Hoy vengo a hablarles de una realidad que nos afecta a todos, una que ha sido teorizada por Ricardo Escudero en su obra “Desborde del Estado y crisis popular”, ensayo que en la academia ha generado debates y también, el miedo de las izquierdas y los seudo intelectuales de las izquierdas del odio.
Contrario a la idea del “desborde popular” que propone Matos Mar, donde la sociedad informal rebasa al Estado formal, Escudero nos invita a voltear la mirada: es el Estado el que desborda constantemente a la sociedad. Es el aparato estatal el que, con su hipertrofia burocrática, invade nuestra vida cotidiana, nuestras decisiones personales y nuestros intereses legítimos, sin ofrecer a cambio los servicios y soportes de responsabilidad básica que nos debe entregar, mantener y desarrollar en el tiempo. En el Perú de 2025, este desborde no es una abstracción teórica; es una carga tangible que asfixia nuestra libertad, nuestra economía y nuestro futuro.
Permítanme argumentar por qué afirmo que existe un desborde del Estado sobre la vida de los peruanos.
Primero, miremos la expansión regulatoria y extractiva del Estado. Nuestro país está ahogado en innumerables leyes y normativas que regulan hasta el más mínimo detalle de nuestra existencia. El Código Tributario y la Ley de Tributación Municipal imponen numerosos impuestos, tasas y arbitrios -desde el Impuesto a la Renta hasta arbitrios municipales por limpieza pública, parques o serenazgo- y sumen los TUPA que sirven de excusa para establecer pagos adicionales que se reajustan anualmente, a menudo sin justificación clara y violando límites legales. Estos no solo extraen recursos de nuestros bolsillos, sino que limitan nuestras decisiones: ¿quién puede emprender libremente cuando enfrenta trámites interminables y multas por incumplimientos menores?
Nos expropian, estatizan nuestras inversiones como ciudadanos, las que hacemos con la familia, o en asociación con otros emprendedores. Los impuestos no generan puestos de trabajo productivos, solo abultan la gran planilla improductiva de un Estado ciego, sin rumbo, carente de indicadores, objetivos, sostenibilidad y estabilidad jurídica.
La burocracia es descomunal: más de 1.5 millones de servidores públicos representan cerca del 9% de la fuerza laboral, con un crecimiento del 26.6% entre 2013 y 2022, y proyecciones similares para 2025. Esto equivale a 50 servidores por cada mil habitantes, un aparato estatal que prioriza su propia reproducción sobre el bienestar ciudadano.
Pero el verdadero escándalo radica en la casi nulidad de contraprestaciones. ¿Qué recibimos a cambio de esta extracción masiva? Ninguna seguridad mínima garantizada: ausente total, con percepciones de inseguridad en aumento y brechas en cobertura policial. Salud deteriorada: solo 1.2 camas hospitalarias por cada mil habitantes, la segunda tasa más baja en la OCDE, y una ausencia de infraestructura enorme que deja al 22% de los peruanos sin atención médica adecuada. Educación de no calidad: una brecha de S/158.832 millones en infraestructura en el país, con el 55.9% de colegios en riesgo de colapso y el 70% sin materiales educativos completos, pese a un presupuesto educativo que crece, pero no atiende lo necesario. Y la ausencia de infraestructura básica: en 2025, solo el 91.6% de hogares urbanos y el 76.1% rurales tienen acceso a agua potable, dejando a 11 millones de peruanos sin este derecho fundamental. Brechas totales en servicios básicos superan los S/100.000 millones, con inversión pública ejecutada solo al 79%. Este desequilibrio -extracción sin reciprocidad- es el núcleo del desborde estatal que Ricardo Escudero denuncia: un Estado que invade nuestras vidas con obligaciones, pero nos abandona en necesidades esenciales.
Ahora, permítanme ilustrar esto con ideas fuerza que muestren el costo de oportunidad de esta hipertrofia.
El gasto en remuneraciones del sector público es astronómico: en 2025, el salario promedio mensual de un burócrata es S/4.941, lo que anualiza en aproximadamente S/59.292 por persona. Con 1.5 millones de servidores, el gasto total en planillas ronda los S/88.938 millones al año. ¡Imaginen! Por cada burócrata, gastamos lo equivalente a equipar una o dos aulas escolares completas, cuyo costo promedio oscila entre S/50.000 y S/100.000. Ese dinero podría educar a 50 niños en escuelas dignas, en lugar de engrosar trámites innecesarios. Por cada burócrata, perdemos la oportunidad de una a tres camas hospitalarias equipadas, estimadas en S/20.000 a S/50.000 cada una, que podrían salvar vidas en un sistema con solo 9.4 camas por cada 10 mil habitantes. Y, por cada burócrata, cubrimos el sueldo anual de casi dos maestros- con un promedio de S/3.300 mensual para la primera escala, o S/39.600 al año- que podrían enseñar a cientos de niños en aulas derruidas. Estas comparaciones no son retórica; son la prueba cuantitativa de cómo el desborde estatal sacrifica el progreso humano por su propia ineficiencia.
En el Perú, este desborde genera una gran, grave y continua crisis popular: mala costumbre de dependencia con programas sociales que no solucionan ni ayudan a la recomposición humana, familiar y social; informalidad que puede ser motor de impulso, pero es reprimida como si fuera ilegal; apetito por la eterna beneficencia que hace estirar la mano en vez de fortalecer los brazos para el trabajo y, lo peor de todo, erosión de la movilidad social. Pero no todo está perdido, no todo es mirar con ira, frustración o desdicha porque ese no es el comportamiento peruano. Debemos exigir, como menciona Ricardo Escudero, un Estado más competente, más eficiente, efectivo, transparente, rápido y de gentes con integridad profesional, en tareas simples e inmediatas que deben ejecutarse desde una primera obligación: reducir la burocracia innecesaria, racionalizar impuestos y priorizar inversiones en lo esencial, como seguridad, salud, educación e infraestructura. Sigamos la visión de Escudero: un Estado que sirva a la sociedad, no que la desborde.
No necesitamos un Estado que se mida por el número de Ministerios, sino por la calidad de sus Ministros, por la calidad de empleados públicos solventes y por tener una estructura mínima, de máximos servicios.
