El Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe) gestiona un amplio portafolio de empresas públicas que operan en sectores estratégicos como energía, transporte, saneamiento y banca de desarrollo. Según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), estas cerraron el año con un resultado económico positivo por más de S/ 1,000 millones, lo que sugiere una recuperación tras los déficits recientes. Incluso Petroperú —históricamente en números rojos— reporta superávit. Sin embargo, detrás de estas cifras se esconden aportes sistemáticos del Estado, del bolsillo de todos los peruanos, y mecanismos de financiamiento que distorsionan el panorama real. Lo que parece un repunte, sería una ilusión contable.
En 2024, el conjunto de empresas estatales no financieras registró un resultado económico positivo de S/ 1,098 millones, según el BCRP. A simple vista, esto marca una mejora sostenida respecto de los años anteriores, que reportaron un déficit de S/ 2,566 millones en 2022 y apenas un superávit mínimo de S/ 98 millones en 2023. Sin embargo, la cifra está fuertemente influenciada por un caso específico: Petroperú. De hecho, más del 100% del superávit reportado proviene de esta empresa, que pasó de pérdidas a un aparente resultado favorable gracias a una masiva inyección de capital público.
El grueso de los ingresos también se concentra en pocas firmas. Solo Petroperú y Electroperú representaron el 70% de los ingresos corrientes del conjunto empresarial. Mientras tanto, otras entidades como Sedapal, Sima Perú o empresas eléctricas regionales siguen presentando resultados modestos o negativos. Esta heterogeneidad es clave: mientras unas pocas empujan los promedios hacia arriba, varias otras arrastran debilidades estructurales que se diluyen en los agregados. Como señala el Banco Central de Reserva del Perú, sin la capitalización de Petroperú, el resultado agregado habría sido nuevamente deficitario.
El caso de Petroperú en 2024 es el más llamativo del portafolio estatal. Luego de años de resultados económicos negativos —más de S/ 2,800 millones de pérdida en 2022 y S/ 1,400 millones en 2023— la empresa reportó un superávit de S/ 727 millones. Pero este resultado, lejos de deberse a una mejora en su desempeño operativo, se explica por una nueva inyección de capital del tesoro público por S/ 6,100 millones, a través de los decretos de urgencia N.º 010-2022 y N.º 004-2024.
Sin este aporte, la empresa habría cerrado el año con un déficit de más de S/ 5,000 millones. De hecho, sus ingresos por ventas cayeron en S/ 2,716 millones frente a 2023, y entre abril y julio la producción de la refinería de Talara fue limitada por problemas técnicos. Además, los intereses pagados por el conjunto de empresas estatales alcanzaron los S/ 1,789 millones y Petroperú concentra la mayor parte, dado su peso en el portafolio y su historial de endeudamiento. Lejos de representar una recuperación, el resultado económico de Petroperú en 2024 refleja una situación financiera que se sostiene artificialmente por recursos públicos.
Mientras Petroperú domina la discusión por su volumen e impacto fiscal, otras empresas del portafolio estatal muestran resultados igualmente preocupantes. Sedapal, por ejemplo, presentó una mejora marginal en 2024, con un resultado económico de S/ 15 millones. Sin embargo, este repunte se explica más por la reducción de su gasto de capital que por mejoras estructurales. Desde el año 2022, Sedapal ha mantenido un nivel elevado de endeudamiento, baja liquidez y problemas crónicos de ejecución.
Otra empresa clave, Electroperú, pasó de registrar pérdidas por S/ 277 millones en 2023 a un superávit de S/ 523 millones en 2024. Aunque a primera vista parece una recuperación, los indicadores financieros muestran una fuerte caída en la rentabilidad. Su retorno sobre el capital (ROE) —indicador que mide la ganancia obtenida por cada sol de patrimonio invertido— se redujo más del 40% entre 2022 y 2023, y su utilidad neta cayó a casi la mitad.
Finalmente, empresas como Sima Perú y otras del grupo “resto de empresas” registraron pérdidas combinadas por S/ 697 millones en 2024, revirtiendo el superávit del año anterior. En contraste, las empresas regionales de electricidad reportaron un superávit de S/ 530 millones, menor al registrado en 2023. Estos casos, menos visibles mediáticamente, reflejan una fragilidad operativa persistente y plantean dudas sobre su sostenibilidad futura.
Los resultados económicos de 2024 pueden dar la impresión de una recuperación en el desempeño de las empresas estatales, pero una mirada más a fondo revela que esta mejora es en gran parte contable y depende de recursos extraordinarios del tesoro público. El caso de Petroperú es el más evidente, pero no el único. Varias empresas del portafolio mantienen estructuras financieras débiles, resultados operativos inconsistentes y una dependencia crónica de transferencias estatales, las cuales terminamos pagando los contribuyentes.
Más allá de maquillar balances, el verdadero desafío está en replantear el rol de cada empresa pública. ¿Cumplen un objetivo estratégico o prestan un servicio esencial que justifique su permanencia? ¿O simplemente arrastran costos sin generar valor? Frente a un contexto fiscal restrictivo, se vuelve urgente una evaluación rigurosa que distinga entre las entidades que deben ser reformadas, fortalecidas o, en algunos casos, cerradas. Seguir operando con el piloto automático no solo posterga soluciones: profundiza las pérdidas.
