La desordenada gestión que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP desarrolló los últimos cinco años, hizo que una suerte de alianza entre funcionarios del gobierno, asesores en la sombra y grupos de intereses unieran esfuerzos para producir una reforma que sólo acabó en enredos, desprestigio y temores sobre el sistema privado de pensiones.
Recordemos por ejemplo, el invento de la Comisión Mixta, donde un componente es por flujo o remuneración del mes y el otro, un cobro anual sobre el Fondo individual administrado. Quiere decir que cada mes te cobran un porcentaje de tu salario y como tu ahorro se acumula, al final del año te castigan recortando el 1,25 por ciento de todo tu Fondo.
Ese sistema de comisiones, fue impuesto, obligado. Si uno no deseaba someterse a esa decisión del organismo regulador, tenía que hacer un trámite personal para decir que deseaba estar donde se encontraba. Mundo al revés.
Luego se llamó a Licitación de Afiliados, colocando a las personas como números ofertados ante postores que ofrecen cobrar lo mínimo posible, para darte lo que la Ley establece, siempre y cuando todos estén obligados a pertenecer al monopolio privado que el Estado ha creado. En otras palabras, vas a esa empresa privada o suicídate en la ONP, en el quebrado sistema de reparto. Elegir sólo lo que quiere el Estado, eso no es Libertad.
Después se dictó una norma obligando –esa es la fórmula de mercado del regulador- que todos los trabajadores independientes se afilien a un sistema de pensiones, del Estado o de esa única AFP.
Sin embargo, estaba tan mal redactada la Ley y fueron tan perversos sus comunicadores, que la reacción ciudadana logró dar marcha atrás a un atentado evidente contra la libertad de contratación y elección.
Y en medio de tantos negocios, acomodos, idas y vueltas, el prestigio del sistema privado de pensiones se fue acercando al desprestigio del sistema nacional de reparto, al momento que pocos diferencian entre uno y otro e inclusive, decenas de miles prefieren ir hacia la administración estatal, ante la reducida capacidad operativa y de servicios del privado.
No explican, no existe información previa, no están enlazados con los clientes financieros –en especial siendo tan jóvenes los que están obligados a afiliarse- y entonces, cuando las dudas surgen, cuando los mercados son tan volátiles y cuando no existen liderazgos en la comunicación desde los responsables, la agitación radical aumenta esas dudas y las transforma en temores, rechazo y condena.
Como corolario en este panorama complicado, existe en la Ley una tablita salvadora que se llama Fondo de Educación Previsional, el que se debe activar para que se explique, informe, eduque y capacite a los dueños del ahorro previsional.
No es un Fondo para que se use en dirigentes sindicales, tampoco para que un grupo de economistas armen su ONG.
La educación en el ahorro para las pensiones de jubilación es un imperativo y puede convertirse en el camino para entender la necesidad de construir una mejor sociedad, con mejores ahorros, con mayores pensiones.
