Cada vez más reportajes alertan sobre las empresas mineras chinas que están adquiriendo grandes concesiones en Nicaragua, incluso en áreas ecológicamente sensibles. El impacto inmediato es que estos acuerdos políticos acelerados acaban de inmediato con las oportunidades de mineros canadienses, como Calibre Mining, que rinden cuentas a sus accionistas.
El abandono de los lazos de Nicaragua con Taiwán y Estados Unidos también ocasiona implicaciones geopolíticas a largo plazo. Además, las concesiones mineras revelan la verdadera naturaleza de la dictadura liderada por los caudillos Daniel Ortega y Rosario Murillo.
1. El régimen Ortega-Murillo está desesperado por obtener fondos
Al igual que en el sector energético, la minería en Nicaragua se está convirtiendo cada vez más en un vehículo para fondos ilícitos que apoyan a los leales al régimen. Según el portal digital Diálogo Américas, “Nicaragua se ha convertido en el mayor exportador de oro en Centroamérica, aunque sus ventas al exterior no coinciden con la cantidad extraída de sus minas”, lo que indica lavado de dinero. Por ejemplo, el oro extraído ilegalmente en Venezuela podría estar llegando a Nicaragua para ser exportado nuevamente con una marca distinta.
Artículo 66 informa que Ortega demostró su “desesperación” en junio al reformar la Ley de Administración de Recursos Decomisados del Crimen Organizado, poniendo los recursos incautados bajo discreción personal del Ejecutivo.
2. El régimen prioriza la continuidad, no el bienestar de la clase trabajadora
Las empresas canadienses y estadounidenses son conocidas por sus condiciones de trabajo transparentes y sostenibles, particularmente aquellas que están bajo el escrutinio de numerosos accionistas. En contraste, las empresas vinculadas al Partido Comunista Chino (PCCh) evaden las sanciones de Estados Unidos, hacen menos preguntas, recortan derechos laborales y son más propensas a compartir las ganancias con funcionarios locales. ¿Qué se puede esperar de un régimen como el del PCCh, que lleva a cabo una extracción de órganos con fines políticos?
En 2022, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a la Dirección General de Minas de Nicaragua como el principal árbitro de las exportaciones de oro. De acuerdo con lo reportado por Expediente Público, “los ingresos de la producción y ventas [de la Dirección] sirven para llenarse los bolsillos y ‘pagar a quienes mantienen al régimen en el poder'”. Financiar la continuidad se ha convertido en la prioridad, ahora que el régimen ha arrojado a los trabajadores y a la integridad fiscal bajo el tren. La empresa minera estatal Eniminas y su director, Ruy Delgado López, recibieron el mismo tratamiento de sanciones por el Departamento del Tesoro de EE. UU.
3. Las tribus indígenas se interponen en el camino de la centralización sandinista
El régimen Ortega-Murillo parece estar repitiendo la historia posterior a la revolución sandinista de 1979. Cualquiera que crea que los sandinistas bajo Ortega se preocupan por el medio ambiente o las comunidades indígenas debería ver Nicaragua Was Our Home, un documental de 1984 del fallecido Lee Shapiro. Él viajó a la costa caribeña nicaragüense y documentó cómo los indios miskitos, muchos de los cuales vivían en Honduras, eran cazados y desplazados por los soldados del Frente Sandinista de Liberación Nacional.
El desafío del régimen Ortega-Murillo es que las comunidades indígenas aisladas que habitan en Nicaragua, los miskitos y mayangnas, favorecen la toma de decisiones y la custodia de los recursos de forma descentralizada y de pueblo a pueblo. Si la élite política está ansiosa de extraer recursos con el conocimiento chino, el tiempo corre en su contra bajo las modalidades indígenas. Por ello, las concesiones mineras chinas han llevado inevitablemente a la degradación ambiental y a la violencia en estas comunidades.
Estas comunidades costeñas, principalmente los miskitos y mayangnas, dependen en gran medida de recursos naturales –incluyendo las fuentes de aguas abiertas– y están en medio de donde la mayoría de concesiones mineras están ubicadas, en la región del Caribe Norte que abarca 200.000 hectáreas. Las comunidades indígenas siguen sufriendo desplazamiento, al tiempo que se resisten a la llamada “modernización” de los sandinistas.
La disminución del liderazgo de Estados Unidos en las Américas está teniendo consecuencias negativas para los residentes bajo déspotas, siendo Nicaragua un ejemplo evidente. Los chinos están más que contentos de llenar el vacío de poder dejado por Estados Unidos, y no hay una solución fácil o rápida. Las políticas locales han debilitado la autoridad moral y económica estadounidense, convirtiéndo a EE. UU. en un destino de exportaciones menos dominante en comparación con competidores como China.
En el corto plazo, sin embargo, aún existe el potencial para que los gobiernos alineados con Estados Unidos y orientados al comercio en países como El Salvador, Guatemala y Honduras demuestren los beneficios superiores del comercio con empresas privadas canadienses, taiwanesas y estadounidenses. Los beneficios pueden prevalecer frente a la red de filiales corruptas y contaminantes del PCCh. Estas filiales ahora están firmemente aliadas con el régimen Ortega-Murillo, que está dispuesto a pagar por la protección del PCCh para mantener el control sobre una población devastada.
