Este informe proporciona un análisis exhaustivo del sistema de justicia de Perú y ofrece recomendaciones concretas, basadas en la experiencia y las mejores prácticas de los países de la OCDE, sobre cómo hacerlo más eficaz, eficiente, transparente, accesible y centrado en las personas. Sobre la base de la Recomendación de la OCDE sobre el Acceso a la Justicia y los Sistemas de Justicia Centrados en las Personas, el informe sugiere cómo Perú puede implementar mejor su desafiante agenda de reforma de la justicia para que el acceso a la justicia sea efectivo para todos, incluidos los más necesitados. En particular, propone soluciones prácticas para modernizar las disposiciones institucionales y funcionales de Perú con el fin de mejorar la administración de justicia y la prestación de servicios centrados en las personas, acercándolo a los estándares y mejores prácticas de la OCDE en este ámbito.
Recomendaciones clave
Implementar medidas, incluida la asignación de más recursos humanos y financieros, para superar las barreras geográficas y de complejidades del sistema, culturales, lingüísticas y financieras restantes para acceder a los servicios de justicia.
Para facilitar la implementación de esta recomendación, el Perú podrá considerar lo siguiente:
- Ampliar la presencia de las instituciones de justicia clave en todo el territorio nacional (por ejemplo, la Policía, la Fiscalía y los servicios de defensa pública) a áreas de mayor necesidad.
- Introducir medidas para mejorar la implementación del principio de gratuidad. Esto evitaría la inhibición de las poblaciones desfavorecidas a la hora de recurrir a los servicios de la justicia formal, con el objetivo de ofrecer servicios de justicia gratuitos para las poblaciones vulnerables. En el caso de la defensa pública y la asistencia jurídica gratuitas, se debe alentar al Perú a implementar incentivos para plantear casos pro bono.
- Realizar esfuerzos por garantizar y promover unas instituciones que tengan en cuenta la diversidad cultural. La inclusión de peritos o instituciones especializadas como los amicus curiae que puedan ilustrar al tribunal sobre la cosmovisión de las comunidades indígenas y la existencia de un cuerpo de traductores o intérpretes, así como la existencia de procesos, prácticas e instituciones adaptadas a las necesidades indígenas, son medidas que se podrían incorporar a la justicia ordinaria para garantizar que el acceso a la justicia sea realmente posible para los pueblos indígenas.
- Incrementar los conocimientos básicos de tecnología de toda la población peruana y diseñar servicios tecnológicos considerando las circunstancias específicas de la población. Esto podría lograrse aumentando su acceso a Internet y el uso de TIC, considerando que en ciertas áreas los proveedores de servicios pueden necesitar utilizar soluciones de baja tecnología. Además, modernizar todas las instituciones de justicia y coordinar las iniciativas para brindar a los usuarios herramientas tecnológicas holísticas y articuladas para mejorar su acceso a los servicios de justicia.
- Fortalecer los servicios de defensoría pública y asistencia jurídica para garantizar el acceso a la justicia para todas las personas y vulnerabilidades. Fortalecer el papel de las instituciones pertinentes y establecer vías de acceso a la justicia claras para facilitar el acceso de las personas a los servicios de justicia. Estos servicios ayudan a subsanar la brecha de la justicia al brindar asistencia juríd
ica gratuita o asequible a quienes no pueden pagar una representación privada. El fortalecimiento de estos servicios ayuda a defender el principio de que todas las personas deben tener igual acceso a los recursos jurídicos y a la protección de sus derechos.
Para facilitar la implementación de esta recomendación, el Perú podrá considerar lo siguiente:
El fortalecimiento del servicio de defensa pública (MINJUSDH) con el personal (es decir, defensores públicos) y los medios digitales suficientes.
El planteamiento de opciones pro bono para las comunidades rurales, incluidos los pueblos indígenas.
La implementación de incentivos podría ser un primer paso hacia este objetivo.
La mejora de la coordinación y la cooperación entre las instituciones con el fin de proporcionar asistencia y defensa jurídicas mediante la mejora de un sistema de información unificado en materia de defensa pública y asistencia jurídica.
- Fortalecer el papel de las instituciones pertinentes (por ejemplo, comisarías de policía y refugios) y establecer vías claras de acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia. Además, considerar una mejor difusión de las funciones de estas instituciones y vías de acceso. Es vital la creación de vías de acceso a la justicia centradas en las personas sobrevivientes, así como su integración con servicios que eliminen las barreras para las mujeres (víctimas de violencia) a la hora de acceder a los servicios.
- Considerar la regulación y coordinación de servicios itinerantes o de movilidad de la justicia en el país. Los servicios de justicia itinerantes pueden llevar los servicios jurídicos directamente a áreas desatendidas con acceso limitado a la justicia. Al regular estos servicios, el Perú puede garantizar que se brindan de manera coherente y organizada, de modo que lleguen a comunidades remotas y rurales que puedan tener poco acceso a representación jurídica e instalaciones judiciales. Además, regular los servicios itinerantes facilita la coordinación y colaboración entre las diferentes partes interesadas en el sistema de justicia, como organizaciones de asistencia jurídica, tribunales e iniciativas comunitarias. El Perú puede establecer pautas y protocolos para estos servicios a fin de garantizar unos mecanismos efectivos de comunicación, colaboración y derivación. Esto promueve un enfoque integral del acceso a la justicia y evita la duplicación de esfuerzos, en beneficio de las comunidades atendidas.
- Implementar medidas para mejorar la coordinación entre los servicios de justicia y las instituciones que los diseñan y prestan para brindar la mejor respuesta a la ciudadanía. Las recomendaciones específicas sobre este aspecto se detallan en el capítulo 3. 6.7.2.
Recomendaciones a mediano y largo plazo
Realizar un esfuerzo común a todo el Estado para diseñar e implementar una política integral e integrada de acceso a la justicia en el Perú.
Para implementar esta recomendación, el Perú podrá considerar lo siguiente:
- Implementar un enfoque estratégico con una definición más amplia del derecho de acceso a la justicia. Esto podría lograrse mediante legislación y, si fuera necesario, mediante cambios constitucionales con el objeto de ampliar su alcance más allá del marco del debido proceso judicial y los servicios de justicia en los tribunales para abarcar la justicia como un servicio público, donde existan un diseño y una prestación de servicios jurídicos y de justicia centrados en las personas. Esta interpretación más amplia del derecho de acceso a la justicia implicaría también elevarlo a un derecho fundamental, mejorando los mecanismos para su protección.
- Mejorar los mandatos institucionales para que se centren en las personas. El poder judicial, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y el MINJUSDH demuestran un sólido compromiso con los mandatos constitucionales, jurídicos e institucionales que tienen actualmente. Sin embargo, es necesario trabajar para garantizar que esos mandatos se revisen y modifiquen de modo que estén más centrados en las personas y que la sensibilización y la aceptación de la centralidad de un enfoque centrado en las personas se extiendan por todo el sistema y se incorporen (estén integradas) dentro de él. La adaptación de esos mandatos para que estén más centrados en las personas dará lugar, con el tiempo, a un cambio progresivo de actitudes y acciones hacia enfoques centrados en las personas. Será una tarea complicada y a largo plazo, y puede implicar la reinterpretación de “la administración de justicia”. Por ejemplo, se pueden comprometer recursos para revisar cómo el sistema de justicia y sus principales instituciones pueden lograr unos mandatos más centrados en las personas.
- Implementar medidas adicionales para mejorar el acceso de las poblaciones vulnerables a la justicia. El Perú se beneficiaría de las reformas (algunas de ellas basadas en logros recientes) basadas en una visión integral del Estado y a largo plazo respecto del acceso a la justicia en el país. El espíritu de la Política Pública de Reforma del Sistema de Justicia en lo que respecta al acceso a la justicia podría ser el primer paso en la consecución de este objetivo.
Como herramienta clave para diseñar e implementar una política integral e integrada de acceso a la justicia, realizar periódicamente una encuesta de necesidades jurídicas a escala nacional.
Para implementar esta recomendación, el Perú podrá considerar lo siguiente:
- Implementar encuestas de necesidades jurídicas centradas en las personas a nivel nacional y otros métodos para identificar las principales necesidades jurídicas y de justicia de la población del país, sobre todo las personas más vulnerables (mujeres, grupos indígenas y comunidades LGBTQI). Estas herramientas de evaluación de necesidades deben centrarse en interactuar directamente con las personas con el fin de comprender los tipos de problemas que experimentan, el efecto que tienen en sus vidas, las vías realistas y los servicios disponibles, y, en definitiva, obtener información sobre lo que las propias personas quieren en términos de resultados y vías de acceso.
El Perú podría utilizar los primeros pilotos de las encuestas de necesidades jurídicas en las dos regiones de Lima y San Martín como base sobre la cual construir una encuesta de esa clase a escala nacional. Un enfoque más detallado a nivel subregional será útil para planear y brindar servicios de manera efectiva en pro de una estrategia de territorialización que integre todas las instituciones de justicia y desarrolle un continuo de opciones para identificar, prever, prevenir y resolver los problemas jurídicos.
Considerar el fortalecimiento de los estudios focalizados de la Defensoría del Pueblo. Como medida de apoyo a una posible encuesta nacional de necesidades jurídicas, se podrían fortalecer los estudios focalizados que realiza la Defensoría del Pueblo, para que amplíen su alcance e incluyan a todas las poblaciones vulnerables del Perú.
- Mantener y ampliar los esfuerzos actuales del sector de justicia en todo el sistema para identificar las estrategias más efectivas, eficientes y sostenibles para la prestación de servicios. Esto se aplica especialmente a los esfuerzos dirigidos por la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, el Programa AURORA y la Defensoría del Pueblo. Se podría establecer un proceso nacional sobre “qué funciona” para el sector de la justicia bajo el MINJUSDH para garantizar que las lecciones aprendidas se capturen, se comuniquen y estén disponibles para su aplicación en otras partes del sector de la justicia. Además, se debe hacer mayor hincapié en colaborar con los usuarios de los servicios para evaluar su satisfacción con los procesos y la efectividad de los resultados. Se debe adoptar un enfoque estratégico para realizar evaluaciones de servicios y nuevas iniciativas centradas en las personas, según corresponda.
- Mejorar la colaboración y la participación de la sociedad civil en la formulación de políticas y leyes. La voz de la sociedad civil debería reflejarse mejor en el diseño de servicios jurídicos y de justicia entre proveedores y posibles usuarios para considerar las necesidades y experiencias de los usuarios a fin de que se sientan iguales ante la ley. Estas medidas tendrían un efecto directo en la confianza de la población peruana en las instituciones de justicia y en los procesos y resultados justos. Identificar y eliminar las barreras estructurales y sistémicas al acceso a la justicia y continuar trabajando para poner fin a las barreras existentes para que las poblaciones vulnerables accedan a los servicios de justicia en el Perú.
Para implementar esta recomendación, el Perú podrá considerar lo siguiente:
- Identificar y evaluar las barreras de las poblaciones vulnerables a la hora de acceder a los servicios de justicia para defender sus derechos fundamentales y mejorar su acceso a la justicia. Podrían identificarse y visualizarse mejor las barreras y los problemas que afrontan las mujeres (no necesariamente víctimas o posibles víctimas de violencia), los grupos indígenas, los representantes de las poblaciones rurales y la comunidad LGTBTI para perfeccionar los servicios de justicia y garantizar el acceso de determinadas poblaciones.
- Mejorar los mecanismos para reducir las prácticas discriminatorias que obstaculizan el acceso de las poblaciones vulnerables a los servicios de justicia en el Perú. Esto implicaría, entre otras cosas: o Crear un registro nacional de casos de discriminación contra las mujeres, la población Indígena y la comunidad LGBTQI. Hacer que el contenido del registro sea accesible en todo el sistema judicial y para las partes interesadas clave.
Aumentar la capacitación y la capacidad de los operadores de la justicia para erradicar los estereotipos y prejuicios. Considerar la adopción de medidas para aumentar la sensibilización y capacitación de los funcionarios públicos sobre la violencia contra la comunidad LGBTQI. Además, considerar la adopción de un protocolo para la investigación y la prestación de servicios de justicia en casos de violencia contra personas LGBTQI.
Continuar capacitando y sensibilizando a los funcionarios públicos (por ejemplo, jueces y policías) acerca de las vías de acceso. Aumentar la disponibilidad de programas de capacitación sobre el terreno en diversas regiones y comunidades de todo el país. Implementar medidas para mejorar la confianza de las personas en ellos. Se puede seguir capacitando a los funcionarios públicos para que adopten una perspectiva de género al abordar los casos de violencia contra las mujeres.
- Implementar actividades de sensibilización con las comunidades que interactúen con todos los componentes del sistema de justicia. Esto podría lograrse poniendo en práctica estrategias de comunicación con un lenguaje claro y accesible sobre los servicios de justicia (haciendo hincapié en los mecanismos alternativos de solución de controversias). Además, fomentar un enfoque sistemático en la identificación de los destinatarios y las comunidades objetivo de los servicios y tratar de emplear los mecanismos de comunicación más eficaces para esos destinatarios. Para alcanzar este objetivo, podrían ser útiles las asociaciones con organizaciones comunitarias y unos procesos sólidos de clasificación de problemas y derivación que sean coherentes con un enfoque de “no hay puertas equivocadas”. Continuar fortaleciendo las instituciones para una mejor prestación de servicios de justicia centrados en las personas. Para implementar esta recomendación, el Perú podrá considerar lo siguiente:
- Fortalecer la justicia de paz y los servicios de justicia comunitaria para garantizar que funcionen de la mejor manera posible y evitar posibles conflictos entre los sistemas jurídicos consuetudinario y formal, garantizando al mismo tiempo las salvaguardas y protecciones de los derechos humanos. Esto podría lograrse mediante lo siguiente: o Brindar mayor apoyo (en términos de capacitación) a los jueces de paz y los mecanismos indígenas de solución de controversias. Esto les permitiría garantizar que operan al mejor nivel posible y de la manera más estrecha que se puede lograr con respecto a los procesos constitucionales, de derechos humanos y con perspectiva de género. o Promulgar e implementar una ley para regular el alcance de los jueces de paz (no letrados) y su coordinación con el resto del sistema de justicia.
Además, los jueces de paz podrían recibir capacitación en derechos humanos y cuestiones de género. Por otra parte, contemplar la creación o adaptación de un sistema de información donde los jueces de paz puedan incluir información sobre sus casos. o Adecuar e implementar progresivamente un sistema de información para el registro de los casos y las decisiones dentro de los mecanismos de la justicia comunitaria. o
Promulgar e implementar una ley para definir el alcance de la jurisdicción de justicia indígena y su coordinación e interacción con la jurisdicción formal. Esta ley debe:
‒ Cumplir con las normas internacionales en materia de justicia indígena.
‒ Definir y regular claramente la interacción y coordinación entre los sistemas de justicia indígena o comunitaria y ordinaria, sobre la base del fomento del diálogo intercultural, la garantía de la capacidad de coordinación, la promoción del intercambio jurisdiccional y la protección y promoción de los derechos indígenas a la diversidad cultural y étnica. ‒ Establecer limitaciones claras para implementar la justicia indígena a fin de garantizar la coherencia con las normas constitucionales y de derechos humanos.
