El 28 de marzo, Fitch Ratings recortó la calificación crediticia de Panamá de grado de inversión (BBB-) a categoría especulativa (BB+), mejor conocida como bonos basura. Fitch informó que los retos fiscales y de gobernabilidad de Panamá se agudizaron a finales de 2023 cuando Cobre Panamá —la mina más grande del país— cesó operaciones debido a protestas multitudinarias, incluyendo bloqueos. La producción de cobre de la mina aportaba el 5% del PIB del país.
Si no se revierte en breve (lo que parece improbable), el cierre de Cobre Panamá sentará un precedente negativo para el país. Eso significa arriesgar la reputación de Panamá como destino amigable para el capital extranjero y poner fin a décadas de esfuerzos para atraer inversiones. Según el Banco Mundial, la inversión extranjera directa de Panamá en 2022 fue de $3.000 millones, alrededor del 2,5% del PIB. En 2023, sin embargo, se redujo en un tercio a $2.010 millones.
La economía panameña creció un 7,3% en 2023, pero las recientes proyecciones anticipan un modesto crecimiento de tan solo 2,5% en 2024. A pesar de la importancia tanto de la minería como de la inversión extranjera para Panamá, la esperanza de que un nuevo gobierno autorice las operaciones mineras se va desvaneciendo. El 5 de mayo, Panamá celebrará elecciones generales, y continuar con el cierre de la mina es una opinión prácticamente consensuada entre los principales candidatos presidenciales.
Sin reapertura a la vista
El 27 de noviembre de 2023, la Corte Suprema de Justicia de Panamá ordenó el cierre de Cobre Panamá y prohibió la expedición de nuevos permisos para la minería metálica. La decisión respondía a cinco meses de protestas y disturbios contra el sector, que terminaron colapsando la actividad productiva de todo el país.
First Quantum Minerals (FQM) —la empresa canadiense propietaria de la mina y con una filial que la explota— perdió más del 40% de su capitalización bursátil tras el cierre de la imponente mina panameña. Los daños, sin embargo, distan mucho de haber terminado.
A pesar de haber invertido unos $10.000 millones en Cobre Panamá, FQM ni siquiera puede llevar y vender la producción de cobre anterior. En los nueve primeros meses de 2023, la mina produjo 268.000 toneladas de cobre, el 2% de la oferta mundial.
FQM ha iniciado dos procedimientos de arbitraje internacional. Uno referente a una infracción del Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Panamá, y el otro a la cláusula de arbitraje del contrato firmado entre la empresa y el Estado panameño. Si Panamá pierde, la indemnización podría ascender a $20.000 millones, alrededor del 15% del PIB de Panamá.
Los políticos hacen de la vista gorda ante el naufragio económico
Aunque los políticos han ignorado en gran medida los perjuicios económicos del cierre de la mina de cobre, la demonización del proyecto se ha desbocado. Además de las preocupaciones medioambientales, algunos opositores a la minería a menudo perciben falsamente que los políticos han favorecido a las empresas mineras en detrimento de los ciudadanos al permitirles no pagar o pagar bajos impuestos. Aunque esto no es cierto, los manifestantes han argumentado que las empresas mineras se llevan los recursos naturales de Panamá sin contribuir al desarrollo de la nación.
El 5 de mayo, ocho candidatos se enfrentarán en una reñida votación de una sola vuelta. Las encuestas revelan que cuatro de ellos tienen posibilidades de ganar la elección presidencial. Dos están de acuerdo con el cierre de la mina, y uno ha propuesto convocar una consulta pública. José Mulino, que encabeza la carrera presidencial, ha reservado su posición.
Saúl Méndez, líder del sindicato más activo y poderoso del país (SUNTRACS), sostiene que no hay forma de que una nueva administración reanude las operaciones de Minera Panamá. El tema ya fue “juzgado por el pueblo en las calles”, dijo Méndez a Reuters.
En cambio, Sabino Ayarza, representante de una asociación de pescadores que encabezó el bloqueo del puerto de la mina, está de acuerdo con la opción de celebrar un referéndum. Ayarza ha declarado que, si el pueblo vota a favor de la minería, su asociación no se opondría a la reactivación de la mina. Sin embargo, si el gobierno da luz verde a sus operaciones sin la autorización del pueblo, ellos “irían agresivamente a cerrarla”.
Según una encuesta realizada por el medio local La Prensa en 10 provincias del 26 de enero al 2 de febrero, el 90% de los encuestados se opone a la minería metálica. Convocar un referéndum poco después de las multitudinarias protestas sería el fin para la industria minera en Panamá.
El fin del crecimiento meteórico de Panamá
Con una tasa media de crecimiento anual del 6% del PIB durante las tres últimas décadas, Panamá ha sido un faro de crecimiento económico en Hispanoamérica. Incluso después de sufrir una fuerte contracción del 17,7%, consecuencia de los confinamientos de la pandemia en 2020, su economía se recuperó rápidamente cuando se abrieron los mercados internacionales.
En 2023, con una tasa de crecimiento del 7,3%, la expansión económica superó las previsiones. Esto ocurrió a pesar de que la circulación de embarcaciones por el Canal de Panamá —que representa el 10% del PIB— se redujo debido a las sequías provocadas por el fenómeno de El Niño. Para minimizar el impacto, los costos del peaje naviero se ajustaron al alza.
No obstante, el panorama económico parece menos optimista con el cierre de Minera Panamá. Según las últimas estimaciones del Fondo Monetario Internacional, Panamá solo crecería un 2,5% de su PIB en 2024.
Como impacto directo, el gobierno dejaría de percibir los $375 millones anuales que Minera Panamá se comprometió a pagar en concepto de regalías. Además, el cierre de la mina también implicaría la pérdida de 31.413 puestos de trabajo —el 1,5% de la mano de obra nacional— y disuadiría la inversión privada local y extranjera, principal fuente de creación de empleo.
Panamá, a diferencia de sus países vecinos, es una economía dinámica y diversificada, por lo que tiene más oportunidades de recuperarse en los próximos cinco a diez años sin la industria minera. Sin embargo, el polémico cierre de la mina pasará factura al dejar un precedente difícil de olvidar. Panamá tendría que redoblar sus esfuerzos para demostrar a los mercados internacionales que sigue siendo un destino amigable y comprometido con la inversión extranjera y la sostenibilidad fiscal.
