La Santa Sede desafió al grupo de trabajo sobre personas mayores del Consejo de Derechos Humanos de la ONU a rechazar los intentos de validar la eutanasia y el suicidio asistido en un nuevo tratado legalmente vinculante que se está redactando en los próximos dos años, informó Diana Banister, redactora del Centro de la Familia y los Derechos Humanos C-FAM, un instituto de investigación apartidista y sin ánimo de lucro dedicado a restablecer una comprensión adecuada del derecho internacional, proteger la soberanía nacional y la dignidad de la persona humana.
La segunda sesión del recién creado Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores de la ONU se celebró la semana pasada en Ginebra, Suiza, y enfrentó al Vaticano a numerosos Estados miembros y organizaciones no gubernamentales que abogan por la eutanasia y otras políticas sociales radicales.
“El instrumento debe reafirmar el derecho igualitario a la vida de las personas mayores hasta la muerte natural y la protección contra la violencia, el abuso, la explotación, la negligencia y el abandono”, dijo Mons. Riyyan Chaves Mendoza, Primer Secretario de la Misión Permanente de Observación de la Santa Sede ante las Naciones Unidas. “Ninguna disposición relativa a la autonomía debe interpretarse como un reconocimiento de un llamado derecho a la eutanasia o al suicidio asistido.”
“Autonomía” y “muerte con dignidad” han sido los términos eufemísticos usados en campañas para aprobar medidas de suicidio asistido dirigidas a los ancianos y defender la toma de la vida como una opción digna y una forma de no cargar a las familias con decisiones y costes difíciles de cuidado. Estas campañas han sido impulsadas fuertemente por países europeos progresistas, así como por la Organización Mundial de la Salud y organizaciones no gubernamentales (ONG) en la ONU.
“Hay derecho a morir en paz y a enfrentarse a la muerte de manera autónoma. Hay derecho a morir con dignidad”, declaró el representante del Centro para la No Matanza Global en la reunión del 29 de octubre.
Once países, principalmente en Europa, han aprobado leyes de suicidio asistido en un intento de ahorrar dinero y recursos necesarios para cuidar a los ancianos. Francia acaba de legalizar la euthanasia este año, pero no ha adoptado salvaguardas suficientes para personas con discapacidad, ancianos o personas con discapacidad intelectual. El proyecto de ley del Reino Unido fracasó en septiembre.
Canadá aprobó originalmente su ley de “Ayuda Médica para Morir” (MAID) en 2016, y en 2024 representó el 5,1% de todas las muertes en Canadá, siendo la mitad de esos casos “cuyas muertes naturales no eran razonablemente previsibles”.
Mientras el Vaticano presionaba por los cuidados paliativos, el respeto a los ancianos y el apoyo a las familias que los cuidan, otros defendían intervenciones radicales para los ancianos, como la salud y los derechos sexuales y reproductivos (SRHR), la orientación sexual y la identidad de género (SOGI).
“Las personas mayores deben tener acceso a ‘servicios de salud sexual y reproductiva… con pleno respeto a su autonomía”, dijo el representante del Fondo de Población de la ONU. La ONG de Justicia para el Desarrollo y Personas Mayores insistió en que el tratado incluyera la “definición de derechos transgénero” y “derechos de salud sexual”.
México sugirió que el tratado incluyera la “salud reproductiva” entre los derechos de los ancianos. España defendida por “trato igualitario y respeto por la orientación sexual y la identidad de género.” Pakistán impulsó la “protección de las mujeres mayores frente a la violencia basada en la orientación sexual o identidad de género.”
“La base de nuestras deliberaciones debe ser la dignidad inherente e igual de toda persona humana”, afirmó el representante de la Santa Sede. “Los principios extraídos de otros documentos deberían, en nuestra opinión, recordarse solo cuando reflejen un consenso genuino y sostenido entre los Estados.”
La dicotomía de opiniones expresadas durante los cuatro días de deliberaciones sugiere que la construcción de consenso sobre temas clave formará parte de la próxima sesión que se celebrará en julio de 2027.
