La minería se mantiene como una de las principales fuentes de financiamiento de infraestructura y servicios públicos. Entre discursos que cuestionan su aporte y propuestas que debilitarían su competitividad, los datos muestran una realidad mucho más contundente que la narrativa política.
Según el Ministerio de Energía y Minas (Minem), la producción de cobre se situó en 688,214 toneladas métricas finas (TMF) en el primer trimestre del 2026, un 3.3% más que en el mismo período del año anterior. El crecimiento responde, principalmente, al mejor desempeño extractivo en la unidad minera Huincush (Áncash), que registró un incremento del 41% en su producción, y representa el 20.1% de la producción cuprífera nacional.
Por otro lado, la producción de oro alcanzó las 24.8 toneladas finas, un 3.4% menos que lo registrado en los tres primeros meses del año previo. Esta caída respondería, principalmente, al menor desempeño de La Libertad, cuya producción retrocedió un 19.6% y pasó a ubicarse como la segunda región aurífera del país, detrás de Cajamarca. Ambas regiones concentraron más de la mitad de la producción nacional de oro al cierre de marzo de 2026.
Otros resultados relevantes respecto de enero-marzo del año anterior incluyeron el zinc (327,847 TMF; +2%), la plata (880 TMF; +2.3%) y el plomo (67,925 TMF; -4%). En agregado, la minería representó alrededor del 10% del PBI al cierre de 2025. No obstante, su impacto trasciende el aporte al producto y lo consolida como un motor económico para nuestro país.
De cara a la segunda vuelta electoral, el candidato Roberto Sánchez ha planteado incrementar la carga tributaria del sector, bajo la premisa de que “no aporta lo suficiente”. Sin embargo, la información oficial permite cuestionar esta narrativa.
La minería aportó S/ 14,612 millones al fisco entre enero y abril de 2026, monto equivalente al 16% de los ingresos recaudados por la Sunat, lo que la convierte en la actividad económica de mayor recaudación. Al sumar el resultado de los últimos cinco años, el sector aportó S/ 115,974 millones, equivalentes al 10.6% de los ingresos recaudados en dicho periodo.
Aún persiste la idea de que los impuestos pagados por la minería “se devuelven”, principalmente por el funcionamiento del impuesto general a las ventas (IGV). Sin embargo, este mecanismo aplica a cualquier empresa y permite deducir el IGV pagado en compras operativas o bienes de capital, lo cual evita una doble imposición[1]. Aun bajo este esquema, la minería lidera los aportes tributarios entre todas las actividades económicas, debido al impuesto a la renta y otras cargas adicionales exclusivas del sector, como las regalías y el impuesto especial a la minería.
Una vez recaudados, los recursos se distribuyen entre los distintos niveles de Gobierno. De hecho, gran parte se asigna directamente a los municipios y Gobiernos regionales de las zonas productoras, mediante el canon y las regalías mineras.
El presupuesto público para el año 2026 derivado de estos conceptos ascendió a S/ 6,294 millones al cierre de abril, equivalentes al 2.3% del presupuesto total, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). No obstante, debe considerarse que el principal componente de estos recursos (el canon minero) corresponde al 50% del impuesto a la renta pagado por las empresas del sector; es decir, la otra mitad se incorpora dentro de los recursos ordinarios del Gobierno. Además, la recaudación del canon continúa durante el año, y es en junio cuando se realiza la principal transferencia a los Gobiernos subnacionales[2].
Los Gobiernos regionales registraron S/ 920 millones provenientes de canon y regalías al cierre de abril, equivalentes al 1.5% de su presupuesto anual. Sin embargo, esta participación se incrementó significativamente en las principales regiones mineras, como Áncash, que lideró el financiamiento vía recursos del sector con S/ 304 millones (8.9% de su presupuesto), seguida por Arequipa (S/ 117 millones; 3.6%) y Tacna (S/ 90 millones; 8.4%).
Por su parte, las municipalidades concentran la mayor cantidad de los recursos mineros en relación con su presupuesto anual, con S/ 4,218 millones, equivalentes al 9.2% del total a nivel nacional. En cuanto a recursos transferidos, Arequipa lideró entre las regiones mineras, con S/ 797 millones (31.9% de su presupuesto), seguida por Áncash (S/ 718 millones; 21.4%) y Moquegua (S/ 453 millones; 45.4%).
Lamentablemente, la persistencia de brechas sociales en diversas zonas mineras no responde a una falta de recursos, sino a las deficiencias en su ejecución. Gran parte del canon y las regalías termina en manos de Gobiernos subnacionales que, año tras año, mantienen bajos niveles de inversión pública y dejan miles de millones sin ejecutar (ver semanario 1292). Así, el verdadero desafío no radica en cuánto aporta la minería, sino en garantizar que los recursos que esta genera se traduzcan efectivamente en infraestructura, servicios públicos y mejoras en la calidad de vida de la población.
El Perú necesita inversión, crecimiento y mejores servicios públicos. Mientras esa necesidad siga vigente, será difícil pensar en desarrollo sin un sector minero fuerte y competitivo.
[1] Para las exportaciones, el IGV no se aplica por tratarse de un impuesto al consumo final, por lo que el Gobierno devuelve únicamente el crédito fiscal previamente pagado por la empresa.
[2] Según el Decreto Supremo N.° 005-2002-EF, las transferencias del canon minero se realizan a partir del mes siguiente de recibida la información de la Sunat sobre la regularización anual del impuesto a la renta. En la práctica, la mayor parte de estos recursos suele transferirse en junio de cada año.
