El Ministerio Público (MP) de Guatemala enfrío los festejos post electorales cuando anunció que los comicios del 25 de junio fueron fraudulentos. Luego de una exhaustiva investigación, el MP reveló importantes irregularidades en el proceso electoral que podría conllevar a la cancelación de las elecciones y el enjuiciamiento del presidente Bernardo Arévalo.
En una conferencia de prensa llevada a cabo el 8 de diciembre de 2023, antes de que Arévalo asuma la presidencia, el MP dio a conocer tres hallazgos centrales en torno a las elecciones. Primero, un tercio de los registros de afiliación emitidos por el movimiento Semilla, el partido de Arévalo, son fraudulentos. Segundo, el MP encontró inconsistencias en la gestión financiera de Semilla, incluyendo la falta de información sobre la fuente del dinero de donantes y crédito.
El tercer hallazgo se refiere directamente al fraude en la elección. El MP descubrió actas electorales escaneadas que, de acuerdo con la información de la metadata, fueron subidas al sistema de resultados oficiales antes de que terminara la jornada electoral. Además, el MP reportó que no se conoce el paradero de 7.950 actas físicas.
El MP entregó la evidencia que respalda sus hallazgos al TSE y al Tribunal de lo Penal, pero los procesos de estas instancias toman tiempo. La única acción del Tribunal de lo Penal ha sido la medida cautelar para suspender la personería jurídica de Semilla. Mientras tanto, Arévalo y los 24 congresistas de Semilla ya asumieron sus cargos el 14 de enero de 2024.
A fin de transmitir los hallazgos de esta investigación, el Impunity Observer solicitó acceso a la misma mediante el MP y entrevistó a José Luis González Dubon, un abogado guatemalteco con una carrera profesional de 50 años y vasta experticia en derecho constitucional.
El movimiento Semilla generalmente ha sido reservado y se ha opuesto a atender preguntas del MP relacionadas al fraude electoral. No obstante, nuestro investigador Mauro Echeverría, en agosto de 2023 (antes de que el MP publique su investigación), obtuvo al menos breves comentarios de María Reyes, abogada de Semilla y actual diputada.
Semilla no tenía los requisitos para presentarse a las elecciones
En julio de 2022, el MP empezó a investigar a Semilla luego de que un guatemalteco reportó su afiliación involuntaria a este partido político. Cuando los fiscales verificaron los 24.245 registros de afiliación, encontraron inconsistencias en 32% de ellos.
Específicamente, 5.542 registros tienen nombres o números de identificación que no existen, 2.394 números de identificación no corresponden al nombre registrado, 132 registros están duplicados, y 40 corresponden a personas fallecidas. Hasta ahora, 13 personas afiliadas han denunciado que no firmaron afiliación alguna.
De acuerdo con la Ley electoral y de partidos políticos, para recibir la autorización de funcionamiento un partido necesita un número mínimo de afiliados, equivalente al 0.3% del registro electoral. Semilla debía presentar una lista verificable de alrededor de 24.000 miembros, pero solo 16,124 de estos registros eran válidos.
El 1 de agosto de 2023, el Impunity Observer publicó una entrevista exclusiva con la abogada de Semilla María Reyes, quien también es diputada recientemente electa. En ese tiempo, ella admitió la posibilidad de que hubiera más de un registro fraudulento, pues argumentó que es algo común en los partidos políticos guatemaltecos. Sin embargo, le dio poca importancia al asunto al tratarlo como una mala gestión y no como una jugada sucia.
“Cuando nuestras hojas de inscripción fueron a los hospitales, algunas personas firmaron, pero cuando el TSE analizó esas firmas, algunas personas seguramente ya habían muerto”. Ella describió su explicación “completamente lógica”.
Arévalo, quien también es representante legal de Semilla, no negó los hallazgos del MP. Al contrario, trató de endosar la culpabilidad a Jaime Gudiel, quien supuestamente estaba a cargo de las afiliaciones masivas a cambio de un pago.
Para respaldar esta denuncia, Arévalo presentó un contrato entre Samuel Pérez, en ese entonces representante legal de Semilla, y el equipo de afiliación —las hermanas de Gudiel: Ashley e Ileana—. En el documento se evidencia que la organización acordó pagar $0.90 por afiliación, y solamente Ashley firmó.
Algunos miembros de Semilla declararon bajo juramento que los registros son fidedignos, pero no han entregado ninguna evidencia que demuestre lo contrario. En consecuencia, el MP infiere que puede haber “una posible asociación para cometer engaño con propósitos políticos entre integrantes del Movimiento Semilla, sus abogados, algunos simpatizantes y funcionarios del TSE”.
Samuel Pérez está bajo antejuicio en la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, el abogado González Dubón explica que estos procesos son largos y que los jueces temen represalias.
Para González Dubón, el simple hecho de que Arévalo no haya negado la existencia de afiliaciones falsas es suficiente para iniciar un proceso de cancelación de partidos. “Todos los que participan del registro de afiliaciones —el registrador de ciudadanos y los inspectores generales— y los magistrados del TSE están conscientes de las afiliaciones fraudulentas. Ellos saben que se registraron a personas fallecidas”.
En la conferencia de prensa, los fiscales del MP declararon: “el partido político en referencia nunca ha nacido a la vida jurídica, pues su constitución fue mediante acciones corruptas e ilegales.” De acuerdo con González Dubón, en términos legales, cancelar al partido implica la cancelación de las elecciones, puesto que se anulan todos los actos jurídicos subsiguientes.
La gestión financiera de Semilla también está en duda
La Unidad Especializada de Control y Fiscalización de las Finanzas de los Partidos Políticos del TSE, como resultado de una auditoría financiera a Semilla por su gestión en 2019, reveló una serie de malas prácticas. El MP hace referencia a esta auditoría en su investigación para evidenciar que Semilla no cumplía con las reglas y el control interno requerido.
De acuerdo con la Ley electoral y de partidos políticos, las organizaciones políticas no deben mantener gastos permanentes de marketing y campaña. Sin embargo, Semilla presentó facturas de pagos mensuales por “servicios de campaña electoral” fuera del periodo electoral.
En cuanto al cumplimiento de la norma, la legislación establece que los partidos políticos deben mantener registros contables y reportar sus finanzas de forma adecuada y transparente. En esta auditoría, la Unidad especializada del TSE identificó lo siguiente:
- Los registros de ingresos y egresos del partido tienen cifras diferentes a las declaradas en los informes financieros que Semilla entregó al TSE.
- Algunos ingresos y sus recibos no tienen suficiente documentación de respaldo sobre el origen y la licitud de los fondos.
- Algunos recibos de ingresos no cumplen con los requisitos legales.
- Otras contribuciones monetarias no fueron ni siquiera reportadas.
- El partido no entregó informes de ingresos y egresos suficientemente detallados.
El 8 de junio de 2022, la Unidad especializada del TSE sancionó a Semilla con una multa de $50,001, por infringir con lo establecido en la Ley electoral y de partidos políticos. Semilla también violó el artículo 407, apartados l y o, del Código Penal.
Posteriormente, el MP encontró que Arévalo puede haber recurrido a fondos ilícitos para pagar la multa: pidió prestado el dinero al consultor de política pública Felix Alvarado.
En lugar de justificar la licitud del dinero entregando la documentación completa del origen de los fondos, Alvarado entregó una declaración de que el dinero proviene de sus ingresos como consultor. La abogada que notarizó este documento es Diana Benavides, quien está bajo investigación por la compra irregular de un edificio donde la ex fiscal general Thelma Aldana —también bajo investigación— se refugió antes de expatriarse en Estados Unidos.
González Dubón explica que la Superintendencia de Bancos de Guatemala envió una alerta sobre actividad anómala cuando Alvarado recibió tal suma de dinero en su cuenta bancaria. De acuerdo con el informe de la Superintendencia, Alvarado no manejaba esas sumas de dinero, y el dinero provenía de una cuenta de Estados Unidos.
El MP ha solicitado apoyo de agencias de regulación financiera en Estados Unidos para rastrear el origen del dinero. González Dubón cree, sin embargo, que estas agencias no cooperarán con el MP.
“El Departamento de Estado de EE.UU. ha financiado el fraude electoral para imponer a su aliado Arévalo en la presidencia de Guatemala,” menciona. De acuerdo con González Dubón, los funcionarios del Departamento de Estado buscan impunidad para los miembros de Semilla y otros aliados guatemaltecos —como la ex fiscal general Aldana— y mantener el acceso privilegiado de EE.UU. en la explotación de recursos naturales guatemaltecos.
La victoria deliberada de Arévalo
El 25 de junio, los guatemaltecos eligieron los candidatos presidenciales que irían a segunda vuelta, diputados para el Congreso y para el Parlamento Centroamericano, y Corporaciones Municipales. Sandra Torres, quien ha sido candidata presidencial en tres ocasiones, ganó la primera vuelta con 21% de los votos. Arévalo, quien iba octavo en las encuestas, sorpresivamente quedó en segundo lugar con 15.5% de votos. Semilla consiguió 24 escaños de 160 en el Congreso.
Encuesta Libre, realizada por la compañía de análisis de mercado ProDatos y PrensaLibre, entrevistó dos semanas antes de la elección a 1.202 ciudadanos que afirmaron iban a votar. Con un margen de error estimado de 2,8%, la encuesta predijo que Sandra Torres del partido izquierdista Unión Nacional por la Esperanza ganaría con 21,3% de los votos. El exdiputado y diplomático Edmond Mulet del partido de centro-derecha Cabal y la exdiputada Zury Ríos del partido conservador Valor supuestamente tendrían el segundo (13.4%) y tercer lugar (9,1%), respectivamente. En la encuesta, Arévalo tenía un estimado de 3% de votos, mientras que los votos nulos superarían el 13%.
Asimismo, la encuesta evidenció que 75% de encuestados estaban preocupados por la integridad de las elecciones. Creían que faltaba transparencia y dudaban que sean justas.
Esta percepción ciudadana pudo haber sido fruto de la información que empezó a circular sobre un posible sobreprecio en las adquisiciones del equipo tecnológico y el software electoral. De acuerdo con otra investigación del MP, el TSE habría comprado computadoras y celulares para el día de la elección a cinco veces el precio de mercado.
Además, el TSE pagó alrededor de $18 millones por un nuevo sistema informático para la transmisión de resultados electorales (TREP), lo cual generó incertidumbre entre las organizaciones políticas y de la sociedad civil. González Dubón, por ejemplo, considera que el TSE contaba con un software adecuado que fue desarrollado por su mismo equipo y que ya ha sido utilizado en elecciones anteriores. Adicionalmente, otra compañía que participaba en la licitación presentó una oferta de $4 millones menos.
En noviembre de 2023, el MP entregó información al respecto al Congreso y solicitó juicio político en contra de los magistrados del TSE. En una investigación independiente, la Contraloría General de Cuentas (CGC) arrancó una auditoría general del proceso electoral, cuyos resultados siguen pendientes.
La caja de Pandora de las elecciones
Adicionalmente, el MP descubrió irregularidades el día de las elecciones generales. Al realizar una auditoría digital con una muestra de actas subidos al sistema TREP, el MP detectó algunas actas escaneadas antes de que la jornada electoral culminara. La información provino de la metadata de las imágenes de las actas escaneadas.
Al analizar 7,500 actas subidas al sistema, el MP identificó que la metadata de 524 actas correspondientes a la elección presidencial y 929 correspondientes a las elecciones de diputados nacionales y locales registraba que el tiempo de subida al sistema era antes de las 6:00 p.m. cuando terminaba la jornada electoral. El MP luego revisó las actas físicas entregadas por el TSE y las comparó con las actas escaneadas. Como resultado, identificó que faltaban 7,950 actas, lo que genera incertidumbre sobre 2 millones de votos (en un universo de 5.56 millones de electores y cinco elecciones diferentes).
“Los fiscales que supervisaron el conteo en distintas zonas del país reportaron la noche luego de la jornada electoral que las actas físicas no llegaban a los centros de procesamiento de datos”, dijo González Dubón al Impunity Observer. “Además, el sistema TREP empezó a mostrar resultados la mañana siguiente”.
Debido a estas anomalías y denuncias de los fiscales, González Dubón cuestiona la razón por la que el TSE no realizó una auditoría digital que confirme que el TREP estaba en cero cuando la jornada electoral se cerró a las 6 p.m. Para él , la falta de esas auditorías sugiere que los magistrados del TSE participaron en las irregularidades identificadas. Se presume que las autoridades del TSE ordenaron al equipo de procesamiento de datos que se ingresen nuevas actas con los resultados que reflejaba el sistema TREP para que compaginen los números y se oculte el fraude.
De igual manera, los magistrados del TSE no han mostrado interés por abordar el caso de fraude presentado por el MP. Luego de que el MP compartió sus hallazgos, los magistrados del TSE se fueron de vacaciones cuando se supone que debían dar declaraciones.
El MP ha seguido solicitando antejuicios ante el Tribunal de lo Penal y la Corte Suprema de Justicia para Arévalo y Pérez, quien ahora es diputado, pero estos procesos toman su tiempo. Si los jueces inician un proceso legal contra Arévalo y lo motivan a prisión, él debe dejar su cargo y potencialmente enfrentar cargos.
Arévalo se ha opuesto públicamente a la Fiscal General de Guatemala Consuela Porras, quien lidera el Ministerio Público, y a los hallazgos del MP. De acuerdo a sus declaraciones, ella y su equipo buscan cometer un golpe de Estado. El 6 de mayo de 2024, Arévalo presentó un proyecto de ley para reformar la Ley del Ministerio Público. La reforma “abrirá el camino para que la fiscal general rinda cuentas al pueblo de Guatemala y a sus representantes y sea removida de su cargo en el marco de la ley”, declaró Arévalo.
El ataque al MP no ha impresionado a los que promueven el ejercicio de la ley y la adhesión al imperio de la ley. González Dubón explica que “adicionalmente a los delitos revelados que han sido cometidos por él y su partido, Arévalo sigue cometiendo más delitos al impedir que los fiscales y otras autoridades realicen sus investigaciones”.
