Cada cambio de Gobierno viene acompañado de una larga lista de promesas. Más seguridad, mejores servicios de salud, una educación de calidad, infraestructura, menos trámites, mayor inversión. Sin embargo, existe una condición previa para que cualquiera de estos objetivos sea alcanzable: contar con un Estado capaz de ejecutar.
Ese es, probablemente, el principal desafío que enfrentará el próximo Gobierno de Keiko Fujimori. Más allá de las políticas que impulse, su éxito dependerá, en gran medida, de la calidad de las personas encargadas de implementarlas. Ninguna reforma sobrevive a una burocracia débil; ninguna buena política produce resultados cuando el aparato estatal carece de capacidades.
Por ello, fortalecer el servicio civil debe convertirse en una prioridad nacional. No como una reforma administrativa más, sino como la base sobre la cual descansa la capacidad del Estado para responder a las necesidades de los ciudadanos.
Durante décadas, el Perú ha construido un aparato público fragmentado, con múltiples regímenes laborales, escasos incentivos al desempeño y enormes diferencias entre instituciones. En muchos casos, el mérito ha cedido espacio a la discrecionalidad, la estabilidad no ha ido acompañada de evaluación y el talento encuentra pocos incentivos para ingresar o permanecer en el sector público.
El resultado es un Estado que, con demasiada frecuencia, no logra transformar recursos en resultados. No porque falten diagnósticos o normas, sino porque faltan capacidades institucionales para hacerlas realidad.
La reforma del servicio civil debe cambiar esa lógica. Debe permitir que se atraiga a los mejores profesionales, seleccionarlos mediante concursos transparentes, capacitarlos permanentemente, evaluar su desempeño, reconocer a quienes destacan y ofrecerles una carrera basada en el mérito. Pero, sobre todo, debe fortalecer una cultura de vocación de servicio.
Porque el objetivo final no es tener más funcionarios, sino mejores servidores públicos. Personas que entiendan que su trabajo consiste en resolver problemas y no en crearlos; que cada trámite representa el tiempo de un ciudadano; que cada demora tiene un costo para una familia, un emprendedor o una empresa; que el Estado existe para facilitar la vida de las personas, no para complicarla.
Esta transformación exige liderazgo político. No puede quedar limitada a una entidad especializada ni depender únicamente del esfuerzo técnico. Debe ser impulsada desde el más alto nivel del Gobierno, con respaldo presidencial permanente, presupuesto suficiente y objetivos claros.
Asimismo, debe ser una reforma integral. No puede haber instituciones excluidas ni espacios donde el mérito deje de ser la regla. Un servicio civil moderno requiere estándares comunes para todo el Estado, respetando las particularidades de cada sector, pero compartiendo un mismo principio: el ingreso, la permanencia y el desarrollo profesional deberían responder a la capacidad y el desempeño, no a criterios políticos o personales.
La gran reforma del próximo quinquenio no debería ser únicamente la de la economía, la infraestructura o la seguridad. Debería ser la del propio Estado. Porque un mejor servicio civil no es un fin en sí mismo, sino la condición indispensable para que todas las demás reformas tengan éxito. Y es, quizá, la inversión más importante que puede hacer un Gobierno que aspire a dejar instituciones más fuertes y un país con mayores oportunidades para todos.
