La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) formuló un llamado urgente para que el Gobierno haga primar el Estado de Derecho frente la ola de violencia que se viene registrando contra unidades productivas del sector minero energético en diversas regiones del país que afecta la seguridad de los trabajadores y de la población.
La SNMPE denunció que Compañía Minera Poderosa -que opera en la provincia de Pataz – La Libertad-, ha sido víctima de un nuevo ataque por parte de mineros ilegales que, en alianza con organizaciones criminales, han destruido otra torre de alta tensión y saboteado la red eléctrica que abastece de energía a la mina aurífera.
“Este es el segundo ataque en el lapso de 72 horas, pues el último domingo también dinamitaron otra torre de alta tensión que alimenta de energía a la planta Santa María. A la fecha, ya suman 16 torres de alta tensión destruidas”, citó el gremio empresarial al alertar que estos ataques buscan paralizar la producción de la mina y ahuyentar a la compañía minera formal.
La SNMPE manifestó que es evidente que la declaratoria de Estado de Emergencia en Pataz, por parte del Gobierno ante el crecimiento de la minería ilegal en esta provincia, está fracasando porque los mineros ilegales y sus socios, las organizaciones criminales, siguen actuando con total impunidad con el propósito de convertirla en una “zona liberada”.
Al respecto, expresó que la situación actual en la provincia de Pataz está totalmente desbordada por la asonada criminal de los mineros ilegales, que incluso por disputarse la invasión de concesiones protagonizan violentos enfrentamientos, como el reportado el último fin de semana.
“Invocamos al Gobierno para que ejecute a la brevedad posible medidas y acciones concretas que garanticen la seguridad de los peruanos y de las empresas formales que día a día son extorsionadas y atacadas”, señaló al considerar que se requiere de una intervención del Estado mucho más efectiva que sea fortalecida con un trabajo de inteligencia que permita identificar y capturar a los cabecillas de estas organizaciones criminales.
Asimismo, se necesita que en el combate contra la minería ilegal se despliegue acciones de fiscalización financiera y tributaria que permita detectar a los mineros ilegales que al amparo de la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) continúan con sus ilícitas actividades y accediendo a explosivos que son utilizados para derribar las torres de alta tensión.
Igualmente, debería someterse a inspecciones permanentes a las plantas de procesamiento de mineral, a fin de verificar que el oro provenga de empresas formales. En ese contexto, también mostró su preocupación porque desde la Comisión de Energía y Minas del Congreso -a través de un grupo de trabajo- se viene elaborando la Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal (Ley Mape) de manera sesgada, lo que no contribuirá a una verdadera formalización minera; y, muy por el contrario, favorecería los intereses de la ilegalidad.
Finalmente, la SNMPE expresó que los peruanos debemos cerrar filas contra la escalada violentista y no debemos permitir que el crimen organizado nos arrebate la paz, el derecho al trabajo y el bienestar de nuestras familias.
Así informó Compañía Minera Poderosa:
“El 16 de enero, mineros ilegales destruyeron con cuatro cargas de dinamita otra torre de alta tensión en las inmediaciones de la bocamina Atahualpa, dejando sin fluido eléctrico el sector Cedro y la Unidad Productiva Santa María de Compañía Minera Poderosa. Inmediatamente se pudo activar el plan de emergencia para reponer parcialmente el suministro eléctrico a las operaciones mientras se reemplaza la torre afectada.
Se trata del segundo atentado contra la empresa en menos de cuatro días y la decimosexta (16) torre de alta tensión siniestrada por los ilegales en los últimos tres años. A ello hay que sumar la lamentable pérdida de la vida de 18 colaboradores, víctimas de los ataques de mineros ilegales contra nuestras operaciones.
Como señalamos en un anterior comunicado, la escalada destructiva desatada por los mineros ilegales se da a pesar de la vigencia del Estado de Emergencia y la presencia de más de 200 efectivos policiales y personal del ejército en Pataz.
Al constante asedio que viene padeciendo Poderosa por parte de estos grupos criminales hay que sumar el espiral de enfrentamientos violentos que se vienen produciendo entre los propios mineros ilegales por el control territorial de la zona, con terribles consecuencias. Recordemos que el último noviembre la PNP descubrió una fosa común con al menos 16 cuerpos que, según reportes policiales.
El deterioro de las condiciones de seguridad y la actuación impune de los mineros ilegales en la zona exige una respuesta contundente y coherente del Estado. Esta debe involucrar un mejor trabajo de inteligencia y la creación de una unidad de flagrancia, además del recientemente anunciado Frente Policial por el Premier Gustavo Adrianzen. Este frente es urgente de concretar para que el Estado de Emergencia pueda ser más efectivo.
El Ministerio Público (MP) no cuenta con una oficina en Pataz para atender estos casos, debiendo los fiscales movilizarse desde Huamachuco, a seis horas de distancia. Urge resolver esta falencia y apuntalar las coordinaciones del MP y el Poder Judicial para combatir la minería ilegal.
También le corresponde una enorme responsabilidad al Congreso de la República que, en diciembre pasado, amplió nuevamente el REINFO, registro que los mineros ilegales utilizan para seguir operando con total impunidad.
En la actualidad hay 25 zonas de nuestras operaciones tomadas por mineros ilegales, de donde hemos tenido que replegarnos para proteger la integridad física y seguridad de los trabajadores. Igualmente, operan en la zona más de 40 plantas ilegales de procesamiento aurífero perfectamente identificadas y georreferenciadas. A ello hay que agregar el trasiego de mineral extraído ilegalmente y que es trasladado a distintas plantas formales en la costa.
Lamentablemente, nuestros reiterados requerimientos a la PNP para que desaloje a los ilegales de las galerías en las que invade e intervenga las plantas que procesan el mineral ilícito no han sido atendidos”.
Imagen referencial de otro ataque con lamentables pérdidas de vida de trabajadores de la empresa minera.
