Transcribimos por su importancia y trascendencia para el país, el comunicado que el gremio minero líder del Perú ha emitido ante la gravísima situación que van a generar medidas populistas emitidas por el Congreso, en medio del proceso electoral y en una situación económica que puede desestabilizarse, al poner en jaque las inversiones y proyectos en curso para el desarrollo minero formal.
No se trata solamente de normas carentes de sustento, sino que se promocionan con falsedades y argumentos insostenibles que no coinciden con la verdad, formulados únicamente con el fin de engañar y manipular a la opinión pública.
El comunicado
La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) manifiesta a la opinión pública su rechazo a las modificaciones de la Ley General de Minería aprobadas por la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República, pues no buscan fortalecer el régimen de concesiones mineras, sino más bien paralizar el desarrollo de la minería formal en el país.
Alertamos que el dictamen -aprobado el último martes- en la práctica quiebra el régimen de concesiones mineras, lo que lamentablemente traerá consigo la contracción de las inversiones y hará inviable la puesta en marcha de la cartera de proyectos mineros por 63 mil millones de dólares prevista para los próximos años.
Denunciamos que dicho dictamen significa una grave vulneración a la seguridad jurídica y que sus autores pretenden justificarlo bajo el argumento de que “todo el territorio nacional esta concesionado” o que existen “concesiones ociosas”, lo que es absolutamente falso, dado que en la actualidad solo el 16% del territorio se encuentra concesionado.
Asimismo, pretender reducir de 30 a 15 años el plazo para poner en operación un proyecto minero evidencia el nulo conocimiento de los congresistas sobre el desarrollo de las actividades mineras. Hoy hacer realidad un proyecto minero en Perú puede tomar hasta 40 años, ya que sólo en cumplir con todos los trámites y permisos engorrosos demanda hasta más de 11 años.
Otra de las disposiciones contempladas en el dictamen propone incrementar el derecho de vigencia hasta en 300% y la de penalidad a 400%. Esta medida atenta contra la competitividad del sector minero peruano.
En la actualidad, las empresas mineras que operan en nuestro país pagan cuatro veces más por mantener una concesión minera que otras naciones mineras como Sudáfrica, Chile, Canadá y México.
Finalmente, exhortamos al Congreso de la República a desistir de la aprobación de normas que solo dañan a los sectores productivos, como es el caso de la minería, cuya contribución al crecimiento socioeconómico del Perú y en sí de sus regiones, es de suma importancia. Igualmente, invocamos a la Comisión de Energía y Minas del Parlamento a dictaminar de manera técnica la Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña y Mediana Minería (Ley Mape) que se encuentra postergada; más no aprobar medidas que buscan fomentar la expansión e impunidad de la minería ilegal.
