Está en debate y siempre lo estará. El pago al Sistema Nacional de Pensiones (ONP) en el Perú se puede considerar un impuesto implícito al ser una contribución o aporte obligatorio que es captado o recibido por la SUNAT y como cualquier impuesto, no revierte en una contraprestación directa, salvo excepciones que son o muy pocas, o insignificantes para la vida (la máxima contraprestación, es una pensión máxima de apenas S/ 893, cifra mucho menor a una remuneración mínima vital. Te pagan, si calificas, mucho menos de lo que se requiere para vivir).
Tengamos en cuenta que los fondos aportados a la ONP tienen como finalidad financiar las pensiones de los trabajadores afiliados y sus beneficiarios, de ser el caso, siempre y cuando cumplan con los requisitos mínimos exigidos y, como es conocimiento general, se deben destinar a un sistema estatal para garantizar beneficios futuros, como la jubilación y otras pensiones de sobrevivencia e invalidez, pero esos fondos captados por la SUNAT, muchas veces se han desviado para financiar gastos generales del Estado, que es la característica principal de un impuesto.
Según la normativa peruana, los aportes a la ONP (equivalentes al 13% del salario mensual para los trabajadores en planilla) son administrados por el Estado para cubrir pensiones, invalidez, sobrevivencia, entre otros. A diferencia de un impuesto “normal”, señalan algunos especialistas, no tiene una contraprestación directa, porque los aportes a la ONP están ligados a un beneficio específico para el aportante o sus beneficiarios, pero la historia, el destino o disposición de los fondos captados demuestran que no es cierto y que, además, la ONP recibe del Tesoro Público -o sea, más impuestos entran en su caja- alrededor de un 30% y hasta 40% de fondos adicionales para su planilla, gastos y pagos de pensiones.
Nosotros impulsamos un debate entre economistas y expertos en derecho tributario y previsional sobre si estos aportes funcionan como un “impuesto implícito” en ciertos casos, especialmente porque el sistema de la ONP es de reparto (los aportes de hoy, pagan las pensiones actuales) y no se garantiza una relación directa entre lo aportado y la pensión recibida. En términos legales y formales, no se clasifica como un impuesto, pero en la práctica sí lo es.
Pero, ¿un impuesto no es acaso una contribución y en la ONP no se trata acaso de una contribución o aporte por cada mes trabajado?
Existe razón en que la palabra “contribución” nos puede generar confusión, ya que comúnmente se asocia con los impuestos. Sin embargo, en el contexto del derecho tributario y previsional, hay una distinción clave que se debate en su amplitud hoy en día:
Un impuesto es una contribución obligatoria que los ciudadanos pagan al Estado sin una contraprestación directa específica. Es decir, el dinero recaudado por impuestos (como el IGV o el Impuesto a la Renta) se destina al gasto público general (infraestructura, salud, educación, etc.), y el contribuyente no recibe un beneficio directo proporcional a lo pagado. Los aportes a la ONP, aunque también son obligatorios, no se clasifican como impuestos porque tienen una finalidad específica: financiar el sistema de pensiones del trabajador que aporta o de los beneficiarios del sistema.
En teoría, lo que pagas a la ONP está destinado a garantizar tu pensión futura, o beneficios como invalidez o sobrevivencia, lo que implica una contraprestación directa (aunque el sistema de reparto de la ONP pueda generar debate sobre su eficiencia o equidad). Entonces, aunque ambos son “contribuciones” en un sentido amplio (pagos obligatorios al Estado), los aportes a la ONP no son considerados impuestos porque están vinculados a un beneficio previsional específico, mientras que los impuestos tienen un propósito más general, pero NO es correcto afirmar ello, ya que lo que pagas a la ONP es un impuesto implícito usado para un propósito general dirigido a los afiliados pensionistas o sus beneficiarios legales, salvo que, al no ser afiliado a la ONP no pagues ese impuesto implícito, al ser afiliado a una AFP y en vez de perder en un impuesto, ganes en un ahorro y la rentabilidad generada.
El aporte a la ONP lo recibe la SUNAT o superintendencia de administración tributaria, que recibe los pagos y aportes por impuestos. Todo lo que se paga al Estado se entiende como “un castigo” al ciudadano, porque la contra prestación en la práctica, no existe, salvo para 1 de cada 100 contribuyentes a la ONP.
Este es un punto de vista que refleja la frustración de muchos ciudadanos respecto a los aportes a la ONP y su percepción como una carga similar a un impuesto. Vamos a desglosar este planteamiento para aclarar conceptos:
¿La SUNAT recibe los aportes a la ONP?
La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) actúa como agente recaudador de los aportes a la ONP para los trabajadores en planilla, ya que las empresas declaran y pagan estos aportes junto con otros tributos a través de la planilla electrónica (PDT o PLAME). ¿Los fondos recaudados para la ONP se integran al tesoro público como ocurre con los impuestos? Aquí hay otro punto debatible. Se reciben y luego se transfieren a la ONP para su administración en el Sistema Nacional de Pensiones. Es decir, la SUNAT facilita la recaudación. El Estado recauda y lo traslada a una entidad del Estado, ¿Qué traslada? Dinero del tesoro público, de nuestros impuestos, Y lo hace de dos formas: del dinero que pagan los afiliados a la ONP y del propio tesoro público en cantidades que superan los tres mil millones/año.
¿Es el aporte a la ONP un “castigo” por falta de contraprestación?
Existe la percepción que “la contraprestación en la práctica no existe” y es un argumento común en el debate sobre el sistema de pensiones en el Perú, especialmente con la ONP. El sistema de la ONP es de reparto, lo que significa que los aportes de los trabajadores activos financian las pensiones de los jubilados actuales, en lugar de acumularse en una cuenta individual (como ocurre en las AFP). Esto genera críticas porque:
La relación entre lo aportado y la pensión recibida no es directa ni proporcional, lo que puede hacer que algunos sientan que no reciben un beneficio justo. La cobertura y el monto de las pensiones de la ONP suelen ser bajos (en promedio, ahora, es de S/ 600-900 mensuales, dependiendo de los años de aporte, porque hasta hace una década era menor a S/ 300), lo que lleva a la percepción que el sistema no cumple con la promesa de una jubilación digna.
Solo un pequeño porcentaje de afiliados logra cumplir los requisitos (20 años de aporte y 65 años de edad) para acceder a una pensión, lo que refuerza la idea que el sistema no beneficia a la mayoría. El dato de “1 de cada 100 contribuyentes” puede ser una percepción basada en la alta informalidad en el Perú (donde muchos no aportan lo suficiente para calificar) o en las dificultades para acceder a una pensión completa. Según datos de la ONP, aproximadamente el 20% de los afiliados activos logran cumplir los requisitos para una pensión de jubilación (no se menciona si es la mínima o la máxima o el promedio entre ambas), aunque esto varía según el sector y la estabilidad laboral.
¿Son los aportes a la ONP un “impuesto disfrazado”?
Aunque legalmente los aportes a la ONP no son un impuesto (como expliqué antes, porque están destinados a un fin específico), en la práctica, muchos economistas, abogados especializados en derecho tributario y previsional, y la mayoría de ciudadanos consideran que funcionan como un “impuesto implícito” debido a:
La baja tasa de retorno: los beneficios recibidos (pensiones) suelen ser menores en comparación con lo aportado, especialmente si se considera el valor del dinero en el tiempo. La falta de transparencia y eficiencia en la gestión de los fondos, que lleva a cuestionar si realmente hay una contraprestación justa. La obligatoriedad de los aportes, que se siente como una carga similar a un impuesto, especialmente para quienes no confían en recibir una pensión adecuada.
En resumen, aunque técnicamente los aportes a la ONP no son un impuesto porque tienen un propósito previsional, la forma en que opera el sistema (baja cobertura, pensiones modestas, alta informalidad) hace que muchos lo perciban como una carga sin una contraprestación justa, similar a un impuesto y en estos tiempos sobre todo, la opinión ciudadana vale más que una norma que confunde y no hace la separación precisa entre un aporte como contribución y un aporte como impuesto, siendo que al final, la contribución administrada por el Estado y el aporte administrado por el Estado, al ser provenientes de pagos obligatorios, se entienden como un impuesto.
