El contralor general César Aguilar Surichaqui se presentó ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso para informar que la Contraloría General requiere un presupuesto adicional de S/ 611.5 millones para el próximo año con la finalidad de optimizar la labor de la institución y garantizar la continuidad de los 3632 auditores de 691 órganos de control institucional.
“La demanda adicional que estamos solicitando es de S/ 611.5 millones, ya que la suma total que necesitamos para el 2025 es de algo más de S/ 1,500 millones. Sin embargo, observamos que se nos ha reducido el 17.1% en la asignación de recursos respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del 2024″, señaló durante su intervención.
Aguilar también destacó que el PIA 2025 de la Contraloría asciende a S/ 966.8 millones, lo que representa una reducción del 42.1% a comparación del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de este año.
Asimismo, recordó que el porcentaje destinado a la ejecución del control concurrente en las obras públicas se redujo del 2% al 0.5%, lo que afecta los recursos que la Contraloría utiliza para el pago de planillas. “Esta situación nos coloca en una posición crítica, ya que debemos asumir el costo de las planillas de los auditores que se han incorporado”, advirtió.
Además, mencionó que se requiere un monto adicional de S/ 1,305 millones para implementar la Ley de Carrera del Auditor Gubernamental. “La ley fue aprobada sin tener en cuenta la contingencia presupuestal“, añadió.
El contralor explicó que algunos congresistas han expresado dudas sobre la eficacia de la Contraloría en la reducción de los índices de corrupción en el país, pese al incremento en el presupuesto asignado. Al respecto, sostuvo que se debe, en parte, a que no se han implementado políticas adecuadas y que la entidad ha estado enfocada en determinar responsabilidades de los funcionarios públicos, lo que ha generado trabas en el desarrollo de las obras públicas.
“Hago un mea culpa, ya que la institución ha obstaculizado el desarrollo de muchas obras públicas, convirtiéndose en una traba en lugar de una ayuda. Esto es lo que queremos cambiar“, aseguró.
En este sentido, refirió que se realizarán acciones como la reeducación del personal auditor, el rediseño de normativas internas y la adquisición de nuevos equipos. Mencionó que durante sus visitas a las regiones de Tumbes, Piura y Lambayeque constató la falta de insumos básicos, lo que dificulta la operatividad de las gerencias regionales de control.
Aguilar también indicó que, en los dos meses que lleva al frente de la Contraloría, ha definido una visión preventiva para la institución, con el objetivo de evitar la obstrucción en la adquisición de bienes, servicios y obras por parte del Estado.
“Por ello, estamos evaluando la posibilidad de absorber a todos los Órganos de Control Institucional (OCI) a nivel nacional. Actualmente, existen 1,027 OCI, de los cuales solo 691 están incorporados a la Contraloría. El objetivo es evitar que los OCI sean capturados por las entidades que supervisan y garantizar su independencia”, comentó.
Control preventivo
El contralor anunció la implementación del servicio de control preventivo, que acompañará la ejecución del presupuesto público y sugerirá mejoras puntuales para corregir observaciones. “El control preventivo permitirá identificar problemas y proponer soluciones antes de que se conviertan en mayores inconvenientes, logrando que la Contraloría sea percibida como un socio en la ejecución del presupuesto, sin dejar de lado el control concurrente”, subrayó.
