Se avecinan nuevas subidas tanto de gasto como de impuestos (no se relajen ante el dizque “perfil económico” del que hablan, a raíz de la asignación de carteras a personas como Nadia Calviño y José Luis Escrivá, de las que se dice que tienen un perfil tecnocrático aunque, en realidad, son sujetos vividores de la partitocracia, favorables a la obesidad del Estado, aunque sea con menos sustancia diaria).
Están sobre la mesa ideas de subida del IRPF a determinados umbrales de renta (en teoría, clases altas, pero en la realidad, hasta las mismas clases medias), de cerco a las SOCIMIs/SICAVs, de armonización del Impuesto de Sucesiones, de incremento del gravamen aplicado a Sociedades y de la creación de alguna “ecotasa” fruto del brainstorming de diciembre al que asistió Greta.
Ante esto, se habla, con razón, de que existe una presión fiscal considerablemente exacerbada (no hace falta exponer cifras en términos porcentuales, sino contrastar la misma realidad que se palpa a pie de calle y en la barra del bar: encarecimiento de productos básicos, de combustibles y de suministro eléctrico así como privación de muchas oportunidades de ser cuasi mileuristas).
Por esa cuestión, hay quienes se atreven (bueno, nos atrevemos) a denunciar lo que se trataría de un expolio fiscal, de un atraco impositivo por vías legales. Pero esos mismos calificativos son también discutidos, no necesariamente por parte de quienes, en realidad, son favorables a que esa propiedad traducida en ahorros personales/privados se vea atacada.
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