De los 33 menores que figuran en la lista actual de prisioneros por motivos de conciencia en Cuba, 10 siguen cumpliendo condenas en prisiones del país, mientras que 23 mantienen sus condenas y han sido excarcelados bajo operativo policial de seguimiento, vigilancia, amenazas y limitaciones incompatibles con su situación penal, bajo la amenaza permanente de volver a prisión. Como ya hemos demostrado en múltiples informes previos, y como ha reiterado el Grupo de Trabajo para la Detención Arbitraria de Naciones Unidas en sus recientes condenas, las excarcelaciones en Cuba no sólo no representan liberación alguna, sino que las condiciones son propias de un estatus de prisión domiciliar bajo una represión, limitaciones y amenazas incompatibles con la legislación internacional. Por lo descrito, estos 23 casos permanecen en nuestra lista de prisioneros de conciencia el apartado denominado “Condenados de Conciencia”, al no estar sometidos a internamiento puramente carcelario, pero sí a una represión ilegal que les hace reos del régimen en sus propias casas.
Del total, 7 de los que siguen encarcelados y 19 de los 23 que aún cumplen medidas y sanciones extra carcelarias bajo vigilancia y amenazas fueron arrestados durante el estallido social pacífico del 11 de julio de 2021 (11J). Este balance evidencia la magnitud de la represión ejercida contra menores en el país, así como la persistencia de un sistema penal utilizado de forma sistemática para castigar el disenso incluso en las edades más tempranas.
La documentación más reciente sobre menores detenidos, encarcelados y condenados por motivos políticos en Cuba revela un patrón sostenido, sistemático y abiertamente violatorio de la Convención sobre los Derechos del Niño y de los estándares internacionales de justicia juvenil. Tanto el conjunto de menores que hoy permanecen en prisión como aquellos que ya fueron excarcelados muestran un panorama de criminalización política indiscriminada, arbitrariedad judicial, sufriendo torturas y padeciendo daños profundos a nivel físico, psicológico y social.
Menores condenados y bajo régimen carcelario
La información actualizada correspondiente a los menores de edad detenidos por motivos políticos en Cuba revela un patrón sistemático de violaciones graves a los derechos de la infancia, al debido proceso y a las normas internacionales de justicia juvenil. Los casos documentados muestran que el Estado cubano continúa aplicando penas desproporcionadas y criminalizando el ejercicio de derechos fundamentales, aun cuando se trata de menores sin antecedentes delictivos y sin participación demostrada en actos violentos.
Del total de los 33 prisioneros políticos menores, 7 de los 10 que siguen encarcelados fueron detenidos durante el estallido social del 11 de julio de 2021. La mayoría de los casos, por tanto, se concentra en aquella jornada histórica de protesta nacional. Sin embargo, también se documentan detenciones posteriores, incluidos al menos dos casos en 2025, lo que demuestra que la represión contra menores no es un episodio aislado, sino una práctica sistemática sostenida en el tiempo.
Todos los menores fueron procesados exclusivamente por causas políticas, sin evidencias de actos violentos, cuando solo ejercieron su derecho a expresarse, manifestarse o afiliarse a redes sociales de disidencia ciudadana.
La ubicación de estos adolescentes en prisiones de alta severidad, como es la Prisión 1580, San Miguel del Padrón, La Habana, demuestra el carácter represivo de sus condenas, concebidas como castigo ideológico, y no como medidas educativas o para la reinserción social, además de mostrar la ausencia total de medidas de protección diferenciadas para menores, muchos de ellos ingresados con 15, 16 o 17 años.
Entre los 10 presos políticos que fueron encarcelados siendo menores y que continúan en prisión, figuran:
- Lázaro Noel Urgellés Fajardo, detenido sin orden de arresto ni tutela judicial alguna y en ausencia de defensa letrada independiente con 17 años de edad, que cumple una condena de 5 años en la Prisión 1580, San Miguel del Padrón, La Habana.
- Nelson Néstor Rivero Garzón, detenido sin orden de arresto ni tutela judicial alguna y en ausencia de defensa letrada efectiva con 17 años de edad, que cumple una condena de 4 años en la Prisión 1580, San Miguel del Padrón, La Habana.
- Yasbelys Rodríguez León, detenido sin orden de arresto ni tutela judicial alguna y en ausencia de defensa letrada efectiva con 16 años de edad, que cumple una condena de 5 años en la Prisión de Trabajos Forzosos La Lima, Guanabacoa.
- Eliane Martín, detenida sin orden de arresto ni tutela judicial alguna y en ausencia de defensa letrada independiente en septiembre de 2025 con 16 años de edad y en estado de gestación, residente del barrio Siguaraya, Puerto Padre, Las Tunas, se encuentra en prisión provisional, pendiente de juicio o sentencia. Fue arrestada sin orden de arresto ni tutela judicial en el municipio de Puerto Padre, Las Tunas, tras las protestas del 17 de septiembre de 2025. Su detención ha encendido alarmas entre organizaciones defensoras de derechos humanos, que advierten la extrema vulnerabilidad que supone su condición de menor y gestante. La menor fue sometida a prisión preventiva sin las garantías procesales básicas ni acceso a tutela judicial alguna. A pesar de los reclamos insistentes de su familia y activistas de la zona, las autoridades no han ofrecido información sobre su estado de salud ni han confirmado el lugar donde se encuentra recluida. Su caso se ha convertido en un ejemplo más de la ausencia de límites del Estado cubano, afectando incluso a adolescentes embarazadas sólo por estar vinculadas a protestas pacíficas.
- Leroy Hernández Escalona, joven de 17 años fue arrestado sin orden de arresto ni tutela judicial alguna y en ausencia de defensa letrada independiente este pasado septiembre en Maniabón, Puerto Padre, Las Tunas, tras participar en una protesta pacífica contra el régimen. Actualmente, se encuentra en prisión provisional en la Instrucción Provincial de Las Tunas, que sus allegados describen como un “centro de tortura“. Uno de sus allegados se comunicó con un coronel de la PNR, quien confirmó su detención. El régimen lo acusa, junto a otros jóvenes, de intentar atentar contra la policía, aunque numerosos testigos, a quienes jamás se les permitirá declarar a favor del acusado y se descartarán sus testimonios, como es norma en todos los procesos penales políticos en Cuba, afirman que la protesta fue pacífica.
Los menores sufren en las prisiones cubanas las mismas condiciones inhumanas que los adultos: hacinamiento extremo, violencia física y psicológica, aislamiento y celdas de castigo, falta de atención médica y convivencia en entornos con población adulta que incrementan el riesgo de abusos. Todas estas prácticas están expresamente prohibidas por la Convención sobre los Derechos del Niño y por las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad.
Persecución política contra menores: un patrón consolidado
Los casos documentados por Prisoners Defenders abarcan menores detenidos entre 2021 y 2025, durante y después de las protestas del 11 de julio de 2021. El hecho de que existan menores arrestados incluso en fechas recientes confirma que no se trata de excesos aislados, sino de una práctica de Estado vigente y estructural.
Todos los menores, tanto quienes permanecen en prisión como aquellos ya excarcelados, fueron condenados exclusivamente por motivaciones ideológicas y de conciencia, sin haber cometido hechos delictivos o violentos reales.
23 menores aún cumplen sanciones extra carcelarias bajo vigilancia y amenazas
Que algunos de estos adolescentes hayan salido de prisión no significa que su condena haya terminado. Siguen enfrentando antecedentes políticos activos y sentencias vigentes que marcan su vigilancia, hostigamiento, persecución, limitaciones de su libertad y amenazas por parte de la Seguridad del Estado, secuelas físicas derivadas de su prisión como asma, síncopes, trastornos nutricionales, y secuelas psicológicas como el estrés postraumático, la ansiedad y el miedo persistente.
Las secuelas psicológicas y médicas de su paso por las mazmorras cubanas persisten, dejando impactos permanentes en su salud, su desarrollo y su integridad. Su traumática experiencia penitenciaria continúa formando parte esencial de su condición de víctimas de la represión estatal.
Sus excarcelaciones no han supuesto reparación alguna, sino la continuidad de una condena social, punitiva y emocional diseñada para desmovilizar a toda una generación.
Delitos fabricados y penas desproporcionadas para los menores
A los menores se les imputan delitos de extrema gravedad, como “Sedición”, por el que al menos 15 de ellos siguen condenados, además de cargos como “Desórdenes públicos”, “Desacato”, “Atentado” o supuesta “Desobediencia”, utilizados de forma recurrente por las autoridades cubanas para justificar detenciones de carácter político. Estas tipificaciones suelen aplicarse de manera desproporcionada, y en todos los casos sin base probatoria, lo que evidencia un uso instrumental del derecho penal para castigar la protesta y la expresión, por supuesto incluidos los menores, algo que siempre ha ocurrido en Cuba con, además, decenas de estos menores condenados por Peligrosidad Social Predelictiva en el anterior Código Penal, o Desobediencia Penal Precriminal en el nuevo Código Penal.
La CIDH recuerda que los Estados tienen la obligación de prevenir la violencia, investigar y sancionar cualquier forma de maltrato en detención y priorizar medidas alternativas a la privación de libertad, tanto antes como después de un proceso penal, con el fin de garantizar la reintegración del menor en su familia y comunidad. En este sentido, la justicia juvenil debe ser restaurativa y orientada a la rehabilitación, no punitiva. Cuando, de manera excepcional, se impone una sanción privativa de libertad a un niño, deben respetarse principios estrictos: que sea el último recurso, proporcional, por el tiempo más breve posible y sujeta a revisión periódica, asegurando además el contacto familiar y condiciones de detención compatibles con la protección integral de sus derechos. En el caso de Cuba, estos estándares resultan especialmente pertinentes ante el patrón documentado de criminalización de la protesta y utilización del sistema penal contra adolescentes.
Condiciones de detención que vulneran derechos fundamentales
Muchos de los menores en prisión presentan desnutrición, mientras que otros se encuentran en condiciones médicas preocupantes, en algunos casos desconocidas hasta para sus familias, debido a la falta de transparencia estatal. La ausencia de atención médica, alimentación y asistencia psicológica constituye un agravante severo para menores y adolescentes que deberían estar protegidos por el sistema, no sometidos a castigos físicos y psicológicos. La información incompleta o inexistente sobre su estado médico refleja opacidad institucional y una negación sistemática de derechos básicos a monitoreo independiente.
Las torturas a menores fueron documentadas por Prisoners Defenders y avaladas por el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas en respuesta al Informe Integral sobre la Tortura en Cuba de 2022, actualizado en 2023. De una muestra aleatoria de 181 víctimas de torturas y malos tratos estudiados, 4 eran menores de edad en el momento de la detención y mientras se produjeron las torturas (Jonathan Torres Farrat, Gabriela Zequeira Hernández, Brandon David Becerra Curbelo y Cristian Enrique Salgado Vivar), y 22 de ellos (12%) tenían 21 años o menos en el momento de la detención y cuando se produjeron las torturas.
La víctima que acumuló en dicho estudio el mayor número de tipos de torturas, quince, era precisamente un menor detenido con 17 años, Jonathan Torres Farrat, pero los otros tres menores del estudio acumularon 14 tipos de tortura (Gabriela Zequeira Hernández) y 8 tipos de tortura (Brandon David Becerra Curbelo y Cristian Enrique Salgado Vivar).
Si bien casi todos los menores en prisión no pertenecen a organizaciones políticas, en algunos casos están vinculados a activistas o defensores de derechos humanos, ya sea por familiares o amistades. Esto coincide con un patrón frecuente en Cuba: la represión no solo se dirige contra el individuo, sino también contra su red familiar o comunitaria, lo que agrava el impacto y profundiza el clima de intimidación.
La situación de los menores encarcelados por motivos políticos en Cuba constituye una de las violaciones más graves y urgentes dentro de la escalada represiva del régimen. La criminalización de adolescentes y menores, la imputación de delitos sin base alguna real, las condenas desmesuradas y las malas condiciones de reclusión contravienen de manera frontal la Convención sobre los Derechos del Niño y múltiples tratados internacionales.
409 presos políticos del 11J aún en prisión
El panorama represivo en Cuba alcanza hoy una magnitud sin precedentes. El país mantiene 1.192 prisioneros políticos, una cifra abrumadora que revela la profundidad de la crisis de derechos humanos en la isla. De ellos, 744 siguen tras las rejas (en régimen intracarcelario) y 448 cumplen sanciones bajo limitación de libertad con amenazas (en régimen extra carcelario) o trabajos forzosos sin internamiento.
El Informe de Prisoners Defenders de noviembre 2025: https://www.prisonersdefenders.org/2025/12/09/1192-presos-politicos-cuba-record-crisis-social-politica-humanitaria/
