Una reciente encuesta descubrió que el 42% de gerentes federales “tienen la intención de trabajar en contra de la administración de Donald Trump.” Para derrotar este esfuerzo inconstitucional y cumplir con sus promesas, el presidente Trump debe devolver la burocracia a su rol constitucional. Eso significa despedir en masa, derogar las regulaciones iniciadas por agencias, castigar la ilegalidad y encontrar cientos de miles de niños traficados.
Una resolución de la Corte Suprema de 1984 permitió a las agencias federales interpretar la legislación. Esto conllevó a más regulaciones y convirtió a burócratas no electos en una cuarta rama de facto del gobierno —también conocida como el Estado profundo— con un poder imposible de medir.
El Estado profundo debilitó a Trump en su primer período y eso fue clave para removerlo en 2020. El Estado profundo violó la Constitución al trabajar con grandes empresas tecnológicas para censurar información que ayudaba a Trump y promover información perjudicial para él.
En 2024, la Corte Suprema revocó la decisión de 1984: la interpretación de los estatutos ahora recae en el poder judicial. Esto permite que Trump revoque las regulaciones perjudiciales que han impedido la actividad productiva y el aumento de los precios de bienes y servicios.
Los partidarios de un gobierno limitado argumentarán que es práctico y que se ajusta a la Constitución. Los partidarios de un gobierno intrusivo argumentarán que necesitamos protección frente a empresarios inescrupulosos.
Los defensores de un gobierno intrusivo necesitan explicar quienes nos van a proteger de las personas sin escrúpulos que ejercen el poder del monopolio gubernamental. Los administradores del régimen de Joe Biden arrogantemente creyeron que podían estar sobre la ley; ellos manipularon y engañaron al público para mantenerse en el poder. Esto llevó a una criminalidad desastrosa que Trump puede exponer para ganar apoyo para desmantelar el Estado profundo.
La audiencia del 19 de noviembre del Congreso, “Traficados, explotados, y desaparecidos: niños migrantes víctimas de la administración de Biden-Harris,” incluyó un testimonio escalofriante. El exagente de la patrulla fronteriza J.J. Carrell declaró: “El gobierno federal de Estados Unidos es la organización de tráfico sexual de niños más grande en el mundo en la historia moderna”. Carrell, quien sirvió por 24 años, dijo que el régimen de Biden “utilizó como arma la inmigración ilegal” a la que calificó de traición.
Tara Rodas, denunciante del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) fue despedida después de que reportara al Inspector General que el HHS había entregado menores a miembros de la pandilla MS-13. Ella explicó que el dinero de los contribuyentes estadounidenses expone a los niños “a una esclavitud moderna”.
Hasta el momento el HHS se ha negado a entregar datos que investigadores podrían usar para encontrar a los niños desaparecidos. El zar fronterizo de Trump, Tom Homan, ha prometido encontrarlos. El HHS de Trump facilitará los datos a todas las agencias oficiales que pueden ayudar.
Encontrar a los niños migrantes desaparecidos podría revelar los horrores indescriptibles que varios denunciantes han comentado ante el Congreso y los medios de comunicación. Entre estos se incluye la extracción de órganos, explotación sexual, peligrosas condiciones de trabajo, servidumbre por deudas, entre otros.
El régimen de Biden y sus socios en los medios de comunicación han ocultado al público las acciones cuestionables y la criminalidad del régimen. Los votantes demócratas no han conocido la verdad por cuatro años. En la audiencia del 19 de noviembre, algunos representantes demócratas condenaron los horrores sobre los que escucharon testimonios, aunque no culpan al régimen de Biden.
En la víspera de Navidad, Biden anunció la “Ley para detener el abuso infantil en instituciones” que dispone “salud, seguridad, cuidado y tratamiento de los jóvenes en programas residenciales para jóvenes”. El proyecto de Ley fue aprobado por el Senado por unanimidad y por 373 votos a favor y 33 en contra en la Cámara de Representantes.
Considerando el enorme apoyo del Congreso hacia la seguridad de los jóvenes estadounidenses, los electos funcionarios demócratas no negarán ni distorsionarán el tratamiento criminal de los jóvenes migrantes una vez que escuchen y vean evidencia abrumadora de ello.
La revelación de los horrores que nuestro gobierno ha causado en migrantes menores de edad se extiende a la criminalidad del Departamento de Estado (DOS) en sus países de origen. Rodas testificó ante el Congreso en 2023 que la red de tráfico infantil del gobierno “comienza con el reclutamiento en el país de origen, el contrabando hasta la frontera de Estados Unidos y termina cuando el HHS entrega un niño a un patrocinador”.
Rodas comentó que Guatemala tiene más niños desaparecidos que cualquier otro país. La Fiscal General guatemalteca, Consuelo Porras, ha estado investigando los 85,000 niños desaparecidos de su país, de los 320,000 niños migrantes que el Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional informó como desaparecidos en agosto. Porras no ha recibido ayuda del gobierno estadounidense para sus investigaciones y ha sido víctima de delitos del DOS. El secretario de Estado, Antony Blinken, incluso admitió en 2024 que funcionarios de la Embajada estadounidense extorsionaron a congresistas guatemaltecos para que votaran por una ley que permitiera la destitución de Porras.
Los Departamentos de Justicia, Seguridad Nacional, Salud y Servicios Humanos, y Estado de la administración de Trump deben trabajar con Porras para investigar y poner un fin al tráfico de niños. Esto debería incluir los flujos ilegales de migrantes y narcóticos. Expondrá la criminalidad del DOS que promovió estos flujos, incluyendo el fraude electoral de 2023, que convirtió a Bernardo Árevalo en presidente de Guatemala.
La enormidad y la falta de rendición de cuentas en la burocracia federal llevó a las desapariciones de niños migrantes. Esta revelación debería aumentar drásticamente el apoyo público para reformar la burocracia federal, el ingrediente principal para el éxito del gobierno de Trump en salvar la libertad, grandeza y el liderazgo mundial de Estados Unidos.
