Prisoners Defenders publica su informe mensual de abril de 2026 sobre prisioneros políticos en Cuba, que documenta un nuevo récord absoluto de 1.260 prisioneros políticos y de conciencia.
Durante el mes de abril se incorporaron 23 nuevos prisioneros políticos a la lista, la mayoría por cumplimiento íntegro de las sanciones impuestas. Entre los casos incorporados figuran menores de edad, deportistas, artistas, periodistas independientes, sindicalistas, activistas pacíficos y familiares de opositores, lo que confirma la extensión de la represión estatal no solo contra quienes disienten públicamente, sino también contra su entorno familiar y social.
El informe denuncia patrones reiterados de detenciones arbitrarias, prisión provisional sin tutela judicial, desapariciones temporales, violencia durante los arrestos, incomunicación, vigilancia permanente, hostigamiento a familiares y criminalización de la expresión crítica mediante acusaciones como “desórdenes públicos”, “desacato” o “sabotaje”, sin garantías procesales efectivas.
La situación humanitaria es especialmente grave. Entre los presos políticos que permanecen entre rejas, Prisoners Defenders ha censado 449 personas con patologías médicas graves, provocadas o agravadas por la falta de alimentación, los malos tratos, el ambiente represivo y la ausencia de atención médica adecuada. También se han verificado 51 prisioneros políticos con trastornos graves de salud mental sin tratamiento médico o psiquiátrico apropiado.
El informe documenta además 35 menores de edad represaliados políticamente, de los cuales 14 permanecen actualmente encarcelados. Cuatro de ellos fueron detenidos en el contexto de las protestas de Morón, Ciego de Ávila, y permanecen en prisión provisional bajo acusaciones graves y procedimientos opacos. Asimismo, 142 mujeres sufren actualmente autos, condenas o medidas represivas por motivos políticos y de conciencia.
Uno de los apartados más alarmantes recoge denuncias de violencia sexual contra presos políticos en cárceles cubanas, con testimonios que apuntan al uso de presos comunes violentos como mecanismo de castigo, intimidación y represalia contra presos de conciencia. El informe también alerta sobre amenazas de muerte y ejecución transmitidas a presos políticos ante una supuesta intervención extranjera, incluidas amenazas denunciadas en centros penitenciarios como Kilo 8, Guanajay y la prisión provincial de Holguín.
Finalmente, el informe analiza las recientes excarcelaciones anunciadas por el régimen cubano, concluyendo que no representan una apertura real ni el restablecimiento de derechos fundamentales. La revisión de Prisoners Defenders confirmó que el supuesto “indulto humanitario” de 2.010 reclusos anunciado en abril no incluyó a ningún preso político, mientras que las liberaciones condicionadas siguen operando como mecanismos de control, vigilancia y amenaza permanente.
Desde el 1 de julio de 2021, Cuba ha totalizado 2.048 presos políticos en sus cárceles, de los cuales 1.901 han ingresado desde entonces. La lista actual se compone de 749 Convictos de Conciencia, 475 Condenados de Conciencia y 36 Otros Presos Políticos.
Prisoners Defenders solicita a la comunidad internacional mantener la máxima atención sobre la situación de los presos políticos en Cuba y exigir su liberación inmediata e incondicional.
