El Proyecto de Ley N.° 10554/2024-CR pretende restringir las renovaciones de concesiones, incluso cuando hayan sido estipuladas en contratos. La medida impactaría en la atracción del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada, a cargo de ProInversión, y desincentivaría la inversión extranjera en el país.
Con una única disposición, el proyecto presentado por el congresista Alejandro Soto propone una reforma constitucional que evidencia el desconocimiento de las buenas prácticas regulatorias.
Específicamente, se busca modificar el artículo 76° de la Constitución de la siguiente manera:
Esta disposición tendría un efecto limitante y desincentivador sobre el flujo de inversiones hacia el país. Paradójicamente, es la propia exposición de motivos del proyecto la que reconoce los beneficios económicos que la inversión privada —nacional o extranjera— genera para la nación. ¿Cuáles son entonces, según el legislador, las razones para restringir de manera tan agresiva la renovación de concesiones? De manera muy sucinta, se plantean los siguientes argumentos:
- Que la renovación de una concesión limitaría la posibilidad de exigir mejoras y ajustes contractuales a través de una negociación que permita asegurar al Estado una mayor calidad en la prestación del servicio.
- Que resulta legítimo que el Estado considere que, al solicitar la renovación, el concesionario ha obtenido rendimientos económicos elevados.
Si se revisa la normativa vigente, se observa que, ante solicitudes de modificación o renovación —siempre dentro del plazo máximo establecido—, es la entidad pública titular del proyecto la que, con base en criterios previamente definidos, decide si concede la ampliación solicitada o, en su defecto, procede a convocar un nuevo concurso.
Incluso en los casos en que la renovación esté contemplada expresamente en el contrato, imponer restricciones adicionales podría implicar una vulneración de principios constitucionales como la libertad contractual y la buena fe, que son fundamentales para el funcionamiento de las relaciones entre el Estado y los agentes económicos.
Por otro lado, los ingresos generados por la ejecución del proyecto a través de las tarifas tienen, en primera instancia, el carácter de recuperación de lo invertido, antes de que puedan considerarse utilidades propiamente dichas. Bajo esa lógica, mientras mayor sea el retraso en la ejecución del proyecto de infraestructura, mayor será también el tiempo que requerirá el inversionista para recuperar su inversión inicial. Este hecho constituye una razón válida y objetiva para solicitar la renovación de la concesión, o para que dicha posibilidad esté contemplada en las cláusulas contractuales.
Las concesiones, sus renovaciones y, en general, la inyección de inversión privada en los sectores económicos es importante para el desarrollo del país. Si se centra la atención en el caso del sector minero, por ejemplo, desde 2000 hasta 2024, las inversiones mineras ascendieron a US$ 93,387 millones. Solo en 2024, las inversiones fueron de US$ 4,961 millones, según cifras del Ministerio de Energía y Minas (Minem).
El empleo directo generado en 2024 fue de 238,704, un 6.9% mayor que en 2023. Esta cifra viene en crecimiento ya que, en 2014, fue de 173,568. Según cifras del Minem, por cada empleo directo proveniente de la minería se generan 8 empleos indirectos, con lo cual se resalta el efecto multiplicador y la importancia de esta actividad.
Asimismo, también resalta la transferencia de recursos (canon, regalías y derecho de vigencia y penalidad) generados por la minería. Dichos recursos, mayormente distribuidos a Gobiernos subnacionales y universidades públicas, ayudan al desarrollo económico y social de las áreas de influencia a través del financiamiento de obras y servicios.
La transferencia de recursos generados por la minería fue de S/ 8,070 millones en 2024, un 5.3% más que en 2023.
A partir del análisis económico y la revisión del marco legal vigente, queda claro que, en lugar de poner en riesgo la inversión privada, el enfoque del legislador debería estar orientado a eliminar las trabas burocráticas que dificultan su desarrollo. El objetivo debe ser fomentar la competencia en diversos sectores, a fin de asegurar condiciones que permitan ofertas atractivas y sostenibles, especialmente en el marco de procesos de licitación de proyectos de inversión privada.
