Prisoners Defenders publica su informe mensual sobre prisioneros políticos en Cuba, con datos cerrados al 30 de junio de 2026. Ante el quinto aniversario de las manifestaciones del 11 de julio de 2021, el régimen cubano alcanza dos nuevos récords represivos: 1.306 prisioneros políticos y de conciencia actualmente verificados, y 40 presos políticos detenidos siendo menores de edad, la cifra más alta documentada por nuestra organización hasta la fecha.
Durante el mes de junio, Prisoners Defenders ha incorporado 32 nuevos prisioneros políticos a la lista, mientras mantiene 21 casos adicionales en proceso de investigación y verificación. A su vez, 7 personas han salido de la lista tras cumplir íntegramente sus condenas. Entre los 40 presos políticos detenidos siendo menores, 16 permanecen privados de libertad en prisiones y centros penitenciarios destinados a población adulta, y 16 menores del 11J han sido condenados por sedición, con una pena media de 5 años de privación de libertad.
El informe mensual de junio refleja una evolución especialmente grave del patrón represivo: el régimen ya no persigue únicamente a manifestantes o activistas tradicionales, sino también a personas con capacidad de influencia social, comunitaria o digital. Entre los nuevos casos figuran creadores de contenido, periodistas, escritores, un rapero, un pastor evangélico, dirigentes opositores, un médico, ex presos políticos del 11J y numerosos jóvenes, incluidos menores de edad.
La coincidencia temporal de esta escalada con la proximidad del quinto aniversario del 11J confirma un patrón de represión preventiva dirigido a elevar el coste percibido de cualquier expresión pública de descontento. Mediante detenciones arbitrarias, procesos penales, amenazas, medidas cautelares, restricciones de movimiento, violencia física y negación de atención médica, el régimen transmite un mensaje inequívoco: cualquier ciudadano que ejerza pacíficamente sus derechos fundamentales puede convertirse en el próximo preso político.
Dos nuevos presos políticos acusados de espionaje por crear contenido en YouTube
Los presos políticos Eduardo Ceballos Pérez, conocido como Eddy Jones, y Christian Rodríguez Riverón fueron detenidos en La Habana por su trabajo en el canal de YouTube Despingovery Channel, desde el que documentaban y satirizaban el deterioro de infraestructuras e instalaciones abandonadas en Cuba.
Ceballos fue arrestado el 1 de junio de 2026 tras publicar varios vídeos, entre ellos un reportaje divulgativo sobre una antigua instalación militar abandonada, en ruinas y sin trascendencia alguna para la seguridad nacional. Pese a ello, las autoridades lo procesan por presuntos delitos contra la Seguridad del Estado, bajo acusaciones de “Espionaje” o “Revelación de secretos concernientes a la Seguridad del Estado”, figuras penales que en Cuba pueden conllevar penas de 10 a 30 años de prisión, cadena perpetua o incluso la muerte.
Tras su detención, Ceballos fue trasladado a la prisión Combinado del Este, donde permaneció incomunicado, sin tutela judicial efectiva y sin garantías procesales. Su madre denunció que fue agredido físicamente en prisión y que las autoridades llegaron a incautar la ropa utilizada durante la grabación del reportaje como supuesta “prueba” del delito.
El 14 de junio fue detenido Christian Rodríguez Riverón, camarógrafo del canal, también acusado de “espionaje” por los mismos hechos. Ambos permanecen en prisión por haber documentado instalaciones abandonadas y difundido contenido crítico sobre la realidad cubana.
El rapero MC K-LIBRE y las protestas de Barbosa
Las protestas registradas en el reparto Barbosa, en La Habana, durante la segunda quincena de junio, motivadas por los prolongados apagones, la crisis económica y la falta de libertades, dieron lugar a una nueva oleada de detenciones arbitrarias y procesos penales.
Entre los detenidos se encuentra el rapero y activista Andrés Matos Alcántara, conocido como MC K-LIBRE, arrestado el 25 de junio tras acudir a una citación policial en la unidad de Siboney. Fue esposado y privado de libertad sin orden de arresto ni tutela judicial. Las autoridades lo acusan de “Desórdenes públicos”, atribuyéndole falsamente el liderazgo de cacerolazos y protestas en Barbosa los días 18 y 19 de junio, pese a que familiares y testigos sostienen que sólo pasó por el lugar durante unos minutos y no participó en acto violento alguno.
Durante los primeros días de su detención, las autoridades ocultaron deliberadamente su paradero, lo que llevó al Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas a activar una Acción Urgente de Desaparición Forzada. El 4 de julio fue trasladado a la prisión de Valle Grande, pese a padecer EPOC y diabetes tipo 1, enfermedades que requieren tratamiento continuado.
En la misma protesta fueron detenidos los hermanos Yoan Arévalo Álvarez y Yosban Arévalo Álvarez, posteriormente sometidos a prisión provisional por orden fiscal, sin tutela judicial. Según testimonios recogidos por Prisoners Defenders, ambos fueron brutalmente golpeados. Yoan sufrió múltiples fracturas en las costillas, una profunda herida en el pecho, lesiones en los pies y otras contusiones, sin recibir atención médica adecuada.
El preso político Alexis Padrón Lorenzo, pastor evangélico de 58 años, fue detenido arbitrariamente el 11 de junio de 2026 en Regla, La Habana, tras increpar pacíficamente a funcionarios que intentaban dispersar una protesta vecinal contra los prolongados apagones y la escasez de agua.
Según sus allegados, Padrón Lorenzo expresó públicamente su rechazo a la gestión de las autoridades y recriminó la situación que atraviesa la población. Tras el incidente fue seguido hasta su domicilio por agentes de la Seguridad del Estado y oficiales del MININT, quienes intentaron detenerlo y lo amenazaron. Dos días después acudió a la unidad policial de Regla, donde fue privado de libertad sin orden judicial.
Durante las primeras 72 horas permaneció incomunicado y fue sometido, según testigos, a malos tratos físicos. Desde el 17 de junio permaneció recluido en El Vivac, acusado de “Desórdenes públicos” y “Desacato”, y el 29 de junio fue trasladado a la prisión de Valle Grande.
Su esposa denunció un grave deterioro físico tras apenas 9 días de detención: pérdida considerable de peso, pies hinchados, picaduras de insectos y dolores intensos derivados de la artritis reumatoide que padece, agravados por las condiciones de reclusión y la negación de tratamiento médico adecuado.
Ningún preso político tiene defensa jurídica en Cuba
Como se indica en el informe, en Cuba no existen abogados independientes. Todos los abogados autorizados para actuar ante tribunales dependen de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, entidad sometida al control del Ministerio de Justicia y, en última instancia, al aparato estatal.
Un ex preso político del 11J vuelve a la lista de prisioneros políticos
El médico Wilber Enmanuel Álvarez Salvat, ex preso político por su participación en las manifestaciones del 11J, fue detenido nuevamente el 19 de junio de 2026 en Contramaestre, Santiago de Cuba.
Ese día acudió a una citación de la Policía Nacional Revolucionaria, donde permaneció retenido durante horas sin recibir explicación. Al manifestar que debía regresar a su domicilio para atender a sus hijos, afectados por los apagones y la escasez de alimentos, fue amenazado con ser procesado por desobediencia si abandonaba la unidad. Tras marcharse pacíficamente, agentes policiales acudieron posteriormente a su vivienda y, cuando se presentó voluntariamente ante las autoridades, fue detenido por ese presunto delito fabricado.
Permaneció recluido entre el 19 y el 22 de junio en los calabozos de la Policía de Contramaestre, donde realizó una protesta pacífica negándose a ingerir alimentos y denunció condiciones inhumanas de detención, hacinamiento, insalubridad, negación de agua para el aseo y torturas psicológicas.
Fue excarcelado bajo una fianza de 200.000 pesos cubanos, equivalente a 29 salarios mensuales medios de un trabajador en Cuba y unos 294 USD al cambio real, una carga económica inasumible para cualquier familia cubana. Permanece procesado y pendiente de juicio.
10 nuevos presos políticos jóvenes, 6 de ellos menores de edad
Durante junio, Prisoners Defenders documentó 10 nuevos presos políticos muy jóvenes: 6 menores de edad, de entre 15 y 17 años, y 4 jóvenes de entre 19 y 21 años.
La mayor operación represiva tuvo lugar el 22 de junio en Contramaestre, Santiago de Cuba, donde una redada masiva en los barrios La Cuba y Maffo, tras el incendio del museo local, culminó con la detención de Ander Magdiel del Toro Suárez —15 años—, José Ángel Borrero Zorrilla —17 años—, José Jorge Menéndez Vázquez —17 años—, Dian Daniel Mora Acuña —15 años—, Ángel Luis Leyva —17 años—, Lester Ramírez Ramírez —21 años— y Yordi Daniel Gómez Aguilar —21 años—.
Dian Daniel Mora Acuña, Ángel Luis Leyva y Yordi Daniel Gómez Aguilar se encuentran actualmente en sus domicilios, pero su situación procesal no ha podido confirmarse debido al miedo y las amenazas sufridas por sus familias. Por ello, sus casos permanecen abiertos y bajo investigación.
A esta ola represiva se suman Cristian Fernández Sarmiento, de 15 años, detenido durante las manifestaciones de Altamira, Santiago de Cuba; Leroy Guerrero Regueiferos, de 19 años; y Maribel Angélica Sosa Chávez, de 19 años, a quien las autoridades intentaron responsabilizar de la rotura de un cristal en una tienda de divisas en Campechuela, en un contexto de presiones económicas y coactivas para forzar declaraciones de culpabilidad.
Tres periodistas y escritores, bajo medidas cautelares y amenazas
La represión contra periodistas independientes, escritores y voces críticas continuó intensificándose durante junio mediante detenciones arbitrarias, interrogatorios, restricciones ilegales de movimiento y medidas cautelares impuestas por fiscales, sin control judicial efectivo.
El periodista y director de Alianza Democrática Oriental y Palenque Visión, Rolando Rodríguez Lobaina, fue detenido en Camagüey junto al periodista Yoanny Limonta García, sin orden de arresto ni tutela judicial. Ambos fueron retenidos durante horas, expulsados de la provincia y trasladados por la fuerza a sus lugares de residencia.
Rodríguez Lobaina fue interrogado posteriormente por oficiales del Departamento 21 de la Seguridad del Estado. Durante el interrogatorio destruyeron su cámara y otros dispositivos con material periodístico, lo amenazaron con enviarlo a prisión y le impusieron una prohibición de facto de salir de La Habana, sin resolución administrativa ni judicial alguna. Permanece procesado por presuntos delitos de “Otros actos contra la Seguridad del Estado” y “Usurpación de funciones públicas”.
Yoanny Limonta García fue sometido a nuevos interrogatorios, sufrió la confiscación de su teléfono y dinero, y fue objeto de intentos de reclutamiento como “informante”. También le impusieron una prohibición verbal de salir de Cienfuegos, carente de base legal.
La persecución alcanzó igualmente al escritor y periodista Ángel Santiesteban Prats, instruido de cargos el 2 de junio y sometido a reclusión domiciliaria sin tutela judicial en una causa relacionada con la gestión de una donación de 200 dólares destinada al Asilo Nacional Masónico Llansó. Según denunció el propio Santiesteban, las autoridades pretenden fabricar un delito financiero pese a que las auditorías no detectaron faltantes ni perjuicio económico alguno.
Estos tres casos reflejan un patrón cada vez más frecuente: el uso de medidas cautelares, restricciones extrajudiciales y procesos penales abiertos para mantener a periodistas y escritores bajo control permanente, sin necesidad de encarcelarlos físicamente, pero privándolos de hecho de derechos fundamentales.
La enfermedad como arma de represión
Al cierre de junio de 2026, 458 presos políticos padecen patologías médicas graves y/o crónicas, y 53 presentan graves trastornos de salud mental preexistentes a la detención que los incapacitan para el ingreso penitenciario. Estas cifras evidencian el deterioro de las condiciones de reclusión y la utilización sistemática de la negación de atención médica como forma de castigo y destrucción física.
Uno de los casos más alarmantes es el de Carlos Alberto MacDonald Ennis, excarcelado el 12 de junio tras más de dos años en prisión provisional. Aunque se encuentra en libertad bajo una fianza de 50.000 pesos cubanos, continúa sometido a proceso penal y su estado de salud es crítico. Durante su encarcelamiento desarrolló un tumor maxilar que avanza hacia estructuras internas de la cabeza sin recibir tratamiento, además de agravarse otras patologías como hipertensión y diabetes. Tras salir de prisión pesaba apenas 48 kilogramos.
También preocupa gravemente la situación del preso político del 11J Juan Enrique Pérez Sánchez, condenado a ocho años de prisión. Tras contraer tuberculosis en prisión, presenta desnutrición severa, pérdida extrema de peso, crisis recurrentes de asma, hipertensión, trastornos neurológicos y un deterioro físico progresivo. Pese a contar con medidas cautelares de la CIDH por riesgo grave para su vida e integridad, continúa recluido en condiciones que agravan su estado.
El informe también destaca el caso de Rolando Yusef Pérez Morera, activista del MONR y preso político del 11J, condenado a ocho años de prisión. Las imágenes obtenidas durante un permiso penitenciario temporal muestran un grave deterioro físico como consecuencia de la desnutrición severa, la falta de atención médica y la negación de medicamentos.
Estos casos no son aislados: la denegación de atención médica, la alimentación insuficiente, la falta de medicamentos, las condiciones insalubres y la negativa a proporcionar tratamiento especializado constituyen prácticas recurrentes que ponen en grave riesgo la vida y la integridad física de centenares de presos políticos.
Represión preventiva contra activistas en vísperas del quinto aniversario del 11J
A escasos días del quinto aniversario del 11J, las autoridades cubanas desplegaron una intensa operación de hostigamiento y represión preventiva contra activistas de distintas organizaciones y creadores de contenido.
Como antesala de esta escalada, el 2 de julio numerosos activistas fueron impedidos de asistir a la recepción organizada por la Embajada de Estados Unidos en La Habana con motivo del 250 aniversario de la independencia estadounidense. La respuesta de las autoridades incluyó vigilancia, cercos domiciliarios, detenciones arbitrarias, amenazas, agresiones físicas, citaciones policiales y traslados forzosos.
Entre las víctimas se encuentran integrantes del Partido Unión por Cuba Libre, el Movimiento Opositores por una Nueva República y las Damas de Blanco. Especial gravedad reviste el caso de José Elías González Agüero, coordinador nacional de PUNCLI, y del ex preso político Alexander Díaz Rodríguez, ambos detenidos cuando intentaban asistir al acto diplomático.
Según sus testimonios, tras ser arrestados fueron trasladados a una zona boscosa y aislada en las afueras de La Habana. Allí fueron obligados a desnudarse, fotografiados en situación humillante y sometidos a amenazas de muerte. José Elías relató que un agente le colocó una pistola en la cabeza mientras le decía: “Se acabó tu historia y te vamos a matar aquí”, y que los represores llegaron a simular ejecuciones.
Alexander Díaz Rodríguez, que ya había salido de prisión en un estado físico estremecedor tras cumplir una condena de 5 años por el 11J, fue además golpeado violentamente. José Elías pudo comprobar después visibles lesiones por todo su cuerpo.
Otros activistas denunciaron patrones similares. Mario Alberto Hernández Leyva, del MONR, afirmó haber sido golpeado en una estación policial, donde los agentes le fracturaron la frente con una silla, para luego trasladarlo esposado a una zona despoblada y obligarlo a desnudarse. Lázaro Antonio Pérez González denunció amenazas de encarcelamiento por negarse a acudir a una citación policial coincidente con el evento diplomático.
La operación también alcanzó a jóvenes creadores de contenido. Los hermanos Amanda Beatriz y Abel Alejandro Andrés Navarro, integrantes de Fuera de la Caja Cuba, fueron citados y retenidos durante cerca de once horas para impedir su asistencia al acto. Además, las autoridades intensificaron el hostigamiento contra la joven influencer y activista Anna Sofía Benítez Silvente, conocida como Anna Bensi, reabriendo un proceso penal archivado meses antes.
La magnitud y coordinación de estos operativos constatan que el régimen mantiene una estrategia de represión preventiva destinada a neutralizar cualquier posibilidad de movilización social, aislar a la oposición y sembrar miedo en torno al quinto aniversario del 11J.
Prisioneros políticos verificados en Cuba durante el mes de junio
Con datos cerrados al 30 de junio de 2026, la lista de Prisoners Defenders contiene 1.306 prisioneros políticos y de conciencia sometidos a sentencias judiciales o a disposiciones de limitación de libertad impuestas por fiscalías, sin supervisión judicial, debido proceso ni defensa efectiva.
En los últimos 12 meses, del 1 de julio de 2025 al 30 de junio de 2026, la lista sumó 264 presos políticos nuevos, un promedio de 22 al mes. A lo largo de ese periodo estuvieron presentes en la lista 1.415 prisioneros políticos. Desde el 1 de julio de 2021 hasta finales de junio de 2026, Cuba ha totalizado 2.112 presos políticos en sus cárceles, de los cuales 1.965 han ingresado en prisión desde entonces.
De los 1.306 prisioneros políticos actualmente verificados:
- 40 fueron detenidos siendo menores de edad, 38 chicos y 2 chicas.
- 16 menores del 11J han sido condenados por sedición, con una pena media de 5 años.
- 217 manifestantes han sido condenados por sedición, con un promedio de 10 años de privación de libertad.
- 148 mujeres sufren actualmente autos fiscales, medidas cautelares y condenas políticas y de conciencia.
- 458 presos políticos entre rejas padecen patologías médicas graves.
- 53 prisioneros políticos entre rejas presentan trastornos graves de salud mental sin tratamiento médico o psiquiátrico adecuado.
El informe recuerda además que en Cuba los menores son recluidos en centros penitenciarios eufemísticamente denominados “Escuelas de Formación Integral”, dependientes del Ministerio del Interior, no del Ministerio de Educación. Naciones Unidas ha confirmado que cada año al menos 150 niños menores de 16 años y unos 260 adolescentes de 16 y 17 años sufren privación de libertad en Cuba, lo que supone 410 menores privados de libertad anualmente
