras formas de ahorro. Los regímenes más comunes permiten que los aportes de APV no sean tributables (mientras los retiros sí tributan; esto es lo que se conoce como sistema EET: contribución exenta, ganancias de inversión exentas, pago de beneficios sujeto a impuestos). La realidad muestra que en todos los países analizados se da este sistema, excepto en Nueva Zelanda que usa el sistema TTE (contribuciones se pagan con cargo a los ingresos después de impuestos, mientras que las ganancias como los beneficios de las inversiones están libres de impuestos).
- b) Subsidios/créditos estatales para trabajadores de rentas más bajas: Dado que existe en la discusión cierta preocupación respecto de que los incentivos tributarios al APV sean regresivos (trabajadores con ingresos medios en los tramos de impuesto más bajos reciben menos subsidio que los trabajadores en tramos de ingreso e impuesto más altos), se dice que es necesario aplicar otros esfuerzos fiscales para promover el APV entre los trabajadores que más lo necesitan (como subsidios o créditos directos a los trabajadores de más bajos ingresos). La experiencia de algunos de los países analizados muestra que, al respecto, se han dado acciones (por ejemplo, en EE.UU., está el “Saver´s Credit” o “Crédito Tributario del Ahorrador”; en Nueva Zelanda, el subsidio estatal de aprox. USD 624 que recibieron los nuevos afiliados a sus cuentas individuales de ahorro para pensión del KiwiSaver hasta 2015). Sin embargo, se debe seguir profundizando en esos incentivos para lograr un real incremento en el ahorro voluntario de esos sectores.
- c) Incentivos no tributarios/no estatales: en este conjunto, encontramos básicamente las siguientes 4 políticas:
– Enrolamiento automático a planes de APV: Basada en la economía del comportamiento, aprovecha la inercia de los trabajadores para lograr que ahorren, con tasas de desafiliación que son relativamente bajas. En cuatro países (Reino Unido, EE.UU., Nueva Zelanda y Brasil), se ha aplicado esta política pública. En el caso de Reino Unido y Nueva Zelanda, se trata de políticas que abarcan a todos los trabajadores elegibles, y en el caso de EE.UU. y Brasil a ciertos grupos de trabajadores (en EE.UU. se refiere a los programas estatales de enrolamiento automático en planes IRA; en Brasil a los servidores públicos del gobierno federal).
– Liquidez/retiro para fines distintos a la jubilación: La lógica de esta política es que resultan más demandados los esquemas de APV que den alguna posibilidad de retiro anticipado de los fondos, aún a expensas de un castigo o “precio de salida”. En cinco países (Canadá, Reino Unido, EE.UU., Nueva Zelanda y Brasil), existe posibilidad de retirar al menos una parte de los fondos acumulados para fines distintos a la jubilación, sin estar sujeto a una penalización. En general, se privilegian las situaciones especiales de compra de la primera vivienda (Canadá, Reino Unido), enfermedad terminal o grave (Reino Unido, EE.UU., Nueva Zelanda), pago de gastos médicos (EE.UU.), dificultad financiera/desempleo/préstamos/otros (EE.UU., Nueva Zelanda, Brasil). En el caso de Brasil, los retiros parciales antes de la jubilación se limitan al valor de las contribuciones de los miembros y a no más del 20% del saldo de la cuenta (no antes de 5 años de relación de empleo). En algunos casos, para situaciones fuera de las descritas, se aplican multas que bordean entre 10% (EE.UU.) o 25% (Reino Unido).
– Matching Contributions por parte del empleador: La lógica detrás de esta política es generar un involucramiento del empleador en la construcción de las pensiones de sus trabajadores, y aprovechar el comportamiento manada (si varios trabajadores en una empresa hacen APV, es más probable que otros sigan el ejemplo). En los seis países el empleador hace un matching a las contribuciones que realiza el trabajador a su cuenta individual de APV. En el caso de Canadá, EE.UU. (planes 401k, 403(b) y 457(b)) y Brasil, el matching por parte del empleador es voluntario. En el caso de los programas de enrolamiento automático de Reino Unido y Nueva Zelanda, en tanto, el matching del empleador debe ser de un porcentaje mínimo del 3%. Y en Islandia (planes de pensiones personales voluntarios) el matching mínimo del empleador es 2%.
– Alfabetización financiera: La lógica de esta política radica en que un mayor grado de alfabetización financiera lleva a las personas a manejar mejor sus finanzas personales, permitiéndoles así formar su ahorro. En efecto, en aquellos países con un mayor nivel de APV sobre PIB (Canadá, EE.UU., y Reino Unido), el porcentaje de adultos que cuentan con conocimientos financieros supera el 55%. Los países, entonces, en forma mancomunada con el sector público y privado, deberían hacer esfuerzos por mejorar las políticas de educación financiera, apostando al largo plazo, de modo que las generaciones futuras vayan adquiriendo habilidades que les permitan tomar decisiones financieras (de ahorro e inversión) acertadas y que les permitan maximizar su bienestar y mejorar su resiliencia financiera ante shocks externos.
La Nota de Pensiones FIAP en detalle en el siguiente enlace
https://www.fiapinternacional.org/wp-content/uploads/2024/01/NDP78-nota-de-pensiones-esp.pdf
