La minería, aún debilitada, continúa dinamizando la economía nacional a través de la generación de empleo, la transferencia de recursos económicos, la inversión y las exportaciones. Así, cumple un rol fundamental en la reactivación y, según el último reporte del Banco Central del Perú, para 2021, se espera un crecimiento del 14.4% del PBI minero metálico, lo que la convertiría en la actividad con mayor crecimiento de PBI del sector primario. Con este pronóstico favorable y el haber sido, hasta setiembre, la fuente de empleo directo para 177,968 personas, según cifras del Ministerio de Energía y Minas (Minem), resulta fundamental continuar impulsando proyectos mineros que contribuyan al estímulo económico y desarrollo del país.
Por tanto, deben enfrentarse los retos que evitan la ejecución eficiente de proyectos mineros, como la persistente presencia de conflictos sociales. El reciente fortalecimiento del Comité de Gestión Minero Energético por parte del Minem es un paso importante en el acercamiento al diálogo y la coordinación entre el Estado, la empresa y la población, más aún al considerar que, desde 2015, los conflictos socioambientales relacionados con la actividad minera representan más del 60% del total de conflictos socioambientales activos y latentes registrados durante el período de enero a setiembre.
Según un estudio del BBVA Research, la contaminación ambiental (54%), los acuerdos no cumplidos (41%) y la oposición al desarrollo de la actividad minera (18%) serían los principales motivos por los que se justifican los conflictos sociales mineros en el país; mientras que los principales agentes involucrados en las protestas son las comunidades agrícolas (66%), otras asociaciones (20%), la comunidad en general (19%) y los alcaldes (18%). Dicha información brinda aspectos claves que deben ser considerados para impulsar canales de comunicación efectivos entre la población, el Gobierno y las compañías mineras, pues así se trabajaría en ellas para disminuir su persistencia.
Actualmente, la ejecución de importantes proyectos mineros se ha visto vulnerada debido a la presencia de protestas sociales donde aún no se ha establecido diálogo, según la Defensoría del Pueblo. Tal es el caso, por ejemplo, de la paralización del proyecto Tía María, que representa una inversión de US$ 1,400 millones; del proyecto minero Conga, con inversión de US$ 4,800 millones, y el proyecto cuprífero de Río Blanco, con inversión de US$ 2,500 millones. En total, estos tres proyectos generan una inversión de US$ 8,700 millones, lo que representa un 15.1% del total de inversión de la cartera de 48 Proyectos de Construcción de Mina hasta setiembre de 2019, del Minem. Ante la paralización, estos ingresos se dejan de percibir, así como los empleos directos e indirectos que podrían ser una nueva fuente de recursos económicos de hogares peruanos: Tía María, Conga y Río Blanco podrían generar 7,150 más 7,600 y 13,200 empleos, respectivamente. Estas cifras solo resaltan la importancia de llevar a cabo dichos proyectos, sobre todo en el contexto actual, cuando se espera una caída del PBI nacional del 13.9%, según el Fondo Monetario Internacional.
En el caso específico del proyecto Tía María, si bien se cuenta con la licencia de construcción otorgada por el Gobierno, todavía no ha alcanzado un consenso con la población para ejecutarlo, lo que es lamentable. Arequipa se posiciona como el departamento con mayor producción cuprífera, con mayor cantidad de empleos mineros, que a setiembre último ha registrado un total de 22,506 trabajadores, y es el segundo departamento con mayor transferencia de recursos económicos por concepto de actividad minera, según el Minem.
La ejecución de Tía María crearía 3,000 puestos de trabajo durante su etapa de construcción y 4,150 durante su operación; además, generaría más de S/ 273 millones de soles anuales en canon y regalías. Una cifra impresionante, que sin duda activaría los engranajes de la economía de los distritos y provincias favorecidas por la actividad. Por ejemplo, para el distrito de Cocachacra se destinarían más de S/ 30 millones anuales, que se sumarían a los S/ 12 millones que fueron presupuestados para el distrito en 2019 por concepto de canon, sobrecanon y regalías, según información del Ministerio de Economía y Finanzas. Lo mismo para la provincia de Islay, que recibiría más de S/ 60 millones anuales, cuando lo presupuestado en 2019 por concepto de canon y regalías fue de S/ 57 millones. Así, observamos cómo el presupuesto por concepto de canon y sobrecanon puede duplicarse en la provincia de Islay con la entrada del proyecto de Tía María.
La ejecución de proyectos mineros no representa una amenaza, sino una oportunidad para el desarrollo sostenible del país, más aún de los departamentos donde estos se ubican. Las protestas sociales deben ser abordadas y solucionadas a través de canales de comunicación que permitan la congregación de intereses para todos los agentes involucrados y que los acuerdos alcanzados trasciendan en el tiempo, y no se vulneren con los cambios en la administración de los Gobiernos subnacionales. Frente a las próximas elecciones nacionales, se debe evitar politizar los proyectos mineros que generan tanto beneficio económico, así como brindar soluciones claras frente al problema de conflictividad social.
