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CAPECO: Inversión y construcción se ralentizarán en 2026 por incertidumbre y presión por reducir déficit fiscal

"Sacrificar uno de los sectores más eficientes y con mayor impacto económico y social dentro del Estado resulta una decisión equivocada y contraria a los principios de eficiencia y racionalidad fiscal"

by CAPECO Cámara Peruana de la Construcción
05/02/2026
in Detector de Redes Sociales
CAPECO: Inversión y construcción se ralentizarán en 2026 por incertidumbre y presión por reducir déficit fiscal
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Para el año 2026, se prevé una desaceleración en el crecimiento de la inversión y de la actividad constructora en el país, sustentada en tres factores fundamentales: la incertidumbre electoral, la presión por la reducción del déficit fiscal y la interferencia en contratos de con cesión en Asociaciones Público Privadas. Las proyecciones indican que el sector construcción crecería alrededor de 2.8%, mientras que la inversión pública lo haría en 2.4% y la inversión privada en 3.5%.

Por otro lado, el proyecto de presupuesto público presentado por el Poder Ejecutivo contempla un incremento de apenas 2.3% respecto al ejercicio anterior, priorizando el aumento de remuneraciones y la reducción del déficit fiscal, pero en detrimento de la inversión total. En consecuencia, el componente más afectado será el financiamiento público, mientras el gasto corriente se mantiene o incluso aumenta. Esta situación representa un serio problema para el sector construcción, ya que, si en la actualidad existen dificultades para ejecutar los presupuestos, una reducción adicional del 13% en la inversión pública para el año 2026 agravará el escenario para los próximos meses

La consolidación fiscal enfrenta además grandes obstáculos debido a la proliferación de medidas populistas promovidas por el Congreso. Estas iniciativas, según el Consejo Fiscal, han generado un impacto considerable sobre las finanzas del Estado. Se registran más de 229 leyes aprobadas que reducen la capacidad recaudatoria, incrementan el gasto público y presionan al alza el déficit fiscal. De ellas, más de 100 fueron promulgadas por insistencia, pese a haber sido observadas por el Ejecutivo, y representan un costo adicional superior a los 36 mil millones de soles, cifra 65 veces mayor que la registrada entre 2006 y 2021. A ello se suman 352 iniciativas legislativas con potencial impacto fiscal, cuyas diez más onerosas implicarían un costo anual de 25 mil millones de soles, equivalente al 2% del Producto Bruto Interno. De mantenerse esta tendencia, el país podría alcanzar en 2036 una deuda pública cercana al 70% del PBI, frente al 30% actual, lo que configuraría un escenario insostenible

En este contexto, se vuelve imperativo evitar que dichas iniciativas se incluyan en el presupuesto de 2026, ya que muchos de los beneficios aprobados -especialmente en materia laboral— generan compromisos permanentes que no pueden revertirse con facilidad. El Poder Ejecutivo debe liderar un proceso racional de consolidación fiscal, y el Congreso debe reconocer que la sostenibilidad de las cuentas públicas no puede seguir siendo vulnerada por decisiones de corto plazo. Otro aspecto crítico es el incremento del riesgo de perder arbitrajes internacionales, producto de la creciente interferencia del Poder Judicial en los contratos de concesión y asociaciones público-privadas.

Esta práctica aleja al Perú de la jurisdicción arbitral internacional a la que el país se ha sometido voluntariamente, generando un alto costo reputacional y desincentivando la participación de inversionistas en proyectos de infraestructura. Entre 2022 y 2024, el Estado peruano ha perdido más de 1,000 millones de dólares en laudos arbitrales y mantiene pendientes 27 procesos por un valor superior a 20 mil millones de dólares, monto equivalen te a todo el presupuesto de obras públicas del año. Ante esta situación, se requiere un acuerdo político que permita resolver los conflictos con las empresas concesionarias a través de mecanismos de trato directo y evitar que los casos escalen a instancias internacionales. Asimismo, el Poder Judicial debe establecer criterios claros y vinculantes para que los jueces respeten las jurisdicciones arbitrales internacionales, mientras que el Ejecutivo debe empoderar a sus funcionarios para prevenir arbitrajes innecesarios.

Frecuentemente, las controversias escalan a arbitrajes porque los servidores públicos temen aprobar modificaciones contractuales o reconocer derechos del contratista, por temor a ser posteriormente cuestionados por la Contraloría General de la República o por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

En este sentido, el gremio de la construcción ha propuesto la creación de grupos de trabajo integrados por representantes de la entidad contratante, el contratista, el supervisor, la Contraloría y el Ministerio de Economía y Finanzas, con el fin de resolver los conflictos de manera técnica, respaldar a los funcionarios en sus decisiones y evitar litigios innecesarios.

Otro punto preocupante es la drástica disminución del presupuesto destinado a subsidios para vivienda. Los recursos para bonos habitacionales se reducirían en 28.4% en 2026, de mantenerse la propuesta del Ejecutivo. Esta decisión resulta contraproducente, considerando que estos programas son los de mejor desempeño dentro de la inversión pública. En los últimos años, tanto el Fondo Mivivienda como el pro grama Techo Propio han ejecutado el 100% de sus presupuestos, alcanzando en 2025 una ejecución de 92% con una asignación de 1,400 millones de soles (FIGURA 20). Sin embargo, para el próximo año se prevé que solo se cuente con apenas 1,000 millones de soles

El mismo patrón se observa en el Fondo Mivivienda, que en años anteriores ejecutó la totalidad de sus recursos, pero que en 2025 alcanzó solo el 49% debido a la rápida salida del rango 5. Aun así, el presupuesto proyectado para 2026 sería de apenas 75 millones de soles, frente a los 250 millones de ejercicios anteriores. Esta decisión carece de justificación, ya que el sector vivienda no solo presenta los mejores niveles de ejecución, sino también el retorno más rápido de la inversión estatal: alrededor de un año y medio en el caso del Fondo Mivivienda y seis años en el programa Techo Propio. Además, este sector genera empleo formal de manera descentralizada y promueve un amplio encadenamiento productivo con otras actividades económicas. En consecuencia, sacrificar uno de los sectores más eficientes y con mayor impacto económico y social dentro del Estado resulta una decisión equivocada y contraria a los principios de eficiencia y racionalidad fiscal.

 

Con información vía CAPECO Cámara Peruana de la Construcción
Tags: CAPECOconstruccióninversión públicaperspectivas 2026
CAPECO Cámara Peruana de la Construcción

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