El sector Construcción registró en septiembre su primer mes de crecimiento con 4.4%. Según el último Informe Económico de la Construcción (IEC) de CAPECO, se estima la consolidación de una tendencia positiva en octubre con un crecimiento de 12.6%.
El informe señala que, de enero a setiembre de este año, el avance de ejecución del presupuesto de inversión del Gobierno presentó una caída de 44% versus el mismo periodo del 2019. Si quisiera cumplirse la meta planteada por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) respecto a la inversión del Estado, se requeriría que la ejecución mensual promedio, entre octubre y diciembre del 2020, cuadriplique el nivel alcanzado durante los nueve primeros meses del año.
El avance de la obra pública siguió retrayéndose con un -11.7% versus el año anterior según el INEI. Sin embargo, CAPECO estima que en octubre este indicador presentaría un incremento de alrededor de 6.6%, siendo el primer resultado positivo desde el 11.6% de febrero.
Por su parte, la población empleada en Lima por el sector Construcción registró una recuperación de 213 mil empleos en el trimestre agosto-octubre del 2020, según el INEI.
Precios de Construcción
En los últimos seis meses se registró un relativo incremento en el precio de algunos materiales. Los ladrillos de arcilla subieron un 23.3% desde abril del 2020 y 23.5% desde setiembre del 2019, presentando nueve meses consecutivos de alza, igualando al cemento.
El consumo de cemento tuvo un crecimiento en setiembre de 9.7% respecto al mismo mes del 2019, y según una estimación preliminar efectuada por el IEC, el mes octubre llegaría a un 14.8%.
Sector Inmobiliario y Vivienda
Entre enero y setiembre del 2020, el número de créditos hipotecarios desembolsados fue 42% menor respecto al mismo periodo del 2019. Si la meta en este último trimestre es reducir la caída de créditos a un 20%, se requeriría que los desembolsos de estos meses lleguen a 5.512; es decir, 40.0% más que el año anterior.
Se identificó una relativa estabilidad en la morosidad de créditos hipotecarios en los últimos meses, gracias a las acciones de refinanciamiento y reprogramación de deudas otorgadas por las IFIs desde el inicio de la pandemia, y también por las disposiciones establecidas en la Ley Nº 31050 aprobada en octubre pasado para la reprogramación y el congelamiento de deudas asumidas por personas naturales y MYPES.
El IEC de CAPECO indica que el dinamismo del mercado de vivienda se ve afectado por las dificultades para impulsar la oferta. Actualmente, el 45% de las viviendas que se ofrecen en Lima Metropolitana se encuentran en etapa de planos y excavación, a consecuencia de la reticencia de las municipalidades para la aprobación de los proyectos habitacionales (en particular los de vivienda social), y por la reducción de las preventas, debido a una mayor preferencia de los compradores hacia las viviendas terminadas o en etapa avanzada de construcción.
Si el objetivo es consolidar la recuperación del sector inmobiliario, especialmente el de vivienda, es necesario activar con urgencia las siguientes medidas, las cuales ya habían comenzado a ser estudiadas por el gobierno del ex presidente Vizcarra:
1.- Implementar un programa estatal de financiamiento para asegurar la continuidad de proyectos de vivienda social impactadas por la reducción de las preventas; lo que requeriría S/ 600 millones en los próximos dos años.
2.- Incrementar los valores de los subsidios de Mivivienda y Techo Propio en un 60% por los próximos dos años, e implementar un seguro temporal para posponer el pago de cuotas en caso de pérdida de empleo o reducción de ingresos, para incentivar a los demandantes a no postergar su intención de adquirir vivienda en estos momentos de incertidumbre.
3.- Reiniciar la ejecución de 45 proyectos Techo Propio (que explican el 70% de la oferta actual del programa) por la suspensión de la liquidación de Financiera TFC, a través de la implementación de fideicomisos que permitan sacar adelante estos proyectos.
4.- Asegurar la continuidad de la oferta inmobiliaria mediante una norma nacional que impida que las municipalidades restrinjan el reinicio de obras, anulen o nieguen licencias, en particular las de vivienda social. Para ello es fundamental que el Ministerio de Vivienda ejerza cabalmente su atribución de emitir opiniones vinculantes y denunciar ante el INDECOPI a las municipalidades que impongan barreras burocráticas irracionales o ilegales. También es necesario replantear las nuevas exigencias técnicas para los proyectos a ser financiados por Mivivienda Verde.
Ejecución de Obras Públicas
La ejecución de obras públicas en el Perú padece de debilidades estructurales, las cuales se acentuaron mucho más con la pandemia y la crisis política.
En ese sentido, CAPECO recomienda adoptar un nuevo modelo de gestión de infraestructuras y equipamientos, tanto públicos como privados, que busque optimizar su eficiencia en todo el ciclo de vida, garantizando la sostenibilidad de las inversiones y reduciendo sensiblemente los espacios para la corrupción. Es clave resaltar tres puntos a mejorar con urgencia:
1.- Fortalecer el mecanismo de solución de controversias en obra mediante la puesta en marcha de las juntas de resolución de disputas (dispute boards), que ya fueron incorporadas a nuestra normativa de contratación pública, pero cuya adopción requiere de un compromiso mayor del Ministerio de Economía y del Organismo Superior de Contrataciones del Estado (OSCE), sobre todo en los casos de obras que no contemplaban este mecanismo, y de proyectos pequeños desarrollados especialmente por gobiernos regionales y locales. Para este último caso, una alternativa sería incorporar a los colegios de arquitectos o ingenieros dentro de este mecanismo.
2.- Sustituir el criterio de selección de contratistas de obras públicas basado en el menor precio por otro en el que se ponderen las propuestas económicas mediante metodologías como la del doble promedio, que asigna el máximo puntaje a la oferta más próxima al promedio de las ofertas admitidas, incluyendo el valor referencial de la obra establecido en las bases de licitación.
3.- Implementar, a través de COFIDE, programas excepcionales que permitan a contratistas de obras estatales superar las dificultades para la obtención de fianzas en el sistema financiero. Pueden constituirse fideicomisos para la gestión integral de obras y, en caso de proyectos pequeños, otorgarse garantías colaterales, encargando a COFIDE la administración de fondos. También sería factible restituir la constitución de un fondo de garantía como un mecanismo alternativo a las fianzas, mediante la retención de un porcentaje del monto de contratación hasta la finalización de las obras.
Lecciones de la Crisis Política
El actual presidente Sagasti señaló en su discurso de inauguración la necesidad de afrontar los retos del país a través de un amplio consenso social, teniendo como principal escenario el Acuerdo Nacional.
Desde hace varios años, CAPECO ha propuesto la necesidad de acordar una “Agenda País” a través del diálogo institucionalizado entre Sociedad y Estado. Este contrato social debe incluir estrategias específicas para el abordaje de tres grandes desafíos:
1.- La transformación de las ciudades peruanas en competitivas, inclusivas y articuladoras del territorio nacional.
2.- La reducción sustantiva de la informalidad y la ilegalidad en las actividades productivas y en las relaciones sociales, incluyendo las vinculadas a la ocupación de suelo y la edificación no formal.
3.- La modernización del Estado, comprendiendo en ella el cambio radical del modelo de gestión de infraestructuras y provisión de servicios públicos esenciales.
En el camino de iniciar este esfuerzo reformador en la actividad constructora, CAPECO ha propuesto siete iniciativas legislativas que siguen siendo vigentes:
– Aprobar una ley de gestión de infraestructuras y edificaciones públicas que reemplace a la actual norma de contrataciones estatales.
– Modificar la Ley del CEPLAN para fortalecer y descentralizar la planificación territorial.
– Aprobar una Ley de Desarrollo Urbano y Gestión de Suelo.
– Aprobar una Ley de Financiamiento Habitacional.
– Aprobar una Ley de Innovación e Investigación en la Construcción.
– Modificar la Ley de Tributación Municipal para mejorar la recaudación del impuesto predial.
– Modificar la Ley del Poder Ejecutivo para hacer obligatoria la constitución de Consejos Consultivos sectoriales.
