La reciente censura de José Jerí del cargo de presidente de la República se suma al escenario de inestabilidad institucional que atraviesa el Perú en los últimos años. Esta situación refleja una tendencia de alta rotación en funcionarios del sector público.
La inestabilidad política ha generado una significativa afectación en el Poder Ejecutivo. Ello se refleja en la cantidad de presidentes de la República que ha tenido el Perú en los últimos diez años. Esta situación se extiende a la conformación del gabinete ministerial y a sus respectivos equipos técnicos. Así, en uno de los sectores más relevantes para el desarrollo del país, como es el Ministerio de Economía y Finanzas, hemos tenido 17 ministros en el mismo periodo, lo que se traduce en una marcada falta de continuidad en la gestión pública.
Esta situación también se observa en otras entidades del Estado. Por ejemplo, Petroperú, durante el periodo 2021-2025, contó con 11 presidentes de directorio, lo que equivale a un cambio aproximadamente cada cinco meses. De igual manera, la Sunat tuvo cinco superintendentes en ese mismo periodo, mientras que la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) registró cuatro directores generales solo en 2025.
Los constantes cambios en cargos de alta dirección en las entidades públicas generan mayores entrampamientos, porque cada cambio implica volver a adaptarse, reorganizar equipos y, en muchos casos, replantear lo ya avanzado.
De acuerdo con lo señalado por Mangia Cabezas et al., la inestabilidad del personal interfiere directamente en el desarrollo de las políticas públicas, especialmente en etapas clave como la implementación y la evaluación, donde la continuidad es fundamental para lograr resultados[1].
Existen otras situaciones que comprometen la institucionalidad, como algunos proyectos de ley que buscan transformar instituciones sin evaluar adecuadamente su impacto en la organización estatal. En primer lugar, el Proyecto de Ley 13555/2025-CR propone que el Instituto del Mar del Perú pase a ser una entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, en lugar de mantenerse bajo el Ministerio de la Producción (Produce). Ello, sin considerar que su actual adscripción a Produce responde a la necesidad de una coordinación directa para la formulación e implementación de políticas públicas en materia productiva y pesquera.
Por otro lado, el Proyecto de Ley 12926/2025-CR plantea la creación de la Superintendencia Nacional de Transformación y Seguridad Digital. Si bien esta iniciativa busca elevar la categoría de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital (SGTD), no toma en cuenta la heterogeneidad de las instituciones que se pretende integrar (como Pronatel o la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales), lo que podría generar una pérdida de especialización y afectar la eficiencia en el cumplimiento de sus funciones.
En lugar de seguir impulsando propuestas que afectan la institucionalidad, lo que se debería buscar es fortalecer y reformar el sistema de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), ya que este fue diseñado precisamente para ordenar y mejorar la gestión de los trabajadores del Estado. Su objetivo es que el ingreso y permanencia en el sector público se basen en el mérito, y que las instituciones funcionen de manera más eficiente y profesional. Por ello, en lugar de reemplazar este sistema o de modificar la organización de entidades públicas, lo adecuado es consolidar el régimen de servicio civil, dotar a las entidades con el presupuesto requerido para su adecuado funcionamiento, y verificar que este se ejecute adecuadamente.
La alta rotación de funcionarios y las reformas sin un análisis integral debilitan la continuidad de las políticas públicas y afectan la capacidad del Estado para responder de manera eficiente a las necesidades del país. Por ello, resulta fundamental consolidar un servicio civil basado en el mérito, la estabilidad y la especialización, a fin de reducir la influencia de decisiones de corto plazo y asegurar una gestión pública más técnica, predecible y orientada a resultados.
[1] Mangia Cabezas, A. et. al. (2025). Impacto de la rotación del personal en la eficiencia de la implementación de políticas en el sector público. Nexus Research Journal, 4(2): 175-197. https://doi.org/10.62943/nrj.v4n2.2025.352
